Paraguay 2012: ¿Restauración o resquebrajamiento de la dominación conservadora?

Un análisis sobre la última etapa del proceso político paraguayo.

 

Lugo y Franco, tras ganar los comicios generales del 2008. Fuente: laprensa.com.ni

En esta dificultosa y esquiva transición a la democracia, en el Paraguay se han dado dos principales acontecimientos políticos que reflejan una importante acumulación previa de tensiones visibles y no visibles, acontecimientos que se constituyen en momentos de inflexión en una u otra dirección: el primero fue la elección de Fernando Lugo en el 2008 y el segundo su destitución y la consecuente asunción de Federico Franco en el 2012.

En la sociedad paraguaya, como en toda sociedad asimétrica en que conviven sectores desiguales, uno de estos sectores ejerce una hegemonía sobre la totalidad de la sociedad, ejerce la conducción social, política y económica según sus intereses particulares, instalándolos en el discurso y la opinión pública como si fuesen los intereses generales de toda la sociedad. Esta hegemonía que implica conducción, al mismo tiempo implica dominación de un grupo hacia el resto, dominación que, además de desarrollarse en el plano político, también se ejerce en los planos económico e ideológico-cultural. El sector hegemónico conduce el proceso social del país, porque detenta una posición dominante, gracias al control de instrumentos políticos, ideológicos y económicos, que a su vez son hegemónicos en sus respectivos ámbitos de actuación.

Bajo la hegemonía de un sector sobre otros en la sociedad, siempre conviven en su interior tensiones y conflictos, provocados por los intereses contrapuestos que emergen de los diferentes sectores. En sociedades tan desiguales como la paraguaya, en última instancia no existen intereses generales que abarquen a la totalidad de la población, esto es una ficción instalada como elemento de dominación en el sentido común de la gente. Lo que realmente existen son intereses particulares de los diferentes sectores de la sociedad, intereses que están en función al lugar concreto que cada uno ocupa en el sistema de relaciones sociales existente. Estos intereses particulares pueden ser de sectores mayoritarios y minoritarios, dependiendo del sector al que esos intereses correspondan. Aquí podemos decir que los intereses del campesinado son mayoritarios y contrarios al de los terratenientes, pero son los intereses de estos últimos los que se imponen a partir de su poder hegemónico: mientras los primeros quieren, entre otras cosas, una revisión de la tenencia de la tierra y la redistribución de la misma, los segundos rechazan dicha revisión y más bien buscan un blanqueo para la conservación de la actual distribución.

El bloque hegemónico

En el Paraguay se ha constituido, dentro de un proceso histórico de varias décadas, la hegemonía de una clase o bloque dominante, que tiene un rasgo o característica fundamental: su directa relación con el recurso tierra. El bloque dominante tiene como núcleo de su poder económico las actividades económicas derivadas de la explotación de la tierra, y son los terratenientes la base constitutiva del bloque[1], bajo la forma de ganaderos, sojeros, madereros, especuladores inmobiliarios, etc., conjuntamente con sus socios comerciales, bajo la figura de empresarios de exportación e importación, del sistema financiero, de industriales vinculados a los agronegocios, entre otros. La mayor parte de estos actores no son visibles o conocidos para la mayoría de la gente, a excepción de los actores de mayor presencia mediática, entre quienes podemos mencionar a Blas N. Riquelme, Aldo Zuccolillo, Tranquilo Favero, Osvaldo Domínguez, Horacio Cartes, Juan Carlos Wasmosy, Juan Rieder, Juan Néstor Núñez, Alberto Soljancic y Héctor Cristaldo. También componen la fuerza económica del bloque hegemónico las empresas del sector mencionado, nacionales y extranjeras: Cargill, Bunge, Monsanto, ADM, Grupo Favero, Frigorífico Concepción, Inmobiliaria del Este, bancos y financieras, entre muchas otras. Estos actores para ejercer la dirección real de la sociedad se aglutinan en asociaciones gremiales, quienes realizan el lobby político e imponen el discurso mediático según los intereses que representan: aquí están la Asociación Rural del Paraguay (ARP, presidida por el ganadero Germán Ruiz), la Unión de Gremios de la Producción (UGP, liderada por Héctor Cristaldo), la Asociación de Productores de Soja (APS, Regis Mereles), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP, Max Haber), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco, Eduardo Felippo), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP, Carlos Jorge Biedermann), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco, Ulrich Bauer), entre otros.

