Pérez Esquivel y Serpaj se pronuncian sobre hechos de violencia en Paraguay

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; La Coordinación Latinoamericana del Serpaj y el Servicio Paz y Justicia, Paraguay, organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la noviolencia activa, manifiestaron su rotundo rechazo al recurso de la violencia como modo de resolver conflictos. “El asesinato de Pablo Medina, corresponsal de ABC color en Curuguaty y de Antonia Maribel Almada, emerge como un acontecimiento que traduce la amplitud y profundidad de una trama perversa”, expresaron en un comunicado.

Exigen a las autoridades responsables el firme compromiso y acciones sostenidas para aclarar el hecho criminal que derivó en ambas muertes; en la identificación de los responsables en todos sus niveles y en la aplicación de las penas correspondientes.

“El ejercicio de la justicia en una sociedad es clave para reubicar los hechos en su lugar: el crimen y el delito son tales, y la aplicación de las penas repara en parte el daño producido”, dicen.

Desenlace de una persistente incapacidad

Señalan que el asesinato de Pablo Medina y Antonia Maribel Almada constituye el desenlace violento de una persistente incapacidad estatal para resolver múltiples situaciones de impunidad que desde hace bastante tiempo afectan a las instituciones políticas y a instancias públicas claves como el Parlamento Nacional, el Poder Judicial y los organismos públicos de seguridad.

“La trama de impunidad configura uno de los legados irresueltos del período de la dictadura stronista y en ese sentido prosigue sin pausa su trabajo destructivo de los principios y fundamentos del Estado y del gobierno, conforme se encuentran formulados en el Artículo 1° de la Constitución Nacional”, indicaron.

Crisis

Aseguran que no estamos ante una crisis de valores; “es el mismo fundamento ético del reconocimiento de la dignidad humana el que se encuentra en profunda crisis ante la profundización del ejercicio de la violencia en múltiples niveles (en los modos de ejercicio del poder político, en un modelo de producción excluyente y criminal, en modos de convivencia social cada vez más marcados por la incertidumbre, en la criminalización de acciones de defensa de los derechos humanos, en la descalificación del disenso, la crítica y la búsqueda del debate de los asuntos públicos)”.

Perversión institucional

Apelar a expresiones como “narcopolítica”, “crimen organizado”, “zurdos”, “izquierdosos” para intentar nombrar la realidad actual que se vive en Paraguay, o descalificar disensos y posicionamientos críticos, “indica el nivel de perversión institucional que se vive y que se define por el ejercicio deliberado del poder para obtener ventajas, a cualquier costo, de situaciones de desigualdad en un marco de absoluta impunidad”, acotaron. Dicen que esto progresivamente destruye la confianza pública que es el primer paso para la destrucción de un sistema político y sustituirlo por utopías criminales en las que sólo tienen espacio el silencio temeroso o el guiño cómplice.

Responsabilidad de autoridades

Reiteran finalmente “la importancia estratégica de la responsabilidad de las autoridades. No se duda de la necesidad de acordar un sentido compartido de la vida para sostener una sociedad. Sólo que el miedo y el terror, pese a que pueden producir cohesión, no generan ni sostienen precisamente una sociedad democrática, y menos el respeto y la promoción de los derechos humanos”.

“Una vida plena colectivamente está más cerca de una sociedad capaz de luchar para que la exclusión social y la falta total de respeto a elementales derechos no sean las normas cotidianas de convivencia. No hay caminos para la Paz, la Paz es el camino y la digna Justicia su sostén innegociable”, concluyen.

Firman el comunidaco Adolfo Pérez Esquivel, presidente de Serpaj AL, Blas García Noriega por la Coordinación Latinoamericana del Serpaj y Marta Almada, por Serpaj Paraguay.

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