Piden a la Corte Suprema que se saque del cajón expediente contra Stroessner

El premio Nobel alternativo, Martín Almada reclamó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Torres Kimser, que “las normas del debido proceso sean respetadas en este expediente promovido contra Stroessner, cómplices y encubridores como manda la Constitución y el artículo 1 del Código Procesal Penal (CPP)”.

Almada le señaló al cuerpo: “Estoy obstinado en la búsqueda de la verdad y es el empeño compartido con las víctimas sobrevivientes y familiares, no ceder ante el olvido para evitar la impunidad”

Lo hizo en una carta en la que historió: “El 25 de mayo de 1989 promoví la primera acción judicial correspondiente contra Alfredo Stroessner, Sabino Montanaro, Francisco Britez Borges, Pastor Coronel y otros cómplices y encubridores por la muerte por tortura psicológica de mi esposa, la educadora Celestina Pérez de Almada y también por mi detención y tortura (1974/1977)”.

El activista por los derechos humanos recordó que el mismo “se encuentra “encajonado” hasta la fecha de hoy, 20 de agosto del 2018, en el Juzgado de Liquidación y Sentencia No.3 desde hace 28 años porque simplemente el caso fue tratado como un “delito común” y no como una grave violación a los DDHH. Tanto los Fiscales y los Jueces en dictadura stronista como en democracia no se dieron por enterados que la educadora Celestina Pérez de Almada fue sometida el 26 de noviembre de 1974 a tratos muy crueles, inhumanos y degradantes tipificados en las Resoluciones respectivas de las Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, que ocasionaron su muerte en la sede del Instituto “Juan Bautista Alberdi” de la ciudad de San Lorenzo”.

Recordó también: “Mi sed de justicia me empujo a sumarme a la lista de víctimas de la dictadura que pidió en agosto del 2013 al Poder Judicial Argentino en Buenos Aires para hacer justicia en Paraguay en el marco de la Jurisdicción Universal como recurso ante la inacción de nuestro Poder Judicial de Paraguay. El proceso está en curso y ofreciendo como prueba el contenido del Archivo del Terror investigado y descubierto exclusivamente por las victimas durante 15 años pero con el valiente apoyo del entonces juez de la causa José Agustín Fernández”.

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