Paraguay: Bochorno Judicial

La mala praxis es algo corriente en este país, y la profunda amoralidad reinante en los estratos de poder del Estado se agrava con la irresponsable indiferencia de buena parte de la ciudadanía.

Palacio de Justicia – Fuente de Imagen: misdeberes.es

En Paraguay, como en otros países, sin duda, hay muchos motivos que irritan la decencia y la sensibilidad humana y, sin dudas que esa penosa realidad es hija de la estructura capitalista de la sociedad que convierte al Estado en prisionero del poder oligárquico y colonizado que desprecia al pueblo y que, incapaz de superar sus infinitas contradicciones, pone la mala interpretación de las leyes por encima del derecho y de la justicia humana.

El trato que reciben por parte de muchos abogados, fiscales y jueces las personas más humildes y excluidas del bienestar, es una de las pruebas más execrables del caos que registra la marcha de este país, con un Poder Judicial que ignora y pisotea la propia deontología que debe guiar a todo profesional en una sociedad, por más macabra que sea la superestructura que gargarea con la democracia y se erige en su puntal.

Cárceles desbordadas de pequeños delincuentes, instalaciones para mil 200 presos, tienen cuatro mil, mayoría sin condena, muchos durmiendo en el suelo, sin colchón, sucios y con hambre, novicios por un pequeño desliz junto con irrecuperables veteranos, asesinos y depravados, hacinados enfermos mentales con tuberculosos, sidáticos, drogadictos, todos depositados en ese infierno por orden judicial.

Cada vez son más numerosos los  delincuentes que caminan tranquilos por las calles y rutas del país, transitando en vehículos polarizados de 100 mil dólares, narcotraficantes, torturadores, extorsionadores, genocidas, delincuentes de toda laya, como los usurpadores de cargos estatales y de tierras fiscales, los poseedores de títulos universitarios comprados, analfabetos ocupando cargos para ilustrados, chantajistas uniformados, traidores a juramentos, estafadores, contrabandistas de alto vuelo, mandatarios asociados al agronegocio,  conocidos evasores y otras lacras, sin que los moleste ningún órgano del Ministerio Público.

En cambio, inocentes o pequeños delincuentes están depositados como estropajos en las prisiones, víctimas del chantaje de abogados hipócritas y venales que los roban constantemente con promesas y mentiras, endeudando familias enteras esperanzadas en que su sacrificio logrará excarcelación, confiando en el leguleyo que les dice que si les arriman otros 3/4 mil dólares podrán pagar parte de los gastos de la defensa y conseguirles una libertad “aunque sea vigilada, tras arrimarle algo al Fiscal y al Juez que se ocupan de la causa”.

Vergonzoso desde el lado que se mire el papel del mundillo de las instituciones judiciales en Paraguay, al punto que su mala imagen es un obstáculo para la inversión de capitales sanos desde dentro y desde fuera, que podrían robustecer el desarrollo nacional con una participación regulada que beneficie al inversionista pero antes que nada al país, a su soberanía, al sagrado interés de bienestar del pueblo y al resguardo de su patrimonio. Difícil es acordar alguna inversión industrial si pagar altas coimas.

Las instituciones de la justicia contribuyen objetivamente al descrédito de la nación en el mundo, porque son absolutamente clasistas, con jerarcas indiferentes ante las numerosas denuncias de corrupción, impresentables, ociosos, groseros, autoritarios, incultos, que se sienten paladines de la honorabilidad, aunque apenas son sirvientes incondicionales del estrato social más pudiente y perverso, esa “tierna podredumbre” que se formó en las últimas siete u ocho décadas de la mano de tiranos asesinos y vaciadores de las arcas públicas.

A menudo, y en general, cuando se vierte alguna mención en el extranjero sobre un paraguayo o algo relativo a este país, la primera reacción es una mueca de dudas y desconfianza, cuando no de rechazo inmediato, porque esa persona proviene de un país que, desde la distancia, se ve plagado de haraganes, delincuentes e inmoralidad, juicios que alimenta la inconducta de la mayoría de las autoridades del Estado, de la infecta oligarquía vernácula, y de sus hijitos cubiertos con la toga.

Generalmente, esa mala imagen provoca mucho daño a los intereses económicos, sociales, culturales y hasta comerciales y, a nivel personal, genera numerosas víctimas entre el millón y medio de paraguayos (6.5 millones es la población total), que buscan abrirse un futuro mejor en el extranjero, en particular artistas y  trabajadores convertidos en inmigrantes, que están obligados a pagar un alto precio por el “derecho de piso”, ineludible antesala para que se le acepte en un empleo y, con su conducta, comience a ganar respeto y consideración, borrando prejuicios.

En los últimos 14 meses se ha registrado uno de los periodos más perversos del comportamiento judicial en este país y, entre sus muchas groserías, desprolijidades y abusos, destaca en primer lugar el apoyo de la jerarquía judicial a la mascarada de Juicio Político que fue parte del “golpe parlamentario” que derrocó al Presidente Fernando Lugo el 22 de junio del año pasado.