En la misma línea de análisis, Tomás Palau esquematizaba el poder real o económico en el Paraguay a partir de la distinción de cuatro grupos principales: la oligarquía ganadera (terratenientes en general), la mafia (narcos, lavadores de dinero), los “empresaurios” (contratistas del Estado, transportistas, contrabandistas, especuladores inmobiliarios y acopiadores) y finalmente las multinacionales (de los agronegocios, del sistema financiero y los servicios).

Los actores económicos están íntimamente relacionados y aliados a los actores políticos que forman parte del bloque dominante. Estos últimos pueden ser reconocidos por ejercer la defensa permanente del orden establecido, la conservación de la actual estructura política, económica y de tenencia de la tierra, y el cuidado de los intereses de los sectores citados anteriormente. El juicio político a Fernando Lugo permitió distinguir nítidamente qué partidos políticos forman parte de este bloque, fundamentalmente sus dirigentes y cúpulas partidarias: el Partido Colorado (ANR), la mayor parte del Partido Liberal (PLRA), el Partido UNACE, el Partido Patria Querida (PPQ) y el Partido Demócrata Progresista (PDP). Estos partidos tienen en sus filas a varios de los empresarios y terratenientes mencionados como miembros del poder económico: a modo de ejemplificar, en la ANR nos encontramos con los Blas N., Horacio Cartes, Osvaldo Domínguez, Alfredo Stroessner, Juan Carlos Wasmosy, todos empresarios y poseedores de inmensas extensiones de tierras, muchas de ellas, si no la mayor parte, malhabidas o ilegítimamente adquiridas; en el PLRA desarrollan su rol político, entre otros, el empresario Alfredo Jaeggli y varios importantes “estancieros”; el UNACE es el partido “de” Lino César Oviedo, cuyos negocios lo ubican tanto como “empresaurio”, terrateniente y vinculado con la mafia; el novel Partido Patria Querida, fundado por el empresario de las finanzas Pedro Fadul, incluye entre sus principales dirigentes a los empresarios Miguel Carrizosa, Roberto Campos, entre otros.

El poder político en el país se ejerce desde los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los tres espacios de poder son muy relevantes para la dirección del proceso social y sus resultados. La teoría política habla de la división del poder y la independencia de cada uno de ellos, para el mutuo control y así evitar los abusos de poder. En la práctica, el Poder Judicial carece absolutamente de independencia, pues está subordinado tanto al poder económico como al Congreso. En el primer caso, las sentencias judiciales están en función directa al bolsillo del acusado y del acusador, van a la cárcel los ladrones de baratijas, nunca los ladrones de guante blanco ni los saqueadores de los bienes del Estado, es una justicia “clasista”. En el segundo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia son designados por el Congreso, que además tienen la prerrogativa de destituirlos vía juicio político. Los órganos claves del Poder Judicial como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura tienen entre sus miembros tanto a diputados como a senadores. La alianza actores económicos-políticos conservadores subyuga plenamente según sus intereses a las instituciones judiciales, haciéndolas parte del bloque dominante.

