Pidieron informe sobre arrocera de Zuccolillo en interpelación a ministra de la Seam

Los diputados Karina Rodríguez y Tomás Rivas exigieron información sobre el establecimiento Vanguardia S.A., que bombea agua del Yhaguy sin licencia ambiental. Es propiedad del director de Abc Color. Se “cajonean” intervenciones de acuerdo a quien sea el dueño, reclamó Rivas. Cristina Morales defendió además la cacería del teju.

Dijo que hubo un error en el convenio con Guyra Paraguay.

Interpelación a la ministra de la Seam. Foto: Seam.

Interpelación a la ministra de la Seam. Foto: Seam.

La Cámara de Diputados interpeló ayer en sesión extraordinaria a la ministra de la Secretaría del Ambiente (SEAM), María Cristina Morales. El cuestionario constó de 42 preguntas y fue respondido por la secretaría estatal durante unas tres horas, aproximadamente. Posteriormente, los legisladores solicitaron varias aclaraciones y añadieron cuestionamientos. Varios expresaron no haber quedado satisfechos, tras la jornada.

Tras la culminación del cuestionario de preguntas, además de solicitar una aclaración sobre las denuncias de la violación de decretos y mandatos de protección a indígenas aislados por parte de la institución que preside, solicitó información sobre el Establecimiento Agropecuario Vanguardia S.A., empresa dedicada al rubro del arroz y la ganadería, que bombea y desvía agua del río Yhaguy para un canal privado agua del río en la zona de Arroyos y Esteros. La misma ya fue intervenida por la Seam y pese a no contar con licencia ambiental siguió operando. Dicho curso hídrico habría llegado a un nivel crítico al igual que el Tebicuary, debido a sobre explotación de los establecimientos productores de arroz.

La ministra Morales dijo desconocer la situación, y que solicitaría a la asesoría jurídica de la Seam que les remita un informe a los diputados.

El diputado Tomás Rivas (ANR-Paraguarí), recalcó luego el pedido de informe sobre el tema, aseguró que le llegaron varias informaciones respecto al “impacto ambiental por el uso inmisericorde del Yhaguy y producen daños imposibles de reparar”. El legislador lamentó que se “cajonean” intervenciones de acuerdo a quien sea el dueño, haciendo alusión al director del diario Abc Color y al grupo empresarial Zuccolillo.  “Señora ministra, ¿a la empresa Agrícola Vanguardia ha enviado a funcionarios para realizar intervenciones in situ?, ¿cuáles son las razones que impidieron si no fue así?”. Finalmente, fue más tajante al momento de señalar que «la ministra es incapaz de estar al frente de la SEAM y debería presentar su renuncia».

La ministra no volvió a dar respuesta al tema de Vanguardia S.A.

La Seam intervino la arrocera de Zuccolillo en Arroyos y Esteros, en 2011 y 2012. Detectaron que empezó a funcionar sin licencia ambiental y que desvió el arroyo Peguahó para un canal privado. Siguió igual con sus actividades e incluso abrió otro canal desviando el Yhaguy, que llegó a niveles críticos. Pobladores de la zona presentaron una denuncia en fiscalía por el daño ambiental que ocasionaría.

La situación que sufre el Yhaguy con las arroceras es similiar al caso del Tebicuary, donde la Seam había suspendido a varios establecimientos. En la interpelación dijo que de 12 establecimientos solo 2 tenían licencia. El Yhaguy sin embargo no mereció intervenciones similares en este periodo.

Interpelación

Los motores que bombean agua del Yhaguy al establecimiento de Zuccolillo, según la denuncia.

Los motores que bombean agua del Yhaguy al establecimiento de Zuccolillo, según la denuncia.

Los aspectos más cuestionados guardaron relación, principalmente, con la resolución por la cual se dispuso la caza del tejú guasú; el convenio establecido con la ONG «Guyra Paraguay»; la violación de las leyes de protección a indígenas ailsados y la explotación del río Tebicuary por parte de arroceros.

Algunos legisladores, como Olga Ferreira (Independiente-Capital); Amado Florentín (PLRA-Cordillera); Karina Rodríguez (AP-Capital); y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), coincidieron en señalar «la falta de precisión e información», por parte de la Ministra de la SEAM, con respecto a muchos puntos que formaron parte del cuestionario.

El diputado Dionisio Amarilla (PLRA-Central), calificó de «tomadura de pelo», en otro momento, las repuestas de la Secretaria – Ministra. Señaló que lo esgrimido por la misma fue, por lo general, poco claro.

«La institución tiene muchas cosas que corregir. Existen demasiados errores que generan desconfianza», concluyó la diputada Olga Ferreira de López (Independiente-Capital), quien, cabe recordar, fue una de las impulsoras de la interpelación.

Coincidieron con esas apreciaciones, los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA- San Pedro), y Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá).

Los parlamentarios solicitaron una copia de cada documento mencionado por la máxima referente de la SEAM, en el momento de responder a las consultas. Las intervenciones de la interpelada tuvieron un alto contenido técnico – jurídico, con base en lo que le apuntaban, permanentemente, sus asesores.

