Países de la región siguen utilizando la tortura como método

Organismos internacionales elaborarán un informe conjunto en materia de prevención y prohibición de tortura y malos tratos.

Preocupan “numerosas y concordantes” denuncias de torturas y malos tratos a detenidos por parte de miembros de la Policía paraguaya.

Fotograma de un video que se filtró el año pasado, donde un oficial de la policia tortura a un joven del Bañado Sur.

Los países de la región no sólo aplican la tortura como método sino que incumplen abiertamente las recomendaciones de los organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se ocupan de intentar erradicar tan horrible y repudiable método.

Esta situación preocupa a los organismos contra la tortura del Sistema de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al constatar el alto grado de incumplimiento de sus recomendaciones en materia de prevención y prohibición de la tortura y los malos tratos, por parte de los Estados de la región, acordaron elaborar un informe conjunto sobre el tema.

La discusión en estos organismos, según información proveniente de la Dirección de Prensa y Difusión de la CIDH, comenzó a principios de año cuando se reunieron, en marzo pasado, por primera vez en Washington para coordinar actividades. El fin de mes de noviembre se reunieron por segunda vez.

La reunión estuvo cruzada por la preocupación ante las graves condiciones de detención en los países de la región, la persistencia de numerosos casos de torturas y malos tratos y la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos.

También se profundizó la preocupación respecto del alto nivel de incumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones formuladas en los últimos años por los mecanismos regionales y universales, “en forma reiterada y coincidente”, en materia de prevención y prohibición de la tortura y los malos tratos.

Se consideró, asimismo, la directa relación entre, por un lado, la tendencia a adoptar políticas públicas represivas en materia de seguridad ciudadana, y por otro, el aumento de la población carcelaria, el incremento de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y el empeoramiento de las condiciones de detención.

A ambas reuniones asistieron, por parte de la ONU, representantes de la Relatoría Especial contra la Tortura; el Comité contra la Tortura; Subcomité para la prevención de la tortura y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participaron miembros de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y el Secretario Ejecutivo de la CIDH.

Tortura en Paraguay

Con respecto a nuestro país, el Comité de la ONU Contra la Tortura también expresó su preocupación  por las “numerosas y concordantes” denuncias de torturas y malos tratos a detenidos por parte de miembros de la Policía paraguaya, así como por el uso “habitual y extendido” de la prisión preventiva.

El organismo lamentó que el gobierno no haya comunicado “datos consolidados sobre denuncias de torturas, investigaciones y sanciones aplicadas”, y señaló que en las cifras que le proporcionó sobre sumarios administrativos relacionados con policías no se indican cuántos de esos casos llegaron a un proceso judicial.

Por otra parte, el grupo de expertos de la ONU expresó su extrañeza porque, según los datos oficiales, sólo se presentaron nueve denuncias de torturas en prisiones, “lo que contrasta con las persistentes alegaciones y amplia documentación recibida de otras fuentes”.

El comité se refirió también a “la falta de respeto al plazo máximo legal para la prisión preventiva”. De manera particular, los miembros del comité se mostraron preocupados por “las condiciones materiales”  del pabellón psiquiátrico de la prisión de Tacumbú y por la falta de atención médica a las personas que están recluidas allí.

En el ámbito de los centros de detención, el comité de la ONU señaló haber recibido denuncias de  “actos de corrupción generalizada en el sistema penitenciario y en la Policía”  de Paraguay.

Indicó que, según testimonios, los prisioneros  “deben sobornar a funcionarios públicos para obtener atención médica, alimentos o recibir visitas”.

Estado de excepción

El informe aborda también la declaración del estado de excepción en los departamentos de Concepción y San Pedro el pasado 10 de octubre por un periodo de 60 días. Esta situación preocupa al comité por “la restricción de derechos humanos durante ese periodo”.

La sugerencia de los miembros del Comité es que Paraguay debería tomar decisiones de ese tipo sólo cuando sea  “absolutamente necesario”, y recuerdan que tiene la obligación de hacer respetar los derechos civiles y políticos y velar por que no haya casos de tortura.

Comentarios

Publicá tu comentario