A partir de la Constitución Nacional de 1992, redactada pensando en la larga dictadura presidencial del Gral. Stroessner, el Poder Legislativo adquirió una amplísima multiplicidad de funciones que lo convirtió en un súper poder, como se ha visto en la destitución del presidente Lugo. El Congreso es fundamental para marcar la dirección del proceso político y social: puede destituir al Presidente, ministros del Ejecutivo y del Poder Judicial, tiene un control absoluto del presupuesto estatal, pudiendo aumentar o reducir sin restricciones el presupuesto de cualquier entidad pública según su parecer, de su aprobación dependen los créditos internacionales, las designaciones de embajadores, directores de las entidades binacionales, miembros del Banco Central, del contralor, el fiscal general, el defensor del Pueblo, del Legislativo dependen la creación y modificación de impuestos, el destino de los recursos provenientes de las entidades hidroeléctricas, la aprobación de la política exterior, como los acuerdos de integración, la expropiación de tierras, además de su función natural de redactar y aprobar leyes. Este poder del Estado también está en manos del bloque hegemónico, dado que sus miembros responden en un 90% a los partidos conservadores mencionados anteriormente, y para acceder al Parlamento muchos prácticamente han “comprado sus bancas”, puesto que el sistema electoral arcaico y muy poco democrático de listas cerradas o “sábanas” ha hecho que aquellos con poder económico y político puedan colocarse en los primeros lugares de las listas partidarias, con lo cual personajes impresentables sin posibilidad electoral puedan ser miembros del Congreso, como los senadores Calé Galaverna, Víctor Bernal, Alfredo Jaeggli, o los diputados Magdaleno Silva, López Chávez y Óscar Tuma. Este último reconoció haber firmado pagarés por valor de G. 800 millones a favor del partido UNACE para acceder a la lista parlamentaria que presentó dicha nucleación. La hegemonía conservadora en el Poder Legislativo quedó cuantificada con la votación que destituyó ilegítimamente a Lugo en menos de 24 horas: 39 votos contra solo 4.

El Poder Ejecutivo, por su parte, también es un espacio central para la definición de las tendencias que inciden en la economía y la sociedad. Le cabe la definición de las políticas sociales, económicas, internacionales, de seguridad, agrícolas, industriales, energéticas, culturales y ambientales, aunque siempre con un fuerte control y limitación por parte del Congreso. También la cantidad de funcionarios de que dispone y los recursos económicos que administra lo hacen un actor clave en la disputa por la hegemonía. Este es el único espacio del poder estatal donde la hegemonía del bloque dominante ha sido mínimamente disputada por actores emergentes y subalternos, bajo la presidencia de Lugo entre agosto del 2008 y junio de 2012. Dicha disputa, reflejo de los intereses contrapuestos en el seno de la sociedad, ha hecho visible y profundizado una serie de tensiones que emergen de los problemas estructurales del país, que no pudieron efectivamente ser modificados pero al menos se han vuelto más visibles a los ojos de la gente, lo cual constituyó una amenaza para los intereses del sector dominante, lo cual en gran medida ha conducido a la destitución de la cabeza del Poder Ejecutivo.

Finalmente, a la dominación económica y política que ejerce el bloque hegemónico se suma la ideológica y cultural. La mejor forma de dominación es aquella que se realiza mediante la persuasión y el convencimiento de los sectores subordinados, es la máxima garantía de la defensa del orden establecido. Aquí la consigna de los grupos hegemónicos es lograr que sus intereses sectoriales sean aceptados en la sociedad también como suyos, ascendiendo a la categoría de intereses generales del país. Es una dominación con consentimiento de los dominados. Cuando este mecanismo falla, se pasa al recurso de la coacción y el autoritarismo, la imposición por la fuerza.

Luego de la caída de la dictadura stronista en 1989, coincidente con la desintegración del socialismo de la Unión Soviética y los países de Europa del Este, se impuso categóricamente la hegemonía ideológica neoliberal, en el mundo, en la región latinoamericana y en el Paraguay. La alternativa había fracasado por lo que no cabían más cuestionamientos y el único camino viable eran el libre comercio, las inversiones extranjeras y las desregulaciones económicas. Este único modelo posible mutiló al Estado en su capacidad de intervención para la promoción social, arrinconándolo principalmente en sus funciones de seguridad y defensa de la propiedad y de la estructura económica oligárquica vigente.

En los años noventa pasaron a la categoría de intereses generales los siguientes intereses sectoriales y corporativos: la defensa irrestricta de la propiedad privada, en especial de la tierra, el crecimiento económico y el aumento de las exportaciones como única vía al progreso, la total apertura y beneficios para las inversiones extranjeras, la reducción de los impuestos para estimular el ánimo empresarial, la equiparación de libertad de expresión con el papel de la prensa comercial, la consagración de la tecnología y el consumo como símbolos de la modernidad y el éxito, la idea de “democracia representativa” como la única posible, la estigmatización y descalificación de todo aquel que cuestione estas “verdades”, como los campesinos organizados y los “zurdos bolivarianos”.

