Políticas de Seguridad y Derechos Humanos en el Gobierno de Fernando Lugo


La dictadura de Stroessner construyó un sistema de seguridad basado en el terrorismo de Estado.

La sensación de seguridad que se tenía estaba sustentada no sólo en la violencia legal aunque ilegítima, ejercida principalmente por la policía hacia los supuestos delincuentes, sino también tenía sustento en la educación impartida por parte del Gobierno desde donde se legitimaba el uso de la violencia (violencia que incluía detenciones ilegales, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales) como mecanismo de combate a la delincuencia. En este periodo ser crítico al gobierno o activar en una organización o partido que cuestionaba al gobierno, se consideraba ser delincuente o comunista. Por este motivo, la persecución a dirigentes de partidos opositores, o a dirigentes de movimientos sociales y de derechos humanos era una práctica cotidiana que no solo servía para amedrentar o amenazar a la persona afectada, sino también a la población

Toda esta práctica de “mano dura” era reforzada por un sistema educativo que no sólo reproducía y avalaba en términos teóricos la práctica del uso de esta violencia, sino que además lo reproducía en sus aulas. Así se logró construir una estructura mental colectiva acerca de la “forma ideal” de gobierno y esa forma era la utilización de la violencia física y mental hacia quienes cuestionen el status quo. En las escuelas y en los colegios se enseñaba de manera formal e informal, que el Presidente Stroessner llevaba adelante un gobierno ejemplar gracias a que no toleraba cuestionamientos a sus políticas y su “forma de gobernar”. Cada persona egresaba del colegio o la escuela pensando que el castigo físico “educa”, y que lo que hacía la policía de Stroessner era “educar”.

Cuando empieza la transición, las reformas que se realizan a nivel estatal, antes que promover cambios reales en el funcionamiento del estado, lo que hacen es perpetuar el funcionamiento que tenía en la dictadura con una fachada democrática. El estado heredado por el gobierno de Fernando Lugo, es un estado que necesita una reforma estructural completa. Por tanto el trabajo que tiene por delante el gobierno, en lo que le queda de tiempo, es un trabajo arduo de reestructuración estatal, así como de reeducación, principalmente del funcionariado público para un mejor funcionamiento del gobierno en todos sus aspectos, especialmente en materia de derechos humanos. En cambio, desde su asunción hasta la fecha, este trabajo ha sido relegado a un segundo plano, principalmente desde el Ministerio del Interior (MI).

EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LOS DERECHOS HUMANOS
La labor del MI de manos del ministro Rafael Filizzola ha dado mucho que desear en materia de derechos humanos. La política de mano dura ha sido una constante en el gobierno de Fernando Lugo desde su asunción al poder. El 29 de septiembre de 2008 se firma un acuerdo entre el gobierno paraguayo y el gobierno colombiano en materia de seguridad. Recurrir a la Policía colombiana para el fortalecimiento en materia de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos resulta contradictorio, tal cual lo afirma el abogado Juan Martens, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY):
Se prevé que el Departamento de Administración de Seguridad (DAS), la Inteligencia colombiana, brinde asesoría a la paraguaya. El DAS viene siendo acusado por varios tipos de hechos punibles, particularmente contra defensores y defensoras de derechos humanos (MARTENS, 2009:105-117) Como señala Ana Esther Cedeña1, el Plan Colombia lo debemos entender como un intento de militarización del continente desde donde el capitalismo funciona sobre la base de la violencia y la agresión, con una política militarista. Como veremos a continuación este intento de militarización se da en la práctica en el caso de Paraguay.

A pocos meses de haberse firmado este acuerdo, se produce la militarización de la zona norte del país como consecuencia de la quema de una caseta militar ubicada dentro de una propiedad privada en Tacuatí, departamento de San Pedro en Diciembre del 2008, y de una fuerte presión ejercida por los medios de comunicación. Esta operación conocida como Operativo Jerovia2 tenía como fin la detención de los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo armado al margen de la ley que fueron señalados como autores en las publicaciones de los medios. Al final del operativo que duró aproximadamente dos meses no fue detenido un solo miembro del EPP, sin embargo los derechos de los pobladores la zona fueron violentados por los agentes asignados en el operativo (militares y policías). Las denuncias recibida por la CODEHUPY hacen referencia a detenciones ilegales, controles arbitrarios de los hogares y hostigamientos sexuales a mujeres, así como amenazas de muerte a dirigentes de la zona.

Las detenciones ilegales a dirigentes sociales, principalmente de la zona norte del país, con un gran caudal de movimientos campesino y sin tierras que reclaman derechos básicos, así como represión brutal e ilegal a manifestantes fueron también constantes heredadas y en continua reproducción por parte de las fuerzas policiales. Inclusive los defensores de derechos humanos han sufrido hostigamientos por las denuncias de violación de los derechos por parte de
policías y militares3. Todos estos hechos han sido denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. En esta denuncia se incluye palabras que fueron interpretadas como amenaza del ministro de Interior a defensores de derechos humanos.
A todo esto podemos agregar la fuerte presión de parte de la prensa, principalmente escrita como el diario ABC Color, en contra de la CODEHUPY4. Este medio escrito, conocido por sus constantes ataques a cualquier tipo de proyecto social que pueda llevarse a cabo y que constantemente no solo ataca, sino que también tergiversa las noticias relacionadas a proyectos de cambio, es un actor sumamente importante en la formación de la opinión pública en Paraguay, lo que permite a los sectores conservadores construir una opinión pública favorable a sus intereses. Con todos estos hechos, podemos afirmar que no se trata solo de una estructura heredada del stronismo y de los gobiernos que se sucedieron en la transición, sino que también la política de seguridad tiene una tendencia de utilizar la “mano dura” y a no respetar los derechos de las personas en los operativos y registros “de rutina” llevadas a cabo principalmente por la Policía Nacional. Es importante recalcar que estas prácticas no son resultados de estudios o estrategias locales, sino que son algunas con heredadas y otras importadas, como por ej. El Plan Colombia.

