Pobladores de Colonia Yerutí accionan legalmente contra entes públicos responsables de la política de bienestar rural

Jueza admite como procedente amparo promovido por pobladores de Colonia Yerutí, contra entes públicos responsables de la política de bienestar rural

Por Milena Pereira de Bases Investigaciones sociales.

La acción de amparo constitucional fue presentada el viernes 14 de enero resultando competente la Juez Penal de Garantías de Capital MARÍA GRISELDA CABALLERO, quien la ha admitido y ha corrido traslado a los titulares del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, INDERT, SENAVE y SEAM para que presenten los informes correspondientes en el plazo de 3 días

Ubicación y población

La colonia Yerutí se encuentra ubicada en el departamento de Canindeyú, veinte kilómetros al sureste de la ciudad de Curuguaty y diez kilómetros al sur de la ruta nacional N° 10 que conduce a Salto del Guairá. Esta comunidad de familias campesinas se halla inserta en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio en los últimos años en el Paraguay. La misma se conformó a comienzos de la década de 1990 y es una muestra patente de lo que ha venido siendo la política de colonización del IBR, luego INDERT, denominada de “reforma agraria”, pero que en realidad se ha limitado en este caso a la venta de lotes a familias campesinas en un lugar inaccesible, sin generar ningún tipo de condición para que las mismas puedan desarrollarse.

Según estiman los pobladores/as existirían en la actualidad unas cuatrocientas personas, de las cuales cerca de la mitad son niñas/os.

Cirilo Ojeda, Norma Portillo y Julián Marín, accionantes del Amparo. En la fotografía tomada el 13 de enero de 2011 pueden verse plantaciones de soja hasta el borde del camino, sin barreras ambientales, ya casi entrando en la segunda línea de Yerutí

La colonia se encuentra rodeada por grandes propiedades que en los últimos siete años se han convertido de la producción ganadera a la agricultura mecanizada. En el extremo sur de la 2ª línea de la comunidad, donde viven la mayoría de los afectados en su salud en los últimos días, las chacras y viviendas quedan sitiadas entre dos latifundios pertenecientes a empresarios de nacionalidad brasileña dedicados a la producción mecanizada: la “Estancia Rivero Kue” y la “Estancia Cóndor”.

La extensión de las dos estancias forma una planicie continua de casi 10 mil hectáreas de soja, requiriendo aplicaciones constantes de varios cócteles químicos. Al norte, la mayoría de las tierras dedicadas a la producción  sojera corresponden a la “Estancia Kajave” de unas 3.600 ha. que pertenecerían a Oscar Pérez Samaniego, ex bancario procesado por la defraudación cometida con otros directivos en el vaciamiento de una entidad financiera.1 Las otras tierras al norte y noreste, de 200 y 300 ha., pertenecen a distintos dueños de nacionalidad brasileña y paraguaya. Al este se ubican grandes y medianas propiedades explotadas por productores brasileños y, al sur de estos, la colonia linda con la “Reserva Natural Campos Morombí”, cuyas 25 mil ha. son propiedad privada del empresario y ex-senador del Partido Colorado Blas N. Riquelme.

Situación de las familias pobladoras

Por el intenso proceso de expulsión y migración que ha sufrido la comunidad en los últimos años, sobre todo de quienes vivían en la segunda línea, los lotes ocupados por familias no llegarían en el presente a sesenta. El proceso de expulsión forzada se acentuó por las fumigaciones con agrotóxicos en las explotaciones colindantes y sus efectos nocivos para la salud, para la sostenibilidad económica

Caso Multibanco, año 2003.

De los hogares por el perjuicio a los cultivos familiares y la muerte de animales de cría, así como la contaminación de los cursos de agua de los que se proveía la comunidad.

Sentir el olor del veneno en el aire, encontrar peces muertos en los arroyos donde los habitantes pescan y se bañan, y ver sus cultivos secarse en la chacra por efecto de plaguicidas ajenos son eventos que se vuelven parte de la cotidianidad de las familias de Yerutí. En la Estancía Rivero Kue, más de 4000 mil hectáreas de monte han sido tumbados con topadoras para expandir la plantación de soja. Ante la codicia por más hectáreas cultivables, los esterales han sido drenados, eliminando los filtros naturales que protegían la pureza de los arroyos que atraviesan la comunidad.