Estas ideas hegemónicas consagradas en las dos últimas décadas fueron entronizadas en gran medida por la enorme concentración de los medios de información en manos de los empresarios, integrantes del bloque dominante: el abanderado en la implantación de este pensamiento es el diario ABC Color, del grupo Zuccolillo (dueño de inmobiliarias, constructoras, bancos, shoppings, mercados de comercialización, editoriales y publicitarias), medio que tiene la capacidad de establecer los temas y la línea discursiva que posteriormente siguen los políticos, congresistas y gremios empresariales, hasta que finalmente gran parte de la sociedad los acepta como ciertos. Las demás empresas de comunicación completan el cerco mediático que encierra a la sociedad: Última Hora, La Nación, Telefuturo, Canal 9 y 13, Red Guaraní, y las potentes radios comerciales. Con el control de los medios de comunicación[2] se completan los instrumentos de dominación del bloque hegemónico: la conservación de los privilegios y del modelo agroexportador serán defendidos hasta las últimas consecuencias por la presión económica, la instrumentación política y la imposición ideológica.

Los sectores no hegemónicos y subalternos

Los miembros reales del bloque hegemónico son una estrecha minoría en el país, incluyendo a los actores económicos, políticos e ideológicos no llegarían a un 5% de la población, aunque parecieran ser muchos más, por la cantidad de personas subordinadas que repiten convencidas o por conveniencia las ideas del discurso dominante. La contracara de este bloque es la inmensa mayoría de la sociedad paraguaya, atomizada y fragmentada por múltiples factores, entre ellos por la propia acción del sector hegemónico. Aquí se encuentran el campesinado y los pueblos indígenas, que en conjunto casi representan un 40% de la población; los obreros/as, empleados/as, trabajadores/as domésticos, cuentapropistas y changadores/as, docentes, transportistas, desempleados y subempleados, además de los que han emigrado al exterior, que en conjunto representarían otro 40% de nuestra sociedad, y que en su mayor parte está en situación de pobreza o como miembro precarizado de una clase media cada vez más cercana a la incómoda frontera que la separa de la clase baja.

En el ámbito político, históricamente estos sectores han actuado y resistido principalmente mediante las organizaciones y movimientos sociales, y recién en los últimos años en forma creciente en partidos políticos contestatarios al orden vigente. En el primer grupo se han destacado los movimientos campesinos en su lucha por la tierra, lo que le ha costado innumerables mártires en las últimas décadas; en menor medida se han desplegado las organizaciones sindicales, estudiantiles y otras similares. Por el lado de los partidos de izquierda, al histórico Partido Comunista se han ido sumando otros en la década del 90, como el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Patria Libre y Convergencia Popular Socialista, todos con muy limitada extensión organizativa y electoral. Recién en los últimos años, en coincidencia con el proceso electoral del 2008, estos partidos así como varios otros que han surgido, entre ellos Tekojoja, PMAS, 20 de Abril, PMPP, PPC, han dado como bloque articulado un salto cualitativo y cuantitativo, constituyéndose por primera vez en décadas en un bloque aunque no hegemónico, al menos significativo en sus posibilidades de incidencia política y alcance electoral, que pueda disputar espacios de poder a los desgastados partidos hegemónicos del sistema.

En cuanto a la lucha ideológica y cultural, los sectores subalternos se encuentran en una situación muy desventajosa frente a los voceros del sistema. No obstante, en los últimos años también han emergido una importante cantidad de medios alternativos de información, en especial mediante una gran cantidad de radios comunitarias extendidas por la mayor parte del país. Los medios digitales y las redes sociales se presentan como espacios crecientes de contrahegemonía frente a los diarios empresariales. El salto cualitativo en este ámbito se dio con la creación de la TV Pública, que se ha presentado en su primer año de existencia como un espacio democrático y plural, aunque esto se ve amenazado por los últimos acontecimientos acaecidos. Un aporte adicional en este ámbito lo están dando instituciones de investigación e intelectuales desde una perspectiva crítica, quienes también están empezando a cobrar mayor notoriedad en la sociedad paraguaya.

