Pidieron a la CIDH que suspenda juicio por caso Curuguaty

Hasta que se defina la titularidad de las tierras de Marina Cue. El organismo judicial recibió la solicitud. Varios de los imputados están acusados de invasión de propiedad privada, sin embargo, la definición de la titularidad de las tierras está judicializada. También denunciaron violación de garantías procesales.

Los campesinos presos por la masacre de Curuguaty se encuentran en huelga de hambre hace 26 días. Foto: Gentileza.

Los campesinos presos por la masacre de Curuguaty se encuentran en huelga de hambre hace más de 40 días. Foto: Gentileza.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió ayer la solicitud de medida cautelar que solicita la suspensión del juicio por el caso de la masacre de Curuguaty, hasta tanto se determine a quién pertenece las tierras de Marina Cué. Se espera que tanto organizaciones nacionales como internacionales secunden la petición.

El abogado español de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, Dr. Aitor Martínez Jiménez, señaló a radio Ñandutí que la CIDH admitió el lunes el trámite que contempla entre otras peticiones la suspensión del juicio previsto para el próximo 26 de junio.

La medida cautelar es por la “la suspensión del juicio hasta que se determine la propiedad de las tierras” indicó a Radio Ñanduti, ya que en caso de que los acusados sean encontrados culpables del delito de invasión de inmueble ajeno por el que están acusados y posteriormente se determina que las tierras son públicas, podría causarles un “daño irreparable” a los hoy detenidos.

La CIDH debería resolver el pedido en esta semana, determinando si insta al Estado Paraguayo a suspender el juicio hasta tanto se determine la propiedad.

Denuncia por violación de DDHH

La otra nota presentada por organismos de derechos humanos de Paraguay ante la Corte Interamericana, es una denuncia contra el Estado Paraguayo, por la violación de dos derechos, “a las garantías procesales, por las sistemáticas violaciones al proceso cometidos por el fiscal Jalil Rachid; y por otro lado el derecho a la protección judicial, porque se han presentados recurrentes denuncias en torno a posibles desapariciones forzadas, torturas”.

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