Partidarios de ley de PPP anuncian “condena” para el país si norma no es aprobada

Impulsores de la ley de participación público-privada (PPP) insisten es que norma no busca privatizar, sino dejar a cargo de empresas privadas lo que el Estado no pueda hacer, lo que según la ley incluye absolutamente todos los servicios y bienes públicos por plazos que pueden llegar hasta los 40 años.

Foto del Fanpage de Horacio Cartes.

El presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Javier Bernardes, sostuvo que si no se aprueba la ley de participación público-privada el país quedará “condenado al endeudamiento”.

“La no aprobación de este proyecto, significa el freno al desarrollo del Paraguay ya que el único camino que le queda para invertir en obras de infraestructura es el endeudamiento, o sea, condenado al endeudamiento”, declaró Bernardes citado por la agencia IP Paraguay.

“Es calidad de vida, tanto por las obras que se llevarán a cabo en el marco de esta ley para bien de todos los paraguayos como por la cantidad de puestos de trabajo que generará para que más compatriotas accedan a una vida digna trabajando”, añadió en apoyo a la ley.

En tanto, el ministro de Hacienda, Germán Rojas, acusó a los opositores de la norma que están “condenando” al país al tiempo que insistió en que el instrumento no consiste en una privatización, sino en la entrega temporal de bienes públicos que transcurrido un tiempo volverán al Estado con valor agregado. Rojas hizo alusión indirecta al criticado fideicomiso –mediante el cual se creará un fondo de garantía íntegramente conformado por dinero público que indemnizará a las empresas en caso de pérdidas o que no obtengan las tasas de ganancia esperadas– alegando que solo busca dar “seguridad” a las empresas.

“Están condenando al país. No se dan cuenta que lo único que genera es mayor posibilidad de seguridad de su trabajo ante el futuro. Acá se metió un concepto de privatización cuando que jamás se habla de privatización, por ejemplo. Acá se está hablando de un esquema en el cual el Estado da en uso un bien que tiene que permite que alguien construya, prive el servicio, opere y una vez terminados los contratos y las obras el Estado se quede con todas las mejoras que se hayan puesto encima”, declaró Rojas a la 780 AM.

Para graficar su postura ejemplificó que la ley de PPP equivale a la cesión de un terreno que puede hacer cualquier ciudadano a una empresa que construya edificios, los alquile y después de “5, 10 o 15 años te entregue el edificio completo”.

“Tenemos un momento histórico en el que Paraguay está en la lista de interés de muchos países que tienen muchas organizaciones o muchos fondos que están queriendo venir a invertir acá. Si no somos nosotros quienes aprovechamos este momento, mañana se van a ir a África, que es el continente del futuro, con todas las complicaciones que tiene es todavía más fácil ir a trabajar allí. Estamos en la misma situación de latitud o altitud geográfica, se produce igual, la tierra es igualmente rica y es menos complicado”, reforzó el secretario de Estado.

En tanto, Horacio Cartes insistió en que no se “vende nada”, sino que abrirá la participación privada para los servicios que el Estado no pueda proveer por plazos de 30 años que pueden extenderse a 40 años en forma de reparación para las empresas que aleguen no haber recibido aún la tasa de retorno suficiente. Entre estos servicios que el Estado “no puede” ofrecer se incluyen prácticamente todos los servicios y bienes públicos, pues el texto del proyecto de ley abarca “los proyectos de infraestructura, incluyendo infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, de navegación fluvial; proyectos de infraestructura social; infraestructura eléctrica, obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano; entre otros proyectos de inversión en infraestructura y servicios de interés público”.

Otra alarma lanzada por políticos de la oposición es la pérdida de soberanía jurídica que podría implicar esta ley en caso de diferendos, ya que el artículo 41 solo hace mención a un “arbitraje” sin determinar de quién o de qué se trata. En este sentido se advierte que en ningún momento se habla del Poder Judicial paraguayo, por lo que estas controversias bien podrían ir a parar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial que sistemáticamente falla a favor de las transnacionales y en contra de los Estados. Incluso las leyes nacionales quedan subordinadas a los contratos, puesto que se deja sentado que las disposiciones legales regirán para las iniciativas público-privadas “en cuanto fueran aplicables”.

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