Tensiones acumuladas al 2008

El principal conflicto en el Paraguay gira alrededor de la estructura económica, la organización y distribución de los factores productivos, y los consecuentes resultados para la sociedad. El modelo económico vigente, construido en el proceso histórico provocado por la guerra de 1864 -1870, está edificado sobre la enorme concentración de la tierra y otros recursos productivos, que orientó la economía hacia la agroexportación de materias primas y a una extrema dependencia hacia las importaciones de productos y capitales extranjeros. Los resultados de esto han sido una sociedad con una “desigualdad abismal”[3], quizá el país más desigual del continente, elevadísimos niveles de pobreza y pobreza extrema, altísimos niveles de subempleo, precariedad laboral e informalidad. La desigualdad y las necesidades no satisfechas generan tensiones y conflictos, generan impotencia e incluso odio, por la injusticia social imperante y la inmoral ostentación de riquezas. El desgaste de este modelo económico así como de la superestructura política que lo defiende, en los años de la transición, es uno de los principales factores que explican la victoria electoral de Fernando Lugo en el 2008.

Observando el contexto global, la economía neoliberal ha entrado en la primera década del siglo XXI en una situación de descrédito por sus pésimos resultados, lo que facilitó la emergencia de gobiernos progresistas en toda Latinoamérica, descrédito que persiste en un mundo sumergido en una crisis de la que no puede hasta hoy escapar. Las ideas hegemónicas del libre comercio, la no intervención del Estado y las bondades del mercado, el corpus de la ideología neoliberal, han perdido en gran medida su fuerza de convencimiento, por lo que cada vez son menos efectivas para la dominación de la clase hegemónica, lo cual debilita a este bloque y posibilita el surgimiento de actores con un nuevo discurso programático y un perfil político alternativo.

A esta tensión estructural se ha sumado el hartazgo de un amplio sector de la sociedad hacia la práctica política del Partido Colorado durante sus 60 años en el poder, ejercida solo en función a lograr beneficios para sus correligionarios, desprovista de principios éticos, caracterizada por la corrupción generalizada, el enriquecimiento ilícito, la apropiación de los bienes estatales, el nepotismo y prebendarismo como prácticas cotidianas, la coima y el padrinazgo como condiciones de progreso. Esta política antagónica con la política auténtica, la que busca el bien común, provocó en gran medida un consenso ciudadano en torno a la necesidad de desalojar a la ANR del poder de modo de destrabar la empantanada transición hacia la democracia en el país.

El conjunto de estas tensiones económicas, ideológicas y políticas convergió en el resultado del 20 de abril de 2008, la derrota del partido político hegemónico dentro del sector dominante, y la apertura de un periodo de disputa en torno al poder político e ideológico por parte de actores subalternos, dentro y fuera del bloque dominante.

Las tensiones al 2012

El gobierno de Lugo fue un fenómeno muy complejo, con aciertos y desaciertos, que debe ser analizado y valorado en cada aspecto en su justa dimensión, trabajo que excede las posibilidades de un artículo como este, por lo cual acotamos la mirada sobre aspectos relacionados a la dominación del bloque hegemónico. A aquellas tensiones y conflictos estructurales que precedieron a la elección de Lugo se fueron sumando nuevas tensiones a partir de la gestión del Poder Ejecutivo por parte de la heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio. El gobierno de Lugo no ha sido de izquierda como lo presentan la prensa comercial y los políticos conservadores, sino fue un gobierno de centro que en los temas económicos tiró más hacia la derecha y en los temas sociales más hacia la izquierda, pero que en varios aspectos amplió los alcances o los estrechos límites de nuestra democracia, con mayor participación, diálogo y apertura hacia la sociedad y los sectores tradicionalmente excluidos. El Estado paraguayo bajo el poder de la ANR ha sido sordo, ciego y mudo frente a las demandas de la sociedad, pues nunca oyó los reclamos de mayor justicia social, nunca miró ni se ocupó de la desigualdad y la marginación, y nunca se constituyó en interlocutor de la gente, cerrando siempre las puertas a la participación.

