Persisten condiciones de explotación y violencia hacia las periodistas, denuncian

Mariela González, secretaria de género del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), rechaza la violencia sufrida por una periodista de parte de la policía el pasado domingo cuando la trabajadora de prensa concurrió a una comisaría a solicitar información sobre un homicidio precisamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La gremialista sostiene que durante las coberturas los hechos de violencia contra las mujeres se han multiplicado, incluyendo agresiones directas como las perpetradas por los escoltas de Horacio Cartes mientras la prensa intentaba obtener declaraciones del presidente. Señala que la forma de violencia contra las mujeres en el ejercicio del periodismo van del asesinato, la desaparición, las agresiones verbales y físicas y las amenazas de atentar contra los hijos e hijas.

Así también menciona la desigualdad al interior de las empresas, donde persisten las brechas salariales y el acoso sexual, los despidos por causa de embarazo así como la escasa representación en los gremios.

“A pesar de la creciente presencia de la mujer periodista en el manejo de la información y la comunicación, con las políticas regionales y globales para superar el trato desigual en los diversos campos, esta sigue siendo objeto de discriminación de género, sexual, salarial, laboral, racial y étnica”, subraya González. Esto –añade– a pesar de que existen leyes que defienden los derechos de las mujeres, pero que en la práctica son transgredidas diariamente.

En un pronunciamiento de la organización también alertan sobre las medidas impulsadas por el gobierno de Cartes, que se traducen en una mayor concentración mediática, precarización laboral, vaciamiento de los medios públicos y persecución a las radios comunitarias. Así también alerta desde la asunción de este gobierno se han incrementado los atentados contra la vida de los comunicadores, sumando cinco trabajadores asesinados en apenas un año y medio.

Ante esta situación realizan varios reclamos a la patronal y al Estado, entre las que se destacan la exigencia de que se brinde garantías de seguridad para los periodistas que realizan su trabajo en zonas de riesgo, el esclarecimiento de los crímenes, una política de seguridad que tome en cuenta la especificidad de género y planes de igualdad en los medios de comunicación.

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