Pobladores de San Bernardino afrontarán juicio oral por denunciar irregularidades en el municipio

El intendente de San Bernardino, escribano Ramón “Tati” Zubizarreta, demandó por difamación, injuria y calumnia a nueve ciudadanos que denunciaron la venta ilegal de una playa municipal y la existencia de un vertedero clandestino operado por la propia municipalidad. Zubizarreta exige 3.000 millones de guaraníes como compensación, además de dos años de cárcel para los acusados.

El escribano Ramón “Tati” Zubizarreta, intendente de San Bernardino. Foto: radiotvsanmiguel.com.

Este viernes se inicia el juicio oral contra Vicente Méndez Pérez y Aldo Méndez Pérez, pobladores de la compañía Heriberta Matiauda, además de Luis Ramón Aquino Escobar, Blas Antonio Barboza Dávalos, Mirtha Elizabeth Aquino de Paiva, Américo Fleitas Soto, Jorge Amado Villalba Zaracho, Catalino Agüero Ruiz e Ireneo Agüero Ruiz. Los citados fueron acusados por el intendente Zubizarreta por difamación, injuria y calumnia, exigiendo como reparación la suma de 3.000 millones de guaraníes y dos años de cárcel.

Entre otras irregularidades, los pobladores habían denunciado y se manifestaron contra la venta de más de 3 hectáreas de un aérea protegida por un valor  de 600 millones de guaraníes  al exfiscal Pedro Ovelar y al empresario de estaciones de servicios Luis Ortega.

En efecto, la resolución 46/13 de la Junta Municipal, de fecha 24 de enero de 2013, por la cual se concretó la operación, respondió a un pedido realizado por el intendente Zubizarreta el 18 de enero del corriente  en que solicita la realización de gestiones de mensura, venta y transferencia del excedente fiscal ubicado en la compañía Heriberta Matiauda de San Bernardino.

Según el intendente Zubizzarreta, la venta de la playa municipal se realizó conforme a la Ley orgánica municipal, que establece que los bienes municipales de dominio público son intransferibles.

En apenas seis días el jefe comunal obtuvo una resolución favorable de la Junta para la venta del inmueble fundamentándose en el artículo 36 inc. d) de la Ley 3966/10 “orgánica Municipal” que autoriza a la Junta a aprobar la enajenación de bienes del dominio privado municipal. Sin embargo, la propiedad en cuestión se trata de un bien de dominio público y según la ley orgánica municipal, en su artículo 135, “los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por su naturaleza, no tendrán una estimación monetaria y consecuentemente no figurarán en el activo contable municipal, aunque debe ser objeto de documentación y registro en la municipalidad”.

A pesar de ello, la Junta interpretó que la playa constituye un bien municipal de dominio privado, por lo que en tiempo récord autorizó al “intendente municipal a gestionar la mensura, venta y transferencia del bien inmueble (excedente municipal) ubicada en la compañía Heriberta Matiauda y a establecer el precio a terceros en la suma de 17.000 por m2 (guaraníes diez y siete mil por metros cuadrados), vigente según decreto reglamentario citado en el exordio de la presente Resolución y conforme a los procedimientos legales de rigor”, según consta en la resolución.

Además de ello, también el Indert vendió unas 2,5 hectáreas del mismo campo comunal durante la administración de Luis Ortigoza.

Asimismo, los pobladores habían denunciado la existencia de un vertedero clandestino operado por la propia municipalidad, según se registró en varias fotografías en que se observa a un camión municipal descargando los desechos. El vertedero se encuentra cerca de una naciente que provee de agua a las poblaciones circundantes.

Aldo Méndez, uno de los denunciados y activista de la organización ecologista Taguató, señaló que el proceso fue impulsado en tiempo récord, ya que el pasado 6 de noviembre se realizó la audiencia de conciliación, el 13 se derivó la causa a juicio y el 28 del mismo mes les llegó la notificación sobre el inicio. A su vez, apenas días después, este viernes 6 de diciembre se realiza la primera jornada del juicio contra los ciudadanos.

Sin embargo, hasta ahora no se resolvió una recusación presentada contra el juez por haber validado medios probatorios nulos, como copias simples de documentos sin autenticar, panfletos anónimos y posteos en las redes sociales.

Méndez también dijo que la suma exigida por el intendente como compensación será imposible de enfrentar, ya que los demandados son ciudadanos corrientes como estudiantes, amas de casa, albañiles y mecánicos.

Al ser consultado al momento de entablar la demanda, el intendente Zubizarreta había dicho que la medida fue entablada solo para “aclarar” las cosas, aunque ahora exige una suma millonaria como compensación por supuesto daño de su imagen. “El inmueble municipal que vendimos se hizo con todos los recaudos legales. Esta demanda es al solo efecto de aclarar las cosas. Que muestren los papeles, las escrituras de ventas de propiedad. Yo cumplí con todo lo que dice la ley. La ley orgánica municipal prevé cómo se venden las cosas. Nosotros no hicimos nada fuera de la ley. Seguimos a rajatabla lo que dice la ley”, había asegurado.

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