El silencio del Poder Judicial, de hecho convirtió ese quiebre institucional en un Golpe de Estado, es decir, con participación de los tres poderes, el Legislativo promotor, y el Ejecutivo encabezado por la traidora vicepresidencia, todo planificado con el prefacio de una masacre de once campesinos y seis policías en un latifundio fiscal.

El escenario del crimen fue el oriental Departamento de Curuguaty, a 80 kilómetros de la frontera con Brasil, donde hay 1.800 hectáreas donadas al Estado hace más de 30 años por una empresa italiana, pero ocupadas desde entonces por una de las más rancias familias empresariales, integrante de la cúpula del Partido Colorado, en clara connivencia con Stroessner y sus principales servidores.

El caso de Marina Cue, como se le conoce, se ha convertido en un verdadero escándalo protagonizado por un Ministerio Público dependiente y parcial, cuya irracionalidad permite presumir que obedece a un plan siniestro de continuar llenando las cárceles hasta convertirlas en una industria privada, al mejor estilo estadounidense, donde hay casi dos millones y medio de cautivos, número insuperable en la historia de ese país, víctimas de los abusos de la avaricia de los intereses del mercado capitalista, en una de las expresiones más obscenas y morbosas de la trata de personas.

Todo un  macabro culebrón han montado desde hace más de un año un par de fiscales y juezas, actores de un sinnúmero de atropellos a humildes campesinos, hombres y mujeres, a los que se pretende convertir desde el estrado en victimarios, siendo que, en la realidad, son dobles y triples víctimas desde el fondo de la historia.

En su desquicio, usurpadores de la misión de juristas, vinculados de una u otra manera con familias latifundistas, consideran un delito el intento campesino por instalarse en alguna de las tierras ocupadas desde hace décadas y a la fuerza, por empresas invasoras, alrededor de ocho millones de hectáreas, algunas de las cuales el Estado caratula como propias, en un país que ostenta una de las más siniestras desigualdades sociales, con el 85 por ciento de la tierra en poder del 2.5 por ciento de la población.

Quince campesinos presos ignoran la causa de su detención, dos mujeres dieron a luz en condición de detenidas y durante más de un año el Fiscal Jalil Rachid ha sido incapaz de presentar la mínima prueba, aunque llevó a la audiencia una caja que, según él es propiedad de los acusados y que demuestra su culpabilidad.

Su contenido: cuchillos de cocina, machetes, machetillos, foisas sin mango, papel higiénico, botellas vacías de gaseosas, una con caña y otra con aceite, semillas de coco, cortaúñas, y hasta honditas, esas con tiros de goma, con el cuerito que encapsula la piedrita o el fruto seco con el que se intenta matar algún pajarito para un guisado.

El asesinato en masa en Marina Cue, pretexto para quebrar el proceso de cambios en marcha y la presencia de Paraguay en la integración regional del MERCOSUR, se ha proyectado en una campaña de amedrentamiento a pueblos originarios y campesinos en las zonas con más trayectoria de lucha por la tierra, por la defensa de la naturaleza y de las semillas nativas y criollas, las cuales sufren desde años el acoso de la penetración, reforzada por el gobierno golpista, de los productos transgénicos y sus paquetes tóxicos de las sacrosantas Monsanto, Cargill, Syngenta, ADM y otras.

Comandos norteamericanos, con esbirros colombianos, a los que se han sumado en los últimos meses agentes de Israel, contratados por Horacio Cartes, quien asumirá este jueves 15 la presidencia, rastrillan el territorio paraguayo con el cuento de buscar guerrilleros y narcotraficantes, pero cuya misión real es instalar cabezas de espionaje y de entrenamiento militar en los sitios más cercanos a Argentina, Bolivia, Brasil, y toda la Amazonía, con particular interés en Venezuela.

Kafkiano, es el título utilizado por el digital E’A, a un análisis firmado por el radialista Rubén Ayala, quien considera “realmente espeluznante lo que está sucediendo en la farsa montada como juicio a los campesinos, cosas que rayan la locura total en un proceso de alucinación y angustia, que no se sabe cómo y dónde terminará”.

El olor putrefacto que exhala ese fanatismo instalado en Paraguay entre funcionarios designados para impartir justicia, representa, a juzgar por los hechos más visibles, una estrategia cruel para convertir inocentes en culpables, instalando una oscura cerrazón que pretende confundir a la ciudadanía, al tiempo que posibilita la escapatoria de grossos delincuentes y cubre y protege de impunidad a un número aún mayor.

La mala praxis es algo corriente en este país, y la profunda amoralidad reinante en los estratos de poder del Estado se agrava con la irresponsable indiferencia de buena parte de la ciudadanía, derivación probable de la impotencia que le estaría produciendo la ausencia de un consenso social y de la organización necesaria para enfrentar los flagelos que la mantienen sometida.

Hay un imperdonable silencio de magistrados de probada conducta ética, que en anteriores ocasiones se han destacado en la defensa de los derechos humanos y en el combate de los regímenes tiranos que ha sufrido este pueblo. Pareciera que han olvidado que la aplicación del derecho sólo es legítima si tiene un contenido ideológico democrático y progresista, que combata las injusticias sociales y la corrupción y sirva de apoyatura a la honestidad y al natural derecho humano a la libertad y al bienestar.

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