Parlamentarios, detrás de la derogación “de facto” del Código Laboral

Con la aplicación de la ley el 80% de los trabajadores y trabajadoras del país, perderán históricas conquistas laborales.

Por Andrea Morínigo.

Sin mucha cobertura de prensa, se está desarrollando en el parlamento un plan para eliminar tácitamente la aplicación del Código Laboral vigente. Se trata del proyecto de ley “de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del Paraguay”. El emprendimiento, que favorece no sólo a empresarios pequeños, sino otorga herramientas a los grandes, se trataría el próximo jueves en la Cámara de Diputados, según fuentes del parlamento.

El emprendimiento, que favorece no sólo a empresarios pequeños, sino otorga herramientas a los grandes, se trataría el próximo jueves en la Cámara de Diputados, según fuentes del parlamento.

Los responsables del proyecto que apunta a violentar conquistas históricas de los trabajadores asalariados son los diputados Víctor Yambay (ANR-Central), Eulalio Florentín (PLRA-Cordillera) y Eulalio Morel (PLRA-Caaguazu), quienes argumentan que el objetivo del proyecto es la de “facilitar un marco regulatorio, que permita promover y fomentar la creación, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, en adelante Mpymes, en su gran mayoría constituidas por empresas familiares”.

Lo que no mencionan ante la opinión pública es que la futura ley se aplicaría a aquellas empresas con menos de 30 empleados, es decir, el 80% de los trabajadores y trabajadoras del Paraguay.

El proyecto está más que avanzado, pues ya tuvo media sanción en Diputados el pasado 14 de mayo del 2011 y el pasado 4 de agosto fue aprobado con modificaciones en el Senado, por lo que vuelve rápidamente a la Cámara Baja.

Salario mínimo

Según un pronunciamiento del estudio jurídico Rafael Barret, se permitirá salarios inferiores al mínimo, en total desprecio de lo que establece el artículo 92 de la Constitución, convirtiendo a la propuesta en inconstitucional. Asímismo, en nombre del “desarrollo de las microempresas”, los empleadores podrán despedir sin indemnización, permitiéndole interrumpir la relación laboral después de dos años de trabajo, sin ningún pago.

Esto supone además la eliminación de la estabilidad laboral al no haber límites para el empleador para despedir y recontratar cada dos años toda vez que el trabajador lo desee. Se sabe que en un país donde no se encuentra empleo a la vuelta de la esquina, -y tampoco en países “desarrollados”- no existe el “acuerdo de partes” entre el patrón y el trabajador, imponiéndose siempre las condiciones que al primero se le ocurra.

El mencionado estudio jurídico advierte que con la propuesta, elaborada en un “marco participativo llevado a cabo por el Grupo Impulsor, integrado por el sector público y privado” según los proyectistas, se borrará el derecho al preaviso, “no garantizando ni tiempo ni indemnización al trabajador para buscar alternativas laborales”.

Con el proyecto, se impulsará la tercerización salvaje permitiendo a las grandes empresas dividirse en una cadena de MiPymes donde los “costos laborales” serán más bajos, gracias a esta propuesta.

Jubilación

Otra violación promovida por empresarios, acompañados del sector público como es el Grupo Impulsor, es la del derecho a la jubilación, ya que se liberará a las microempresas del pago del aporte jubilatorio por cinco años “y se les posibilitará cerrar y reabrir para así quedarse para siempre con este privilegio”, según el estudio jurídico.

Esto supone además el peligro de quiebra del IPS, dado que los empleadores no deberán aportar los 16%, manteniendo la obligación del órgano providencial de proporcionar el mismo servicio a los trabajadores.

Sindicalización

La organización es otro punto de ataque de los “representantes del pueblo”. Se pondrá fin a toda posibilidad de organizarse en sindicatos dado que la descomposición de las empresas en cadenas de MiPymes lo hará imposible, pues el Código del Trabajo exige un mínimo de 20 afiliados para conformar un sindicato.

La misma fuente señala que se privará a los trabajadores de la posibilidad de defender sus derechos en el Fuero Laboral exonerando a las MiPymes de llevar libros laborales, anulando de esta forma el principio de inversión de la carga de prueba, situación imposibilitará ganar cualquier juicio laboral emprendido por los trabajadores y trabajadoras.

Caballo de Troya

En su comunicado, el estudio Rafael Barrett señala que la ley es en realidad “un caballo de Troya” que apunta a arrebatar gran parte de los derechos de los trabajadores, reconocidos en la Constitución, en la Declaración de los Derechos del Hombres y en los Convenios de la OIT ratificados por nuestro país y reafirmados en el Código Laboral de 1993/95.

Además, no se realizó un debate nacional sobre la posible reforma del Código Laboral, sino “de manera vil y cobarde, escondiendo esta reforma detrás de un título aparentemente inócuo”, señala el pronunciamiento. Finalmente, remarca que “un proyecto de reforma que además ha roto toda marca consiguiendo, en menos de un año de su ingreso, estar a punto de ser sancionada sin que nadie se enterara y sin que se realizara ninguna audiencia pública”.

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