Paraguay: se criminaliza la dignidad y la decencia

Doce labriegos inocentes, salvo de la culpa de ser excluidos sociales, fueron condenados este miércoles a continuar confinados en cárceles paraguayas, donde hace 15 meses purgan  por un delito cometido por algunos de sus muchos victimarios que, con la complicidad de fiscales y jueces, gozan hambreando a los pobres y criminalizando a los luchadores por una vida mejor, la cual sólo saben encontrar cultivando la tierra que desde hace décadas les ha sido escamoteada.

Foto de archivo de Jorge González de Base IS

Una jueza impertérrita, insensible, convencida de antemano por temerosa y apóstata,  y un fiscal comprometido con familias latifundistas, generadoras del viejo conflicto por la tierra en Paraguay, facultados por un Poder Judicial divorciado de la justicia, han compartido la macabra satisfacción de continuar golpeando arteramente a una docena de padres de familias, el resto más perjudicado de una veintena que han ido saliendo peniblemente en los últimos meses, de tras los barrotes.

Se les acusa de crímenes desde el 15 de junio de 2012, cuando 6 policías y 11 labriegos fueron abatidos “a boca e jarro” en el Departamento de Curuguaty, 280 kilómetros al este de Asunción, en una tierra fiscal de miles de hectáreas ocupadas ilegalmente por una de las familias que, desde hace décadas, se sienten dueñas del país, cometiendo toda clase de abusos contra los pobladores lugareños.

Las pruebas presentadas en su contra representan un insulto a la inteligencia humana, porque van desde mostrar, en una caja de cartón, una vieja escopeta que habría estado encajonada en un juzgado desde tiempo antes, hasta un par de machetes, yerba, papel higiénico, y una botella con caña y una con gaseosa, además de una ollita.

Varias postergaciones ha sufrido este ridículo proceso contra gente humilde, incluso mujeres embarazadas, condenándolos a seguir en la cárcel a la espera de ser sometidos a juicio oral y público, en una decisión calificada por el Abogado defensor Guillermo Ferreiro de “nueva masacre de campesinos”, los cuales llegan culpabilizados antes de la audiencia, “tras sufrir mucho maltrato y torturas físicas y sicológicas”.

La situación refleja un claro retroceso en las relaciones sociales en este país, producto de varios factores: 1) hay desestabilización emocional y confusión ideológica colectiva, 2) se registra precariedad institucional, 3) las organizaciones políticas atraviesan un caos orgánico, tanto en la derecha como en las familias contrarias, 4) el gobernante Partido Colorado, desde el sometido y abusivo parlamento, opera con revanchismo, sin poder superar su derrota electoral del 2008, tras 60 años de poder absoluto y, 5) el debilitamiento de las luchas populares es aprovechado por la oligarquía para imponer una política antipopular y privatista.

Decididos a ocultar al pueblo el escandaloso nepotismo y la contratación por millonarias sumas, a familiares directos, recomendados y allegados partidarios, algunos cobrando dos o tres sueldos sin jamás ocupar una silla en una oficina, pero firmando en su domicilio la planilla de asistencia, los presidentes de ambas cámaras se oponen al derecho constitucional de la ciudadanía de conocer la lista de funcionarios, el papel que desempeñan y el salario que perciben. Por aplastante mayoría, diputados ordenó a su asesoría jurídica que identifique y condene a quien revele a la población, cualquier información al respecto.

La masacre de campesinos y policías se produjo hace 16 meses, cuando alrededor de 40 grupos de campesinos habían levantado ranchitos y carpas en un pequeño predio estatal de Marina Cue, y desde hacía algunas semanas cultivaban la tierra, a la espera de que el gobierno de Fernando Lugo, saboteado por el parlamento y por la Suprema Corte de Justicia, formalizara legalmente su instalación.

La vacilación del Ejecutivo, y el enfriamiento de sus relaciones con las organizaciones campesinas que se sentían defraudadas en su reclamo de una reforma agraria, fue muy bien aprovechado por la derecha política, con clara asesoría de la Embajada de Estados Unidos, para aplicar un macabro plan golpista que se concretó a la semana siguiente, culpando a Lugo y a los dirigentes campesinos de la emboscada mortal.

El proyecto se concretó el día 22, en un simulacro de juicio político en el parlamento, condenado por la conciencia democrática de dentro y fuera de fronteras, que cortó de cuajo el proceso de cambios que llevaba cuatro años, en la primera experiencia progresista del país en muchas décadas, que incluyó amplia libertad ideológica y servicios sociales gratuitos, aunque falló en la política comunicacional que debió crear para combatir a la prensa comercial, convertida en el primer partido de la oposición.

Se ocupó de cumplir la tarea de asaltar la presidencia el traidor co-gobernante Partido Liberal, encabezado por el inútil Vicepresidente de la República Federico Franco, figura vergonzante y responsable de la apertura de un período que se caracteriza por el abuso del poder, el saqueo de las arcas del Estado y una demencial caza de brujas que prosigue desde mediados de agosto último el Partido Colorado, en su retorno al Ejecutivo, comandado por el empresario Horacio Cartes.

El impasse paraguayo, que ha convertido en drama los empeños de sus mejores hijos de construir una nación, comenzó estructuralmente hace siglos, acumulando sudor y sangre de la población guaraní, heredera del desprecio feudal de quienes se fueron adueñando del territorio nacional y sus riquezas naturales, abrazados a los caciques políticos de turno, sometidos por las potencias imperiales, ayer Inglaterra y desde hace casi un siglo, Estados Unidos.

“El dolor paraguayo”, escribió el insigne Rafael Barrett en los albores de 1900, cuando recorrió el mapa de este suelo, donde 40 años antes había perecido la primera República Independiente y Revolucionaria de Suramérica, convertida desde tres décadas antes de su llegada, en una semicolonia de Brasil y Argentina, tras el genocidio de 1865/70, comandado por el imperio británico.

En esa época, al igual que hoy, los dueños eran muy pocos y muchos de ellos extranjeros, con similar avaricia y violación de los elementales derechos de los labriegos, pueblos indígenas y campesinos, a los cuales se les continúa acorralando para terminar con su expulsión de la tierra, maquillada con compras a precio de baratijas, para extender el mundo de los transgénicos, con sus venenosos pesticidas, y la ganadería.

Lo distinto ahora es el origen de las ganancias, porque la ganadería extensiva y la agricultura tradicional han sido sustituidas por los negocios del narcotráfico, íntimamente ligado al nuevo tipo de producción, la cual está a cargo de grandes  consorcios  transnacionales del agronegocio, con beneficios de miles de millones de dólares por año, por la exportación de carne y soja, habilitada por los tres poderes del Estado que continúan oponiéndose a gravar las ventas al extranjero.

La militarización del campo, ordenada hace un mes por Cartes, combinando la acción del ejército y la policía con asesoría de expertos de Estados Unidos, Israel y Colombia, para combatir la entelequia guerrillera que la derecha comunicacional le cuelga al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hasta ahora sólo reporta un claro fracaso.

La comandancia represiva, sobre la que pesan muchas denuncias de prepotencia y otros abusos contra los pobladores, con sus rancheríos arrasados y cobijos de hule y ramas incendiados, y se comprueba que 12 mil hectáreas han sido deforestadas en sus propias narices en Kurusu de Hierro, ya surge como la principal responsable de los resultados adversos, salvo que el objetivo del plan fuera atemorizar a la población y, como consecuencia, vaciar de adherentes y recursos a las organizaciones campesinas que representan la principal fuerza contra el sistema explotador del país.

 

 

 

 

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