Parcialidad: fiscales que dirigieron sangriento allanamiento en Curuguaty, fueron designados para investigar el crimen

El Informe preliminar de Codehupy  revela que la investigación oficial de la masacre no cuenta con investigadores imparciales: los fiscales que podrían ser dos de los responsables de la masacre integran el equipo de investigadores de la Fiscalía. Ambos son jueces y partes.

 

Acto de recordación de los asesinados en la matanza de Curuguaty, realizado en las tierras de Marina Kue. Foto de Eduardo Arce

El trabajo de investigación realizado por un grupo de profesionales multidisciplinario (ver en http://quepasoencuruguaty.org/), conformado semanas después de las masacre en la que murieron 17 personas, destacó entre sus conclusiones un dato inaudito pero cierto: los fiscales Ninfa Aguiar y Diosnel Gímenez, quienes dirigieron la acción de allanamiento (el 15 de junio pasado) de los campesinos sin tierra ocupantes de las 2000 hectáreas de tierras del inmueble denominado Marina Kue, fueron luego designados por el fiscal Jalil Rachid como miembros del equipo fiscal que investiga el crimen ocurrido con el allanamiento.

“Un primer aspecto deficitario –de la investigación oficial de la fiscalía- guarda relación con la imparcialidad del equipo de investigación asignado al caso. En las circunstancias institucionales en las que se conduce la investigación del caso Marina Cué, esta condición básica de imparcialidad de los investigadores no está satisfecha”, sentencia el Informe Marina Kue, elaborado en el marco de las acciones realizadas para la Vigilancia ciudadana por los derechos humanos  del caso.

“Los dos fiscales que fueron los directores del operativo desplegado el 15 de junio de 2012 conformaron el equipo de investigación designado por la Fiscalía General del Estado para investigar la masacre. Uno de ellos continúa al frente del caso hasta el presente…”, argumenta el Informe en cuestión.

El Informe considera que la fiscalía ha contado desde el principio con suficientes elementos para investigar a ambos fiscales –venidos a juez y parte en el caso- por sus posibles responsabilidades en la matanza de las 17 personas. Porque -prosigue el informe- además de haberse excedido en el mandamiento judicial de allanamiento, “podría existir responsabilidad personal de ambos funcionarios por haber autorizado y tolerado que el personal policial operativo utilizase ilegítimamente sus armas de fuego, y por no haber adoptado las medidas necesarias que razonablemente estaban a su alcance y potestad para regular la proporcionalidad del uso de la fuerza en el operativo”, sostiene el documento.

El Informe preliminar es un adelanto de la investigación que realizó el grupo investigador de Codehupy para revelar violaciones de los derechos humanos en la masacre y contribuir al esclarecimiento judicial de los hechos ocurridos aquel 15 de junio en Marina Kue.

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