Dentro de la misma colonia se encuentra avanzando el monocultivo de soja. Abandonadas por el Estado, las familias -hartas de vivir sin transporte público que las saque a la ruta, sin un colegio para educar a sus hijos e hijas, sin dónde vender los productos de sus chacras para proveerse con un ingreso mínimo- venden sus tierras a los únicos que pueden pagarlas, personas de nacionalidad brasileña, quienes lote por lote van tomando la comunidad y sembrándola con soja. Solo tomando la segunda línea, más de 15 Lotes están en manos de brasileños, los cuales no son beneficiarios del Estatuto Agrario.

Preocupados por la situación, miembros de la comunidad denunciaron ante la fiscalía hace dos años a los que producían soja dentro de la colonia. Después de constatar que quienes cultivaban soja estaban en falta, la fiscala no prosiguió con la investigación y –como es regla en esta zona- dejó morir el caso. Hoy, en la fiscalía de Curuguaty, aunque tienen un registro de la denuncia, no se encuentra dicha carpeta fiscal por ningún lado. En esta fiscalía, cuando se trata de reclamos campesinos, y más aún, cuando se trata de denuncias en contra de sojeros, las cosas suelen perderse. Mientras tanto, los denunciantes reciben amenazas e intimidaciones, y la gente tiene miedo de hablar en contra de los responsables de cultivar soja de modo ilegal, por el total desamparo en el que subsisten.

Enfermedades y muerte

El 6 de enero de 2011 RUBÉN PORTILLO CÁCERES de 29 años, quien vivía con su familia en la última vivienda de la segunda línea de la Colonia Yerutí, falleció luego de sufrir un cuadro de fiebre, vómitos, diarrea. Semanas antes de su muerte le habían aparecido en la boca, rostro y en los dedos granos que supuraban. El 6 de enero por la mañana fue llevado al puesto de salud de la colonia porque se sentía muy mal. Allí le aplicaron un medicamento, pero no mejoró y lo trajeron luego de unas horas porque sentía muy baja la presión, ante lo cual el enfermero le dijo que tomara miel para que le suba rápidamente. A la tardecita ya estaba muy pálido y no podía pararse, por lo que la familia pagó cien
mil guaraníes a un vecino brasileño que posee vehículo para que lo trasladara de urgencia al hospital de Curuguaty; falleciendo en el camino luego de un shock.

La casa de Rubén carecía de suministro de agua corriente y él y su familia se abastecían de un pozo existente en su vivienda. Entre el 8 y el 13 de enero de 2011, veintidós personas de la comunidad requirieron de atención médica por presentar síntomas similares. De la familia de Rubén, su hijo de dos años fue atendido en fecha 8 de enero, y luego requirieron internación Isabel Bordón, su compañera, y Hermenegilda Cáceres, su madre. Todas estas personas tuvieron que atravesar más de 40 km para llegar a la ciudad. Sin transporte público y ni siquiera una ambulancia que les pueda llevar, dependen de la voluntad de vecinos para poder salir de la comunidad. Atraviesan caminos de tierra destruidos, intransitables bajo la lluvia, bordeados hasta el límite por miles y miles de hectáreas de sojales sinbarreras, llenos de tóxicos.

Durante los últimos dos días hileras de camionetas de la fiscalía, del SENAVE, de la SEAM, del Ministerio de Salud entraron y salieron de la comunidad. Llamadas de la prensa bombardearon a la dirección del hospital y a los parientes de las víctimas. «Por qué tuvo que haber una muerte para que ustedes vengan acá cuando nosotros estamos acá comiendo mierda todos los días, respirando veneno? Por qué nunca vinieron antes?» Así demandó Norma Portillo Cáceres a un funcionario del SENAVE, con toda la rabia de una mujer que en el espacio de una semana perdió a su único hermano y vio a su madre, su cuñada y su hija adoptiva ser llevadas al hospital.

Denuncia Penal por Homicidio

Sulma Portillo, hermana de Rubén Portillo, quien desde hace cinco años trabaja como empleada doméstica en Madrid, España, viajó de inmediato al país al enterarse de la muerte de su hermano y de las circunstancias en que se produjo. En nombre de su familia, presentó denuncia ante la Fiscalía Penal de Curuguaty por Homicidio, atendiendo que de oficio el fiscal interviniente MIGUEL ANGEL ROJAS sólo había abierto una causa por “Supuesto hecho punible de transgresión de las normas ambientales –intoxicación”.

