Por inacción en Paraguay llevan caso de genocidio Aché y otros crímenes de la dictadura a tribunales argentinos

Querellantes acuden a dicha jurisdicción por la falta de voluntad de investigación en Paraguay. Se basan en el principio de jurisdicción universal por delitos de genocidio y/o lesa humanidad. El mismo permitió perseguir a criminales de otras dictaduras de Latinoamérica, como el caso de Pinochet en Chile, a través de la Audiencia nacional española.

Los Aché fueron víctimas de una limpieza étnica durante la dictadura. Foto: Museo del Barro.

Un grupo de destacados defensores y defensoras de DDHH presentarán este martes al medio día en los Tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, una querella criminal contra el Terrorismo de Estado por las violaciones sufridas durante la dictadura estronista. Será en el Juzgado a cargo del Juez Claudio Banadío.

La presentación del caso se basa en el principio de jurisdicción universal por delitos de genocidio y/o lesa humanidad, en este caso, “cometidos por la dictadura paraguaya entre los años 1954 y 1989 contra la comunidad Aché, a través de asesinatos masivos, limpieza étnica y traslados a campos de concentración, secuestro de niños, venta de mano de obra esclava para trabajo y prostitución, y denegación de medicamentos, lo que conllevó el parcial exterminio de la comunidad Aché”, según dio a conocer María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias de Paraguay.

Delitos de lesa humanidad

Una de las querellantes es Margarita Mbywangi, indígena Aché que fue secuestrada siendo niña, después del asesinato de sus padres. La misma fue vendida como mano de obra esclava a una familia paraguaya.  Además, “la querella se centra en delitos contra la humanidad cometidos en ese mismo periodo dictatorial, principalmente detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, exilio forzado y otros crímenes como esclavitud sexual o trabajos forzados”, indicó.

Entre los querellantes se encuentran además: Virgilio Bareiro, Martín Almada, Celsa Ramírez, Carlos Ortellado, Carlos Luis Casabianca, Yudith Rolón, Santiago Rolón, entre otras víctimas.

Impunidad en Paraguay

“Los querellantes acuden ante la jurisdicción argentina ante la falta de voluntad investigadora en Paraguay. Muchas de las causas que estas personas presentaron llevan años, décadas en muchos casos (hasta 20 años) sin que la justicia paraguaya investigue los hechos y persiga a los responsables de los mismos”, señaló la también presidenta de la Fundación Celestina Pérez de Almada. “Una impunidad que se agrava con el hecho de que en 2008 la Comisión de Verdad y Justicia entregó su informe final, después de recoger más de 2.000 testimonios y analizar todas las pruebas documentales a las que tuvo acceso (como el Archivo del Terror o los documentos desclasificados del Procedimiento 1503 de Naciones Unidas). En dicho informe se determinaron 448 responsables de aquellos hechos, señalados por las víctimas y con documentación probatoria que demostraba su participación”, advirtió.

Según los denunciantes, desde 2008 la Fiscalía no ha actuado para perseguir a los responsables con base en las contundentes pruebas que contra ellos presentó la Comisión Verdad y Justicia.

“La impunidad reinante en Paraguay se traduce en el hecho de que muchos de esos responsables, vivos todavía a día de hoy, se pasean libremente por las calles del país sin que la Justicia los persiga por su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales que son imprescriptibles y pueden ser perseguidos por jurisdicción universal”, agregó María Stella Cáceres.

Jurisdicción universal

El principio de jurisdicción universal permitió perseguir a criminales de otras dictaduras de Latinoamérica, como los casos de Chile, Argentina y Guatemala, y su investigación desde la Audiencia Nacional española por la falta de voluntad investigadora en los países donde se habían cometido esos crímenes, conllevando órdenes de captura internacional contra muchos de esos responsables (entre ellos el propio Pinochet, la Junta Militar argentina, y múltiples policías, militares, jueces y civiles implicados).

“La jurisdicción universal es un mecanismo de lucha contra la impunidad que entiende que los crímenes contra la humanidad atentan contra toda la humanidad, por lo que son perseguibles por parte de cualquier tribunal de cualquier país, al margen de que los crímenes no se hayan cometido en su territorio, para acabar con la impunidad en los casos en que la jurisdicción territorial competente no persigue a los responsables”.

Desde el año 2006 Argentina ejerce la jurisdicción universal, lo que se ha traducido, por ejemplo, en la investigación de los crímenes cometidos en China contra la étnia Falun Gong, o los cometidos en España durante el Franquismo. Crímenes que no fueron cometidos en Argentina pero que, ante la impunidad reinante en esos países, habilitó la activación del mecanismo de jurisdicción universal de los tribunales argentinos.

En el caso de que la Justicia argentina admita a trámite la querella, podrían dictarse órdenes de captura internacional contra los responsables de aquellos crímenes que sigan vivos en Paraguay. “Una situación que pondría al país ante la disyuntiva de extraditarlos a Argentina para su juzgamiento o la necesidad de procesarlos en el país para evitar su envío a Argentina”.

Paraguay, condenado por la ONU

Este año el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado a Paraguay por no perseguir a los criminales de la dictadura y permitir que continúe la impunidad. Esto se hace evidente en lo referente a la falta de voluntad de identificar los cuerpos que siguen apareciendo en dependencias policiales y que se podrían corresponder con desaparecidos de la dictadura (incumpliendo así Paraguay sus obligaciones internacionales de cerrar el ciclo delictivo de los desaparecidos, investigar los restos, determinar la causa de su muerte y perseguir a los responsables), aseguró Cáceres.

Las víctimas esperan que los tribunales argentinos se declaren competentes por jurisdicción universal “para investigar unos hechos que no encuentran voluntad real y efectiva de investigación en Paraguay, ya que es la última oportunidad de que los responsables que siguen vivos paguen por los crímenes cometidos”.

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