Persiste un patrón represivo, de criminalización y postergación de los derechos humanos

Ayer, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Paraguay, que abarca de noviembre de 2013 a noviembde 2014. El mismo se viene presentando desde hace 19 años.

Enrique Gauto, secretario ejecutivo de Codehupy, indicó que el mismo es resultado de un esfuerzo colectivo de diversas organizaciones de la sociedad civil y de personas defensoras de derechos humanos quienes. La intención es que el mismo siga siendo una herramienta que contribuya a monitorear e incidir en la actuación del Estado paraguayo, a fin de que el mismo cumpla con sus diversos compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos.

“Lamentablemente que el panorama en general no ha cambiado. Durante el año 2014, en el que se cumplió el primer año del actual gobierno, persistió este perfil de actuaciones negativas en materia de derechos humanos tanto desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, y desde el sistema de justicia”, dice Gauto.

Entre los puntos resaltantes del informe, Gauto señala la persistencia de un patrón represivo y de criminalización, del cual son activos protagonistas varios jueces y fiscales, así como el Ministerio del Interior; patrón que afecta fuertemente a organizaciones y comunidades campesinas.

Foto: Codehupy

Foto: Codehupy

Sin rango ministerial

Concretamente en lo que compete al Poder Ejecutivo, “además de ser parte activa en la ejecución del patrón represivo, no prioriza planes y políticas orientadas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; y por otro lado, en junio de 2014, vía decreto, ha quitado el rango de Viceministerio a la temática de derechos humanos, precarizando así cada vez más la muy débil institucionalidad estatal en materia de derechos humanos”, relata en la presentación del informe.

Legislativo

Con respecto al Poder Legislativo, señala al menos dos hechos: “1) el rechazo del Senado, en noviembre de 2014, al proyecto de ley contra toda forma de discriminación, dejando así de lado las recomendaciones de seis Comités de Naciones Unidas que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales, todos ellos ratificados por el Estado paraguayo; 2) la falta de nombramiento de un nuevo defensor del pueblo, considerando los seis años de mandato fenecido del actual titular de la institución, cuya gestión además es sumamente ineficiente”.

Defensoría del Pueblo

Es preocupante la falta de nombramiento de un nuevo Defensor de del Pueblo, y esto fue señalado ya por organismos internacionales, recuerda Gauto. Nueve son los años que se demoró para que se lo nombrara, y hoy estamos a trece años en que Manuel Páez Monges lleva en el cargo, “electo por negociaciones de tinte político-partidario, y el cual sigue teniendo una gestión sumamente deficiente y no toma intervención en casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos”. El mismo lleva seis años de mandato vencido.

“Estas son cifras que ilustran claramente que una mayoritaria clase política en puestos de decisión sobre este tema, ha mostrado un absoluto desinterés y falta de voluntad política para priorizar el funcionamiento y consolidación de la Defensoría del Pueblo, una instancia de fundamental relevancia en materia de construcción de una institucionalidad estatal en materia de derechos humanos”, resalta.

Un defensor del pueblo que no se enfrenta a los poderosos, no está cumpliendo su función, indica Gauto, quien estima que justamente esa es la razón por la que se mantiene a Páez Monges.

Poder Judicial

En el Poder Judicial resalta el Caso Curuguaty, al cual hacen referencia varios artículos del Informe. “Sgue siendo un caso emblemático de violación de derechos humanos. Aquí encontramos continuas violaciones al debido proceso; así como falta de investigación tanto de las probables ejecuciones de al menos 7 de los 11 campesinos fallecidos, como de casos de tortura sufridos por campesinos”.

Incoherencia

En el informe, Gauto el anuncio realizado por el Estado a fines de 2013, públicamente, de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia compuesta por 47 Estados. “Sin entrar a considerar la calidad de gestión en materia de derechos humanos de los demás Estados miembros del Consejo, dicha candidatura constituyó una profunda incoherencia: ¿cómo un Estado que no tiene en su agenda la temática de derechos humanos y que los viola sistemáticamente, puede candidatarse para integrar una instancia cuyo principal objetivo es el fortalecimiento, la promoción y protección de los derechos humanos? Y la incoherencia se profundiza cuando en octubre de 2014 cuando el Estado paraguayo es electo miembro del Consejo, en la Asamblea General de Naciones Unidas”.

“Es imposible pensar en un desarrollo para todas y todos si el Estado no garantiza los derechos humanos, y si no adopta normativas, políticas y medidas de protección frente a las diversas formas de discriminación que afectan a varios sectores de la sociedad”, resalta.

En este informe, también se rindió homenaje póstumo y dedicatoria a personas que, desde sus diferentes ámbitos de acción, hicieron aportes de suma relevancia a la defensa y promoción de los derechos humanos: Bachi Montiel, Gladys Meilinger de Sannemann, Eusebio Torres, Rubén Bareiro Saguier, Michael Rudolph, Julio Belotto, Arnaldo Gutiérrez y Lázaro Medina.

El informe cuanta con 48 artículos, elaborados por 51 autoras y autores y 37 organizaciones de la sociedad civil. Dichos artículos constituyen un monitoreo de avances, estancamientos y retrocesos en relación a cada derecho.

Aquí puede tener acceso al mismo.

 

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