“En su discurso y en su práctica el MI ha priorizado una política represiva, en vez de preventiva, que llega incluso a la criminalización de las luchas sociales como los gobiernos anteriores”5. A esto podemos agregar declaraciones del presidente Lugo donde afirma que la muerte de Severiano Martínez, supuesto miembro del EPP, es un objetivo largamente esperado por el gobierno6.
La excusa del EPP da pie a todo tipo de violación a los derechos humanos, no sólo en el campo, sino también en la ciudad. Con ayuda de la prensa, toda persona que se proclame de izquierda o enarbole la bandera del progresismo, es identificada automáticamente con el grupo armado. Esto es reforzado por la policía que tanto en el campo como en la ciudad, realizan detenciones y registros a personas basándose en prejuicios morales, políticos y de clase. Por ej., inclusive hoy día a una persona con barba y pelo largo, con una remera del “Che”, o que tenga algún comportamiento que indique una orientación no heterosexual es criminalizada. Es decir, nos da la sensación de que estamos nuevamente ante elementos propios de una dictadura con una política anticomunista como en los 70’ u 80’.

Por último y no menos importante, pero si mas invisibilizados, están los atropellos a travestis y trabajadoras del sexo por su “forma inmoral de vida”7. Estos casos no son denunciados por la prensa debido a la la fuerte carga moral que tienen los medios. Las travestis, las trabajadoras del sexo, e inclusive gays y lesbianas, son también víctimas de detenciones ilegales, insultos, y vejaciones porparte de policías. En el caso de las travestis y trabajadoras del sexo son también víctimas de extorsión para poder trabajar libremente.

Para ir concluyendo el artículo, podemos citar a Xabier Etxeberría para afirmar que la seguridad puede definirse como el disfrute garantizado y estable de los derechos fundamentales y de los bienes básicos (Etxeberría, 2005: en http://www.pensamientocritico.org/xabetx1205.htm :12/11/10). Sin estas garantías no podremos construir una sociedad democrática. Sin la garantía del acceso a nuestros derechos fundamentales (teniendo presente que los derechos poseen un carácter integral, carácter de interdependencia, lo cual quiere decir que si un derecho humano es violado, los demás también lo son) ningún gobierno podrá gobernar con legitimidad que le permita realizar cambios estructurales en la sociedad. Si los derechos fundamentales de las personas siguen siendo violados por parte de las fuerzas de seguridad en nombre de la lucha contra el terrorismo, o simplemente contra la delincuencia, el gobierno de Lugo seguirá el mismo camino que los gobiernos anteriores, es decir, terminará dando continuidad a una estructura heredada de la dictadura con nuevos enfoques o nuevas estrategias con un supuesto carácter democrático, lo cual podría implicar hasta un retroceso en la construcción de una sociedad paraguaya democrática.
Si el gobierno, en primer lugar, no asume realmente las violaciones de derechos realizadas por agentes militares y policiales hacia campesinos y campesinas, dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, gays, lesbianas, travestis y trabajadoras del sexo, y en segundo lugar no investiga las denuncias por violaciones de parte de policías y militares y procesa a los culpables, la impunidad seguirá siendo un obstáculo para el proceso de cambio que se intenta construir.

1 Base Investigaciones Sociales, 2010,“La expansión del Plan Colombia y la remilitarización del continente”, en Revista Acción, núm. 308, Asunción, 15-19.
2 Palabra del guaraní que en castellano sería confianza. En este caso se interpreta como “para que confíen en nosotros”
3 http://www.abc.com.py/nota/codehupy-denuncia-hostigamiento-a-defensores-de-derechos-humanos-en-paraguay
4 http://www.abc.com.py/nota/derechos-humanos-privilegios-de-los-criminales/
5 Gonzalez, Ignacio, 2010, “Paraguay en la disyuntiva del cambio”, en Contexto Latinoamericano, num. 12, México, 36-45.
6 CODEHUPY, 2010, Solicitud de audiencia reservada. En: http://www.codehupy.org/attachments/074_PEDIDO%20DE%20AUDIENCIA%20CIDH.pdf
7 Orrego, Roque, 2009, Personas travestis, trabajadoras sexuales y empobrecidas son las principales víctimas, CODEHUPY, Derechos humanos en Paraguay 2009, Asunción. 131-141

Bibliografía Base Investigaciones Sociales, 2010,“La expansión del Plan Colombia y la remilitarización del continente”, en Revista Acción, núm. 308, Asunción, 15-19.
CODEHUPY, 2010, Solicitud de audiencia reservada. En: http://www.codehupy.org/attachments/074_PEDIDO%20DE%20AUDIENCIA%20CIDH.pdf Etxeberría, Xabier. El derecho a la seguridad; en el Correo, 10 de Diciembre de 2005. En www.pensamientocritico.org/xabetx1205.htm
González, Ignacio, 2010, “Paraguay en la disyuntiva del cambio”, en Contexto Latinoamericano, núm. 12, México, 36-45. Martens, Juan. Discurso democrático en el Ministerio del Interior, continuas prácticas abusivas en la Policía Nacional en Derechos Humanos en Paraguay 2009. Asunción, 105-117 Orrego, Roque, 2009, Personas travestis, trabajadoras sexuales y empobrecidas son las principales víctimas, en Derechos humanos en Paraguay 2009, Asunción. 131-141

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