Pastoral indígena exige devolución de tierras a indígenas desalojados

El pasado martes 20 de mayo indígenas avá-guaraní de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, fueron desalojados de sus tierras ancestrales.

Momento en que son tumbados el templo y las casas de los avá-guaraní. Foto: Conapi.

Momento en que son tumbados el templo y las casas de los avá-guaraní. Foto: Conapi.

La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) repudió el atropello sufrido por la comunidad indígena Y’apo, del distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, que el pasado martes 20 de mayo fue desalojada de sus territorios ancestrales. La pastoral indígena señala que la comunidad es poseedora ancestral de las tierras de las que fueron despojadas de manera arbitraria por parte de autoridades jurisdiccionales y policiales, quienes ejecutaron una orden de “restitución de inmueble” en abierta violación a los derechos consuetudinarios y positivos que amparan a los pueblos indígenas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La organización añade que desde tiempos inmemoriales el pueblo avá-guaraní ha desarrollado sus pautas ancestrales de vida en su territorio. Asimismo, cita estudios antropológicos como los de Miguel Chase Sardi, quien ha certificado que el territorio fue ocupado ancestralmente por los avá-guaraní, en donde han desarrollado una profunda vinculación con la tierra, con sus creencias religiosas, encontrándose en el lugar los restos de sus antepasados más remotos.

Manifiesta que “aunque los avá-guaraní no tengan título de sus tierras, es un título originario, que no necesita legitimación alguna. Eso significa que una comunidad indígena tiene derecho sobre su tierra y no necesita de escritura registrada en una escribanía. Además están amparados por la Constitución Nacional que dice que ningún indígena podrá ser removido de su hábitat tradicional”.

En este sentido menciona el artículo 62 de la CN, que reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”, por lo que de ninguna manera es posible referirse a los pueblos indígenas como “supuestos invasores de inmuebles”.

Añade que la Carta Magna deja expreso que los pueblos indígenas “tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

También hace referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prescribe el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas a sus territorios y obliga a los Estados a la consulta previa para los traslados o cualquier otra actividad que les afecte.

La Conapi recuerda que la posesión de dichas tierras ya fue objeto de litigio judicial, ya que la comunidad ha promovido dos juicios de Interdictos de Retener la Posesión y Obra Nueva en los años 1997 y 2001 ante los juzgados de Ciudad del Este y Salto del Guairá respectivamente. En ambos casos los indígenas obtuvieron fallos judiciales favorables, que a la fecha han adquirido el carácter de cosa juzgada.

Señala también que resulta llamativo que la propia jueza (Silvia Cuevas) que reconoció unos años atrás la posesión ancestral de la comunidad indígena sobre su territorio, en un fallo judicial que a la fecha se encuentra firme, es quien ordenó que los miembros de la misma comunidad fueran despojados de sus casas, elementos domésticos, templos y varias pertenencias sagradas que forman parte de su territorio tradicional, contraviniendo su propia decisión jurídica, ante lo cual recusaron a la magistrada para que se aparte del caso.

Ante esto exigen el reconocimiento del derecho posesorio milenario del pueblo avá-guaraní sobre las tierras de las cuales fueron desalojados y que de esta forma se restituya el orden que debería regir en un Estado de derecho.

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