Para aprobar la ley de APP los legisladores reconocieron que han dejado insolvente al Estado

Los legisladores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con aliados de grupos minoritarios, aprobaron la ley de alianza público-privada (APP) argumentando que el Estado está desfinanciado y que es incapaz de realizar las inversiones que necesita el país.

Una bandera negra ondea frente a la sede del Congreso.

Los representantes de la ANR y el PLRA, los dos partidos que en su conjunto ejercieron la tutela de los recursos públicos durante la mayor parte de los últimos 100 años, aprobaron la ley de alianza público-privada (APP), con el apoyo de otras agrupaciones minoritarias, argumentando que el Estado está desfinanciado y que es incapaz de realizar las obras de infraestructura que el país necesita. Luego de más de 100 años de repartirse el patrimonio público, los dos partidos tradicionales reconocen que han vaciado la administración pública y que ahora no les queda otra que ofertar lo poco que queda a los capitales privados.

La sesión extraordinaria de la Cámara Baja se limitó a plantear la discusión en torno a la aprobación del texto de Diputados o las modificaciones introducidas por el Senado. En esencia, ambos proyectos habilitan discrecionalmente al Ejecutivo a concesionar todos los bienes, recursos y servicios públicos, aunque la versión aprobada cita explícitamente los alcances de la ley.

Ramón Romero Roa (ANR), de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aseguró que la ley no otorga superpoderes al Ejecutivo, sino que constituye “un mandato y una obligación” para que el presidente Horacio Cartes atraiga inversiones al país. También insistió en que el Estado no transfiere sus bienes, sino que los entrega por plazos de 30 años prorrogables y que al terminar el contrato los bienes vuelvan a ser de dominio estatal.

En tanto, el también diputado colorado José María Ibáñez señaló en apoyo a la ley la paradoja de que siendo un país que alimenta a 60 millones de personas en el mundo tenemos más de dos millones de personas que padecen hambre. En este sentido aseguró que con las APP se combatiría la pobreza. Sin embargo, perdió de vista que precisamente la privatización de la tierra es la responsable de la situación señalada mediante la cual se exportan grandes cantidades de productos agropecuarios mientras los niveles de pobreza de la población aumentan por la concentración de la renta.

“Debemos dejar al sector privado las obras en las zonas en las que el Estado no llega. Arriesgándonos a incluir al capital privado el Estado logrará estar presente allí donde está ausente”, afirmó.

Ibáñez admitió en su intervención que con la normativa el Estado asume todos los riesgos al argumentar que no se trata de una concesión, ya que en esta los privados “invierten a su cuenta y riesgo. Pero en este caso el Estado pagará a los privados en caso de que las inversiones no sean rentables”, refirió.

El diputado colorado resaltó como motivo de orgullo la mano de obra precarizada existente en nuestro país, ya que festejó que los costos laborales en Paraguay representen apenas el 65% de lo que las empresas deben pagar en el Brasil, así como el precio de la electricidad, que equivale a un 35% de lo que cuesta en el país vecino.

“Este modelo de gestión ha fracasado”, remató Ibáñez.

Así, la sesión fue transcurriendo con repetidos llamados de atención del presidente de la Cámara Baja, Juan Bartolomé Ramírez, de que los legisladores no prestaban atención a sus colegas oradores.

“Nos será imposible hacerlo como Estado”, expresó de manera tajante el diputado liberal Julio Enrique Mineur.

A su turno, la diputada Rocío Casco, de Avanza País, se expresó en contra del hecho de que con esta ley se sustituyan las acciones públicas por las privadas y señaló que es falso que el Estado no ceda atribuciones. Entre los detractores de ambas versiones se sumó el diputado Ramón Duarte, del Frente Guasu, quien propuso la realización de un referéndum vinculante para que la población decida sobre un proyecto que compromete los destinos del país por al menos los próximos 50 años.

Los manifestantes corean cánticos de manera pacífica momentos antes de que la Montada arremetiera violentamente contra ellos dejando varios heridos.

Por su parte, el diputado Édgar Ortiz (PLRA) señaló ante las críticas de que se entregan los bienes públicos que “estamos peleando por algo que no existe”, citando como ejemplo el mal estado de las rutas de nuestro país y las pérdidas económicas que registra la telefónica estatal Copaco.

Dando por cerrada la discusión, el legislador Clemente Barrios (ANR) presentó un “irrefutable” argumento a favor de la ley: una nota de los empresarios nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) solicitando la aprobación de la normativa.

Un cepo al Estado

Frente a los reiterados argumentos de que el Estado no cuenta con los recursos para hacer las inversiones que necesita el país, recordemos que recientemente el presidente Horacio Cartes vetó el impuesto a la exportación de granos en estado natural, profundizando la injusta estructura tributaria en la cual los sectores de mayor renta, como los agroexportadores, solo aportan el 0,4% de las recaudaciones. Asimismo, con la llamada ley de “responsabilidad fiscal” se puso un cepo a las inversiones públicas en salud, educación y otros servicios básicos.

Finalmente, con la violenta represión registrada contra los manifestantes se ratifica que el gobierno de Cartes descansará en tres ejes fundamentales: recortes sociales, privatización y un poder de fuego implacable contra la protesta social.

Comentarios

Publicá tu comentario

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.

Inicia sesión como administrador y mira la página de configuración de Instagram Feed para obtener más detalles.