La mesa directiva deberá analizar el caso y decidir si corresponde, o no, emitir el voto de censura, tal como lo establece la Constitución Nacional, en el caso de que las respuestas no hayan sido enteramente satisfactorias.

El plazo para la eventual decisión es de 20 días, según aclaró, a los medios de prensa, el Presidente de la Cámara Baja, finalizado el encuentro.

Teju Guasu

La no realización de un estudio de impacto ambiental, antes de emitir una resolución que habilite la cacería y comercialización del tejú guasú; así como los informes acerca de quienes se beneficiarían con la referida medida, fueron algunos de los principales temas de discusión.

La ministra Morales señaló, primeramente, que la investigación se basó en «un estudio de evaluación del estado de subsistencia de los reptiles», cuyo resultado afirmó que «la especie no está en situación de extinción en Paraguay».

A la hora de responder, mencionó otros estudios de monitoreo de caza, realizados en el país; así como unos convenios internacionales. Algunos de ellos, la Convención de Biodiversidad y la Convención CITES.

Sobre quienes serían beneficiarios de la medida que se asumió, y fuera objeto de polémica, dijo que no existe quien haya podido beneficiarse, porque la medida fue revocada rápidamente, persuadiendo la pregunta.

En este punto, varios diputados se manifestaron insatisfechos con la respuesta.

Acuerdo marco con Guyrá Paraguay

El acuerdo que, según establece su redacción, dispone «la perpetuidad» de la cooperación, y otorga atribuciones para la elaboración de informes y gestión de recursos externos, a la ONG Guyrá Paraguay, fue otro de los ítems muy objetados durante la interpelación.

La Secretaria – Ministra admitió la existencia de «un error material en la redacción»; y sostuvo que «no existen compromisos, contratos ni recursos de por medio».

Lo acordado puede revocarse de forma unilateral, según manifestó; a pesar de que el acuerdo marco establecía, en uno de sus puntos, que ello solo podría ocurrir con anuencia de ambas partes.

Este punto fue duramente cuestionado por el diputado Dionisio Amarilla (PLRA-Central), quien sostuvo que la representante de la SEAM estaba mintiendo, abiertamente.

En otro momento, los legisladores pidieron explicaciones sobre la vinculación que tuvo María Cristina Morales, con la referida organización no gubernamental, antes de hacerse cargo de la SEAM.

Aquí, la interpelada dijo que trabajó en dicho organismo durante once años.

La diputada Karina Rodríguez (AP-Capital), consultó si la resolución podía dejarse sin efecto tras el importante error de redacción asumido, ante lo cual, Morales solo refirió que se estudiaría esa posibilidad.

La Ministra apuntó, en ese momento, que su institución se encuentra abierta a trabajar con otras organizaciones, sin distinción alguna.

Ayoreos

Olga Ferreira, Karina Rodríguez y otros legisladores realizaron arduos cuestionamientos por la renovación de una licencia ambiental a un establecimiento ganadero, Yaguarete Pora, que afecta a indígenas aislados y no aislados del Alto Paraguay, pese a llamados de atención de organismo internaciones como la Organización de Estados Americanos. Ferreira resaltó que están en peligro la vida de 2000 indígenas.

La ministra Morales aseguró que no han violentado ninguna ley. Recurrió a su asesor jurídico, quien argumentó que la empresa recurrió a instancias judiciales para revocar la cancelación de su licencia que data de 2007, y que había obtenido así una renovación que la Seam debía acatar, pero posteriormente por acción legal de las comunidades se tomó una medida para precautelar los derechos de las mismas, dejando suspendida la renovación, quedando en terreno de la Corte Suprema de Justicia la resolución final.  Faltaría que la Seam dicte una resolución para hacer cumplimiento de esa última acción de suspensión. Las legisladoras cuestionaron que la institución deje sola a las comunidades en las acciones de defensa de sus derechos, y acusaron que la Seam recién tomó acciones hace unos días tras las denuncias en su contra.

La organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) había denunciado en enero que Morales fue hasta la comunidad Chaidi, en Alto Paraguay, junto con el propietario de Yaguareté Pora S.A. para informarles que la misma cuenta con licencia ambiental, dándole libertad para deforestar el territorio ancestral de los ayoreo.

Deforestación y desvío del Tebicuary

La deforestación en la región occidental; la explotación del río Tebicuary, por parte de arroceros; y la situación del Parque Nacional La Rosada, también formaron parte del cuestionario del pleno de la Cámara Baja.

Sobre estos puntos, se manifestaron muy inquietos, los legisladores Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), y Tomás Rivas (ANR-Guairá).

Acto seguido, la Ministra sostuvo que compartía la preocupación de los parlamentarios; respuesta que fue muy criticada, principalmente, por el diputado Rivas.

De esta manera, agotado el cronograma de preguntas y respuestas elaborado para la jornada de interpelación, el presidente, Juan Bartolomé Ramírez (PLRA-Amambay), dio por finalizado el encuentro.

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