Piden que se enjuicie a 700 represores stronistas

Exdetenidas políticas del Colectivo «Carmen Soler»  iniciaron una campaña para lograr el enjuiciamiento y el castigo correspondiente por los crímenes cometidos.

Colectivo de Exdetenidas Políticas del Paraguay "Carmen Soler".

La dictadura en Paraguay fue larga y selectivamente cruel e involucró a la gran mayoría –si no a la totalidad– de la oficialidad del ejército y la policía en las torturas, los asesinatos y las desapariciones de opositores al régimen de Stroessner – Partido Colorado y Fuerzas Armadas (1954-1989).

“Querellar a los represores stronistas es frenar la represión en contra del pueblo campesino”, es el nombre que lleva la campaña, cuya finalidad es la “denuncia, investigación, juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado en Paraguay y la persecución política de luchadores campesinos por la Reforma Agraria”.

“Todavía estamos esperando que se enjuicie a los 700 represores stronistas, quienes continúan en la más completa impunidad pese a las toneladas de documentos probatorios de la represión existentes en el Archivo del Terror, la aparición de 17 restos humanos encontrados en fosas comunes, en el patio de la Guardia de Seguridad y el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”, afirma el manifiesto entregado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera.

Según las integrantes del Colectivo Carmen Soler, “muchos de ellos aún siguen entre nosotros y nos siguen mortificando en nuestra memoria. Ellos cumplen funciones oficiales en las fuerzas de seguridad policiales y militares y los poderes fácticos se niegan a las imágenes de estos represores”.

Señalan que, sin embargo, las únicas fotografías que se hicieron públicas fueron las de los desaparecidos, torturados, perseguidos y sobrevivientes de aquel terrorismo de Estado.

“Tal el caso del director de la Policía de Asunción, Mario Agustín Sapriza, quien torturaba en el año 1965, en la Comisaría 8ª siendo comisario Alfonso Lovera Cañete”, afirma el documento.

La impunidad de los represores es razón directa de las graves violaciones de derechos humanos operada en la actualidad por el aparato fiscal-policial-militar, “instruido por militares de EE.UU. y sus aliados continentales y en función de la doctrina de seguridad nacional”.

La consecuencia de que estos 700 represores gocen de impunidad es la persecución política a los campesinos que luchan por recuperar sus tierras usurpadas por el latifundio, el hostigamiento a sus familias, aberrantes interrogatorios a sus niños, innumerables casos de tortura, 44 presos políticos y tres refugiados en Brasil.

El Ministerio Público no acusa a los criminales de lesa humanidad, por el contrario, el fiscal general del Estado y el equipo de fiscales están preparados especialmente por los genocidas del Estado de Colombia para sostener la impunidad de los represores y perseguir a luchadores sociales.

Finalmente, el manifiesto denuncia por un hecho de asesinato a las fiscalas Duarte y Sapriza (familiar directo de uno de los querellados por el Colectivo por torturador).

“Estas asesinas sometieron a nuestro compañero Guillermo Weyer Piazza (querellante en esta causa contra los represores y víctima del stronismo) a una pericia psiquiátrica forense agresiva que lo re-victimizó, hasta que le falló el corazón y murió” en Asunción el año pasado.

 

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