Habría bastado que dicho agente, de pésimos antecedentes, se constituyera en la colonia para constatar la flagrante comisión de todo tipo de delitos ambientales y penales, lo que obliga a las autoridades jurisdiccionales a suspender las explotaciones agrícolas ilegales. Pero, ni existiendo un fallecido y decenas de personas afectadas se logró siquiera este mínimo paso. La denuncia por homicidio implica que el agente fiscal debe no sólo constatar lo evidente –la violación de leyes ambientales-, sino investigar la relación entre la muerte de Rubén Portillo y la exposición crónica de esta persona desde hace cuatro años a fumigaciones sin barreras, y a aguas, suelos y alimentos contaminados.

Acción de Amparo contra entes responsables de la política agraria

Las enfermedades que padecen los pobladores/as de Yerutí tienen su origen en la falta de cumplimiento de los órganos del Estado de sus obligaciones de protección. Gran parte de la responsabilidad de esta situación de vulneración masiva y grave de derechos, con la muerte incluso de una persona, le corresponde a los Fiscales Penales de Curuguaty, en especial, a los “especializados en delitos ambientales” por la absoluta falta de cumplimiento de sus funciones ante los delitos que se cometen impunemente y en forma continua en toda la zona.

Sin embargo, por los límites de procedencia previstos para el amparo en la Constitución Nacional, la acción ha sido promovida contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INDERT, el SENAVE y la SEAM. Los accionantes son NORMA PORTILLO, hermana de Rubén Portillo; JULIÁN MARÍN Y CIRILO OJEDA, pobladores de la Colonia Yerutí, con el patrocinio jurídico de Milena Pereira, abogada de la organización internacional de Derechos Humanos FIAN Foodfirst Information & Action Network, Grupo Paraguay.

Conforme a las respectivas leyes que reglamentan sus funciones, el MAG es responsable de la política agraria, de desarrollo rural y de promoción de las condiciones que posibiliten el arraigo de las comunidades rurales; el INDERT es corresponsable con el MAG de las políticas de bienestar rural y de arraigo, además de tener que ejercer el control de la situación jurídica y real de los lotes de las colonias sujetas al Estatuto Agrario; la SEAM es responsable del otorgamiento de las licencias ambientales a las explotaciones agrícolas y de controlar que las mismas cuenten con dichas licencias, así como también que se cumplan los planes de gestión ambiental que el ente haya prescrito; el SENAVE es responsable del control de las barreras ambientales y franjas de seguridad exigidas por la ley; así como del control del modo en que se realizan las fumigaciones aéreas.

A lo largo de los años han existido omisiones ilegítimas de estos entes públicos, los cuales no han hecho cumplir a los responsables de las explotaciones agrícolas con las normas ambientales vigentes, incluyendo el control del cumplimiento de los planes de gestión ambiental que hubieran otorgado; tampoco se ha controlado la situación de la tenencia y propiedad de los lotes dentro de la colonia que están siendo empleados para la producción sojera con agrotóxicos.

En el amparo presentado se afirma que:

Es urgente el amparo jurisdiccional, pues se requiere la inmediata constitución de las autoridades competentes del SENAVE, SEAM, MAG, INDERT en la colonia Yerutí, para que realicen todas las acciones de protección y control a las cuales las leyes les facultan y obligan.

No existe otro medio reparador por la necesidad urgente de que dichas instituciones cumplan sus obligaciones, tomen las medidas que corresponden y coordinen sus acciones en vistas a proteger del modo más eficaz los derechos de las familias afectadas.

Será muy grave el daño que se cometerá si no se procede al amparo de esta comunidad y se permite no sólo que sigan contaminando sus recursos naturales y exponiendo a las personas a las fumigaciones; sino que los entes administrativos y ejecutivos competentes puedan seguir con sus omisiones de aplicación de las leyes, en claro perjuicio de los derechos humanos de quienes viven en la colonia Yerutí. Si siguen dándose deterioros a la salud, incluso muertes, no habrá forma de reparo hacia las familias, como ya no la existe con la vida de Rubén Portillo, hermano de una de las accionantes.

Lo que se demanda y peticiona en el amparo es que el juzgado ordene al MAG, INDERT, SENAVE y SEAM la inmediata coordinación interinstitucional, realización y promoción de las acciones necesarias para proteger los derechos de las personas que viven en la colonia Yerutí, y que en virtud de las normas jurídicas reglamentarias estos entes están facultados y obligados a realizar.

La Juez MARÍA GRISELDA CABALLERO, luego de recibir los informes de las instituciones públicas, deberá dictar sentencia en el transcurso de la próxima semana.

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