En cierta medida el gobierno Lugo avanzó en la democratización del Estado, desarrollando una estrategia de participación ciudadana, creando incluso una política de participación protagónica para ir incorporando a los sectores sociales al diálogo y la construcción conjunta de políticas públicas. Sectores sociales y ciudadanos por vez primera pudieron acceder a la gestión pública, con una visión diferente a la tradicional, como en el caso del Senave, la Seam, el Indert, el Viceministerio de Agricultura, entre otras entidades, lo que permitió, en mayor o menor medida, el redireccionamiento de las políticas de estas instituciones. Las Audiencias Públicas como las desarrolladas en torno a la propuesta de la empresa Río Tinto Alcán, acompañaban esta tendencia hacia una democracia participativa que supera la estrechez de la democracia representativa tradicional. En una sociedad políticamente tan conservadora e incluso atrasada como la nuestra, hasta estos pequeños conatos de democracia y participación son vistos como una peligrosa amenaza por parte del bloque hegemónico para la conservación del orden establecido.

Esta línea del gobierno permitió que instituciones que tradicionalmente fueron casi oficinas burocráticas funcionales a los negocios de los empresarios privados, como el Senave, la Seam y el Indert, pudieran ejercer en mayor medida su rol original de regular y controlar a los actores privados, tan solo aplicando las normativas vigentes, lo cual creó focos de conflictos permanentes con el bloque hegemónico, que no cesaron en sus intentos destituyentes hacia quienes presidían estas instituciones, a veces con éxito y otras no. Aunque el gobierno de Lugo no logró abordar con éxito los problemas estructurales del país, sí permitió que estos problemas sean más visibles y formen parte del debate público, como no ocurría en años anteriores. El problema de la tierra ganó mayor centralidad, como en los casos de Ñacunday, las tierras de Teixeira y de los históricos yerbales de Barthe, cuestionándose en muchos casos la legalidad de los títulos de propiedad y la existencia de tierras malhabidas. Otros problemas que ganaron notoriedad pública fueron la baja presión fiscal y los bajos impuestos que se pagan en Paraguay, los problemas ambientales por deforestación y mala aplicación de agrotóxicos, la concentración privada de los medios de comunicación, situación que profundizó las tensiones entre los grupos de poder y el gobierno luguista. La mayor visibilidad de estos problemas es una forma de desgaste ideológico hacia la estructura económica y el modelo agroexportador defendido por el bloque hegemónico.

Otra tensión que se profundizó en el periodo de Lugo fue la que se desarrolló entre los 3 poderes del Estado. Fueron permanentes y notorios los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, así también con el Poder Judicial. La sociedad empezó a ver con mayor nitidez el rol y las funciones que cumple cada uno de ellos, y se hizo notorio que los obstáculos para avanzar sobre problemas de fondo los ponían principalmente el Congreso y la Justicia, como ocurrió en torno a la cuestión de la tierra y su necesaria desconcentración. Este proceso tímidamente impulsado por el gobierno de Lugo fue frenado políticamente por el Congreso, que incluso interpeló al presidente del Indert, a lo cual se sumó la telaraña judicial donde todo intento de recuperación de tierras quedó atrapado. Cosa similar ocurrió con el Impuesto a la Renta Personal y el gravamen a la exportación de productos agropecuarios. A tal punto se evidenció la tensión entre los poderes del Estado que varias movilizaciones ciudadanas fueron dirigidas directamente contra el Congreso y el Poder Judicial.

La política exterior de Lugo fue otro foco de tensión, interna y externa, en especial desde el nombramiento del último canciller, Lara Castro. Hubo un mayor acercamiento a los países de Sudamérica, como Brasil, Argentina, Uruguay e incluso Venezuela, y cierto enfriamiento de las tradicionalmente cálidas relaciones con los EE.UU., que incluso provocó en su momento la destitución del ministro de Defensa por un entredicho con la embajadora norteamericana. El Paraguay se empezó a acercar al proceso de integración soberano de la región, con su participación en la Unasur y otros espacios, buscando la incorporación de Venezuela al Mercosur, trabada solo por el Congreso paraguayo, lo cual despertó la antipatía del sector conservador y de la propia delegación estadounidense, por lo que esta línea podría representar para sus intereses económicos y geopolíticos en el futuro.

