Policías torturaron y asesinaron a sobrevivientes de la masacre de Curuguaty, según Codehupy

“Existen numerosos elementos de convicción que señalarían la posible responsabilidad de funcionarios públicos en la privación arbitraria de la vida de al menos siete de las víctimas fatales civiles”, refiere un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Fueron asesinados 11 campesinos en la matanza de Curuguaty, el 15 de junio de 2012.

El Informe Ejecutivo de Codehupy da cuenta que los campesinos sin tierra fueron torturados y algunos ejecutados luego de haber sido heridos.

Presentaron rastros de ejecución: Avelino Espínola, Adolfo Castro, Andrés Avelino Riveros, Luciano Ortega Mora, Delfín Duarte, Francisco Ayala y Fermín Paredes González. La Coordinadora recogió testimonios y examinó evidencias que le llevan a concluir que unas nueve (9) personas detenidas en el operativo fueron torturadas o, al menos, víctimas de tratos crueles e inhumanos por agentes de la Policía; los hechos citados se dieron en la Comisaría 5ª de Curuguaty.

“En algunos casos, los testimonios y las observaciones del médico forense asentadas en la carpeta fiscal indicarían que estas ejecuciones arbitrarias se cometieron como actos de venganza perpetrados por agentes policiales sobre civiles que estaban heridos o que se habían entregado”, señala el documento dado a conocer por Codehupy.

“En algunos casos, incluso, la Policía habría torturado a las personas heridas, antes de permitir su evacuación. El rescate y la atención médica de las instituciones y servicios públicos priorizaron a los policías heridos, sin brindar un tratamiento igualitario a los y las civiles que se encontraban en las mismas condiciones y riesgos”, refiere la organización y agrega que el 15 de junio la Policía detuvo arbitrariamente a por lo menos tres personas, que ni siquiera fueron parte de la ocupación campesina.

Textual: Informe de Codehupy

La organización campesina reclamaba, por la vía legal, la recuperación para los fines de la reforma agraria de un inmueble de 2000 hectáreas, que había sido donado por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa), en 1967, al Estado paraguayo para el asiento de un destacamento de la Armada. La transferencia por escritura pública del inmueble donado nunca fue realizada. Aunque existen numerosos antecedentes administrativos e intercambio de correspondencia entre la Armada Nacional, Lipsa y la Escribanía Mayor de Gobierno durante los años 1982, 1992 y 1994, solicitando envío de documentos y designación de profesionales para la realización de la mensura judicial, la Armada Paraguaya no inscribió el título de propiedad sobre el inmueble en los Registros Públicos.

No obstante la falta de título, el inmueble estuvo efectivamente ocupado por un destacamento de suboficiales y conscriptos de la Armada Paraguaya denominado “Destacamento Naval Agropecuario Km 35 Curuguaty”, según consta en la documentación administrativa de dicha fuerza naval. La ocupación por parte del destacamento fue ininterrumpida desde finales de 1967 hasta finales de 1999, siendo desocupado a partir de esa fecha por presentar problemas logísticos. La toponimia popular denomina a estas tierras Marina Cué debido a este hecho3.

A lo largo de los ocho años que demoró, y sigue demorando hasta ahora, la gestión administrativa por la recuperación de las tierras de Marina Cué, la organización campesina había realizado siete ocupaciones de las tierras desde el inicio de las gestiones de lucha por las mismas. Las ocupaciones se dieron como estrategia para indicar que Marina Cué era propiedad estatal destinada a la reforma agraria y que las y los ocupantes eran los beneficiarios que estaban gestionando las mismas. Las ocupaciones eran siempre pacíficas, por lo que nunca se acompañaban de acciones violentas ni agresiones. En el fondo había una conciencia clara de que se trataba de tierras del Estado y, en consecuencia, no podían ser reclamadas sino para la reforma agraria. En segundo lugar, al haber un desalojo, las y los ocupantes siempre resolvían retirarse de las tierras de forma pacífica y negociada con las autoridades.

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