Paraguay bajo la doctrina de la inseguridad nacional

«Estudiosos de temas políticos-militares interpretan como una suerte de Golpe de Estado de baja intensidad, haciendo co-participar a las fuerzas armadas con gobernantes elegidos en las urnas y formalmente democráticos, los cuales pueden quedar como subalternos».

Horacio Cartes, con los jefes militares y policiales. Foto: Fanpage de Facebook.

La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que tantos abusos, represión, violaciones torturas, crímenes y robos domiciliarios como botín de guerra, generó en el subcontinente americano desde 1964 hasta 1989, cobrándose unas 150 mil vidas, se ha instalado en Paraguay, con la militarización del país aprobada por las dos cámaras del parlamento y ordenada el sábado 24, por el Presidente Horacio Cartes.

Desplazando a la policía de su tradicional misión, este tenebroso juego diseñado por el Pentágono y aplicado durante un cuarto de siglo por sus esbirros locales en el Caribe y centro y sur de América, ratifica la monstruosa concepción de monopolio del poder político y financiero, que es la matriz ideológica del capitalismo.

El decreto de suplantar a la policía por el ejército, a sólo diez días del nuevo gobierno, obedece a la propuesta relanzada por el Consejo Hemisférico de Defensa de las Américas, ese instrumento geoestratégico de Estados Unidos replanteado el año pasado en un seminario en Punta del Este, Uruguay, que estudiosos de temas políticos-militares interpretan como una suerte de Golpe de Estado de baja intensidad, haciendo co-participar a las fuerzas armadas con gobernantes elegidos en las urnas y formalmente democráticos, los cuales pueden quedar como subalternos.

La decisión de Cartes, y frente a los primeros hechos que denuncian organizaciones campesinas de los departamentos escogidos para el despliegue, conduce al país por un sendero peligroso para la paz pública, bajo el argumento de que la policía es incapaz de aniquilar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una entelequia o fantasma revolucionario profusamente alimentado por la derecha político-empresarial y su brazo difusor que es la prensa corporativa, convertido en un excelente pretexto para reprimir los movimientos favorables a la justicia social.

El Fiscal General Javier Díaz Verón sostiene que la incautación reciente en dos estancias de 1.727 kilos de cocaína y 839 de marihuana, confirma “la información de que existirían vínculos entre los narcotraficantes y el EPP”, sospecha que circula desde siempre entre la población, desconfiada de la figura de guerrilla que vocifera la prensa de derecha, sin que muestre ninguna fundamentación ideológica ni fuentes de financiación del grupo armado que lleva más de una década en el candelero.

“Bajo la excusa de la lucha contra el EPP, el Congreso renuncia a su papel de contralor y otorga peligrosamente poderes discrecionales a una sola persona” y, tipificando con vaguedad supuestas amenazas al orden y funcionamiento institucional, habilita al Poder Ejecutivo a hacer uso de las FFAA para cuestiones de seguridad interna, declaró el exFiscal Casañas Levi, al manifestarse “preocupado por el proceso democrático”.

Juan Martens, con un Masterado en Política Criminalística, es otro jurista, entre varios colegas, que expresa inquietud y rechazo al voto parlamentario, y sostiene que el mismo “hasta puede ser considerado anticonstitucional, porque los militares no tienen atribución ni preparación para una tarea que corresponde a la policía nacional”.

El Ejército paraguayo, al igual que todos los aparatos represivos uniformados del mundo, tiene su doble face, una de honra y otra de deshonra, una heroica, dando la vida el grueso de los uniformados por defender la soberanía patria, y otra cobarde, la de los oficiales entreguistas y corruptos, al servicio de potencias extranjeras.

Ese perfil contradictorio es ocultado en la historia oficial que se enseña desde el hogar alienado hasta todos los niveles de instrucción, sustentado en el adoctrinamiento que imparten los medios de comunicación, que presenta a todos los militares desbordando glorias bien ganadas en los campos de batalla, aunque la mayoría de éstas se han desarrollado al interior del país y los vencidos han sido parte de los propios pueblos.

Ese relato, que por décadas ilustra la historiografía oficial impuesta en todas las instituciones públicas y privadas, omite sistemáticamente importantes pasajes, y en particular minimiza la participación de la población en la defensa de la patria, con el sólo fin de engrandecer a las fuerzas armadas, en agradecimiento de la oligarquía por poder contar con ella para mantenerse al abrigo de la repulsa popular.

El Ejército paraguayo atesora un pasado honroso, cultivado en el transcurso de los dos dramas bélicos que ha sufrido esta nación, el de 1865/70, en la Guerra de la Triple Alianza, contra Argentina, Brasil y Uruguay, y el de 1932/35, en el fratricida enfrentamiento con Bolivia, ambos países defendiendo intereses de la familia Rockefeller, usurpadora del petróleo y otros recursos naturales.

En ambas guerras, el protagonismo central correspondió al pueblo, por sus sacrificios en vidas y generosidad en su entrega en defensa del suelo patrio, pero años después, aunque en coyunturas diferentes, la misma población sobreviviente más de una vez ha sido reprimida por muchos uniformados que, en la hora heroica, estaban a su lado.

Ese viraje traicionero jamás ha motivado la más mínima autocrítica de la institución, la cual, además, es calificada desde muchos ángulos, como uno de los estandartes de la  gran corrupción que mantiene el país con tres millones de pobres y la mitad con hambre, aunque en las dos últimas décadas solo un alto oficial ha sido condenado por delitos económicos.

El período más tenebroso, sin duda, ha sido el ocupado por la tiranía del General Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989, cuando formó el trípode Partido Colorado-Gobierno-FF.AA., que dejó más de 500 desaparecidos y miles de presos, violados, torturados, vejados y exiliados, recuerda el Doctor Rogelio Goiburú, quien está al frente de la Secretaría Nacional de Investigación y Memoria de los Desaparecidos.

Imposible esperar autocrítica cuando buen número de los autores directos de esos crímenes continúan ejerciendo funciones estatales y algunos de los más radicales en esa ferocidad, que habían optado por la discreción en los últimos años, son ahora convocados por Cartes para misiones de alta responsabilidad.

El voto mayoritario del parlamento, autorizando al mandatario a desplazar a la policía de su misión natural de control de la ciudadanía, además de constituir una humillación para ese cuerpo, da carta blanca al ejército abriendo las compuertas a una escalada represiva que ha comenzado en zonas del este-norte, cercanas a la frontera con Brasil, y foco del mayor tráfico de drogas y contrabando de infinidad de mercaderías.

Expertos norteamericanos, colombianos e israelíes en narcotráfico y terrorismo, tendrían a su cargo la asesoría de los contingentes, repicando acciones de cerco, atemorización, despojo y desplazamiento de las poblaciones indígenas y campesinas que, desde hace muchos años, se registran en Centroamérica y, en particular, en la propia Colombia, con cinco millones de expulsados de sus campos ancestrales por los paramilitares al servicio de la mafia traficante y de los latifundistas.

 

 

 

Comentarios

Publicá tu comentario

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.

Inicia sesión como administrador y mira la página de configuración de Instagram Feed para obtener más detalles.