Finalmente, quizá el aspecto que más preocupaba a los sectores conservadores y que aceleró la realización del golpe parlamentario era la cercanía de las próximas elecciones generales en abril de 2013. Las elecciones son un momento determinante en los procesos sociales y políticos de las sociedades modernas, pues en ellas se concretizan o se coagulan la dinámica social previa, el crecimiento o reducción de la fuerza política de los diferentes sectores, una elección puede certificar el progreso o el retroceso de un sector determinado. Y aquí el miedo de la derecha era fundado: la elección del 2013 podía ser para los sectores progresistas, estando en función de gobierno con parte importante del Estado bajo su administración, el momento de la consolidación numérica de su crecimiento, el certificado de nacimiento de una fuerza ideológicamente contraria al bloque dominante, que realmente sea una amenaza a sus intereses y a su dominación. Para la derecha paraguaya era intolerable que el luguismo llegue a las elecciones con la ventaja de contar con parte del aparato estatal, tradicionalmente en manos de los partidos conservadores, y utilizado por éstos para la reproducción de su dominación política.

¿Restauración o resquebrajamiento de la dominación conservadora?

El conjunto de estas tensiones emergentes, a lo cual se deben sumar los errores cometidos tanto por Lugo, el Frente Guasu y los movimientos populares, condujeron al golpe parlamentario del 22 de junio de 2012, y la toma del Poder Ejecutivo por parte del conservador Partido Liberal Radical Auténtico.

En el corto plazo el objetivo del bloque dominante es la reconstrucción o restauración de su hegemonía en el plano político con el control del Ejecutivo, y fortalecer aún más su poder económico e ideológico. Para ello, sofocar las tensiones emergentes es una tarea urgente para los sectores hegemónicos. Las medidas en este sentido de Federico Franco son casi desesperadas: despidos de funcionarios afines ideológicamente con la izquierda y posicionamiento de la dirigencia liberal en el Estado; vía libre a la biotecnología y las corporaciones transnacionales sometiendo el Senave y la Seam a esos objetivos; rápida negociación y aprobación de Río Tinto Alcán; vuelta al núcleo de las políticas económicas neoliberales, restricción del gasto social, búsqueda de inversiones extranjeras, concesiones e incluso privatizaciones; mayor distanciamiento del proceso de integración regional; cierre de toda gestión tendiente a recuperar tierras malhabidas y búsqueda de salidas de “mercado” al problema de la tierra.

Pero de lo que no se está percatando el sector conservador es que el país ha cambiado en los últimos 4 años, la falsa confrontación entre la ANR y el PLRA ha perdido vigencia, y ahora se están imponiendo progresivamente el debate y la disputa de fondo entre derecha e izquierda, entre el bloque hegemónico y los sectores subalternos. El nivel de conciencia y de reflexión crítica en el 2012 no es el mismo que el del 2008. Las ideas hegemónicas de la derecha están siendo cuestionadas por un mayor número de paraguayos y paraguayas, que van entendiendo que el viejo modelo económico y político nada bueno puede traernos, y las transformaciones estructurales se van imponiendo como una necesidad en la nueva conciencia social que va emergiendo, que se va constituyendo. Y en esto está patinando la restauración conservadora, el consenso ideológico con que contaba en los años previos al 2008 ya no existe, al menos para amplios sectores de la sociedad paraguaya. Lo cual abre en el horizonte del Paraguay las dos posibles salidas a este momento crítico: la oportunidad de avanzar en la construcción de un bloque contrahegemónico o la amenaza de retroceder hacia una dominación mucho más excluyente, violenta y autoritaria por parte del actual bloque hegemónico.

 



[1]     El dato que mejor refleja el poder económico y la posición hegemónica de este sector es el de la concentración de la tierra: el 2,6% de los propietarios son dueños del 85% de las tierras en el Paraguay.

[2]     Para la imposición ideológica la derecha utiliza además otros medios: la publicidad, la universidad, las iglesias, los “referentes” o tecnócratas, etc.

[3]     Utilizando la expresión de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y DD.HH., Magdalena Sepúlveda, en su visita al Paraguay en diciembre de 2011.

Comentarios

Publicá tu comentario

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.

Inicia sesión como administrador y mira la página de configuración de Instagram Feed para obtener más detalles.