Piden nulidad: Despidos del gobierno están generando «una deuda inimaginable»

Todos los juicios iniciados por los trabajadores despedidos tienen una sola resolución que es la nulidad de las resoluciones y decretos de despidos, argumentó el ex viceministro de Trabajo Raúl Mongelos.

Raúl Mongelos. Foto: MJT.

“Existe acabada jurisprudencia en nuestros tribunales sobre lo manifestado, lo cual hace que todos los juicios iniciados por los trabajadores despedidos tienen una sola resolución que es la nulidad de las resoluciones y decretos de despidos y, por ende el Estado Paraguayo es el más perjudicado”, expuso Raúl Mongelós, ex viceministro de Trabajo al hacer una presentación sobre el particular ante la justicia.

“Estos actos jurídicos nulos realizados (desvinculaciones) por el actual gobierno, está generando para el pueblo paraguayo una deuda inimaginable, ya que a cada funcionarios destituido se deberá abonar en concepto de: salarios caídos desde su desvinculación hasta su total reincorporación a su puesto de trabajo u optar por la indemnización correspondiente, como ser un salario por cada año de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, indemnización compensatorio y complementaria, daño moral por truncar la carrera en la función pública y varios rubros mas”, especificó.

1000 demandas

Recordó a  su vez que “a la fecha ya fueron planteadas más de 1.000 demandas en contra del estado paraguayo a sus diferentes entes por los actos administrativos nulos. En consecuencia venimos a poner a conocimiento de la prensa y por su intermedio a todo el pueblo paraguayo que el actual gobierno está realizando actos administrativos (desvinculaciones) en violación total a las leyes  vigentes”, señaló.

“Que nos permitimos aclarar a la sociedad que la Ley N°1626/2000 de la Función Publica establece  claramente que la única forma de terminación de la relación laboral entre el Estado y un funcionario es la establecida en el Art. 40 (renuncia, jubilación, supresión o fusión del cargo, destitución, muerte u cesantía por inhabilidad física y mental debidamente comprobada), que el estado está realizando la destitución de casi 4000 funcionarios de la función pública en total violación de la ley, que el Art. 18 del mismo cuerpo legal establece : “El nombramiento de un funcionario tendrá carácter provisorio durante un período de seis meses, considerándose éste como un plazo de prueba. Durante dicho período cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación jurídica sin indemnización ni preaviso alguno”. Es decir que después de cumplir 6 meses dentro de sus funciones el personal solo puede ser destituido previo sumario administrativo”, recordó el abogado laboralista.

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