Parlamentarios deben ser enjuiciados por mal desempeño en sus funciones

Violaron la Constitución, generaron una crisis internacional y ponen en peligro la economía. La actual situación del país no genera confianza y ahuyentará las inversiones. Los golpistas y los medios afines tratan de minimizar los hechos.

Como reza la frase de una película: ¿Quién vigila a los vigilantes? Los parlamentarios pueden violar la Constitución, pero no pueden ser enjuiciados. Imagen: telesurtv.net.

Si utilizamos los alegatos parlamentarios en el juicio político realizado contra el presidente paraguayo Fernando Lugo, los congresistas deberían ser enjuiciados por haber generado la crisis actual.

Estos fueron algunos alegatos en su contra: “Han incurrido en mal desempeño en sus funciones en manera de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impronta, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la República, generando así la constante confrontación”. “La causal de mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social del Derecho proclamado en nuestra Carta Magna”. “Ha perjudicado enormemente los intereses supremos de la Nación”.

Irónicamente, todos esos argumentos son totalmente aplicables a los parlamentarios. Los diputados y los senadores paraguayos realizaron un juicio político a Lugo, en un acto plagado de irregularidades y violando la Constitución Nacional. El principio fundamental violado es el artículo 17 de la Constitución Nacional, de los Derechos Procesales. El mismo se aplica en el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción (en este caso la separación en el cargo).

Algunos puntos violados:

-“Que sea presumida su inocencia”: la sentencia estaba escrita y firmada antes de la defensa.

-“Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales”. La sentencia ya era públicamente conocida, y el juicio fue un trámite, lo que “es de público conocimiento”.

-“La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación”. No hubo plazos para preparar la defensa. Se ejecutó el sumario en menos de 24 horas. No se presentaron documentos ni pruebas para argumentar las imputaciones.

Pese a que quieren ocultar y minimizar esta situación, tanto los políticos responsables y los medios de comunicación que los promovieron han violado abiertamente la Constitución.

El día del juicio. Foto: Magali Casartelli.

Este rompimiento del Estado social de derecho, de la democracia, ha desatado una crisis internacional, con el desconocimiento al actual gobierno impuesto a través del golpe parlamentario por gran parte de la comunidad internacional.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela ya han retirado o están en trámite de retirar sus respectivas embajadas. Bolivia también desconoce al gobierno.

El Mercosur, por medio de un comunicado, condenó oficialmente la ruptura del orden democrático, por no haberse respetado el debido proceso. Desconocen al gobierno del golpe, junto a otros países como el Salvador, Honduras, República Dominicana, Costa Rica…

Incluso, los países de derecha como Colombia y Chile criticaron lo realizado por los parlamentarios. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que no se pueden utilizar argumentos legales para abusar del poder. Sebastián Piñera dijo que no se respetó el debido proceso contemplados en la Constitución paraguaya. Este último ha llamado a su embajador este domingo. Ambos presidentes tomarán postura tras reunirse en la UNASUR, cuyo Secretario también criticó el accionar de los congresistas nacionales. A últimas horas del domingo, Colombia y México hicieron el llamado a sus embajadores, y la lista se sigue ampliando…

También los organismos internacionales se pronunciaron en contra, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó de “juicio sumario” lo ocurrido con Lugo y dijo que el Senado paraguayo había vulnerado su derecho a la “legítima defensa”.

Por su parte, La Comisión Interamericana considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo. “Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de derecho en Paraguay”.

La preocupación entre los trabajadores de la capital fue una constante en estos días de crisis. Foto: Magali Casartelli.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, afirmó que “apoya al pueblo paraguayo y llama a todas las partes a respetar su voluntad democrática”.

La estrategia del gobierno es hacer creer que nada de esto derivará en sanciones, pero el país no puede vivir aislado políticamente.

Iniciando una de las primeras consecuencias, el presidente de Venezuela Hugo Chávez ordenó cesar el envío del petróleo a Paraguay. El gobierno trató también de restar importancia a la medida asegurando que tiene reservas. Esto, sin embargo, inevitablemente implicará un aumento en los precios de combustibles, con sus consecuentes repercusiones en los productos de consumo y servicios.

Más allá de que los golpistas y la prensa empresarial aliada busquen empequeñecer esta situación, todo esto, junto a la tensión política y social, derivará sin dudas en generar especulación y temor entre los inversionistas. La irresponsabilidad de los parlamentarios y los intereses que corrieron detrás han generado esta crisis y promueven una inestabilidad política, económica, así como un enfrentamiento social.

A nivel nacional, las manifestaciones diarias contra la ruptura democrática y las intenciones de censurar los medios públicos se han promovido diariamente en la capital. Se ha conformado un “Frente Nacional de la Defensa de la Democracia”, frente integrador de varias organizaciones sociales y campesinas, partidos y movimientos, que están planificando una serie de acciones orientadas a evitar que se consolide lo que han calificado “Régimen de facto”.

Los gremios terratenientes, sojeros y ganaderos, se han aliado a Franco, quien intenta utilizar a los productores brasiguayos para presionar a Brasil a que no realice sanciones.

Por otra parte, este domingo, el gobierno de Franco ya ha conocido su primera ocupación de tierras. Éste fue uno de los temas desencadenantes del juicio político. Desde los días del juzgamiento existe miedo y tensión en la capital, las empresas y los trabajadores han terminado antes de tiempo su jornada por seguridad. La circulación ha disminuido bastante en las calles.

El exjefe de investigaciones, Comisario Roberto González Cuquejo, en Radio Ñandutí aseguró que se viene un mes “muy difícil para el país”, donde pueden producirse hechos de violencia.

Los alegatos sobran para enjuiciar a los parlamentarios, pero la Constitución no contempla esta medida para los mismos. Es una de las razones por las que nos llevan constantemente a este tipo de situaciones, porque saben que están blindados y que no deben responder ante nadie. Lo que hicieron los congresistas el viernes pasado fue no sólo establecer un golpe a la democracia y la Constitución, sino instaurar de facto una dictadura parlamentaria. La única forma de enjuiciar a este poder desbordado por representantes del narcotráfico, la mafia terrateniente y contrabandista, es con la movilización en las calles.

Comentarios

Publicá tu comentario