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Otra de Wiens: Promueve ley que amenazaría a todas las tierras indígenas

Muchos indígenas de Canindeyú y Alto Paraná, engañados por "alianzas" con productores sojeros, terminaron desplazados a los basurales de la ciudad. Fotograma del documental Yvy Perome.

Muchos indígenas de Canindeyú y Alto Paraná, engañados por «alianzas» ilegales o alquileres con productores sojeros, terminaron desplazados a los basurales de las ciudades. Fotograma del documental Yvy Perome.

En diciembre del 2014, presentó el proyecto de ley «Por el cual se modifica el artículo 18 de la Ley 904/1981 Estatuto de las Comunidades Indígenas». El objetivo de la misma, según la propuesta, es “otorgar la posibilidad a las comunidades indígenas, propietarias de inmuebles a realizar cualquier tipo de actividad de desarrollo sustentable que ellos decidan, eligiendo de esta manera la actividad económica de su preferencia”.

En realidad “nos quieren quitar lo poco que tenemos de territorio”, dice Angel Verá, de la Federación de Asociaciones de Comunidades Guaraníes de la Región Oriental. El dirigente resalta que el proyecto no fue consultado con los indígenas, y que además es inconstitucional. “Nuestra posición es la no modificación, porque no es el momento, porque no es el pueblo indígena el que quiere modificar, es parte interesada”, expresó.

En la argumentación, los proyectistas señalan que existen 1.008.672 hectáreas de tierras indígenas, que sin bien está en déficit, “mantener un territorio tiene costos elevados”, señalan. “Este proyecto de ley pretende garantizar la sostenibilidad de las tierras indígenas, que ellas permitan conservar la cultura de cada etnia”, expresa. “Es imperante otorgar la oportunidad a que las comunidades indígenas puedan realizar actividades económicas de manera a mejorar su calidad de vida”, agrega más adelante, argumentando también que muchas comunidades ya no tienen bosque y que no pueden vivir de la caza y recolección.

«Uso racional»

El proyecto busca específicamente modificar el el artículo 18 del capítulo II de la Ley 904/1981 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” cuyo texto quedaría redactado como sigue:

Artículo 18: La superficie de las tierras destinadas a comunidades indígenas sean ellas fiscales, expropiadas o adquiridas en compra del dominio privado, se determinará conforme al número de pobladores asentados o a asentarse en cada comunidad de tal modo a asegurar la viabilidad económica y cultural y la expansión de la misma. Se estimará como mínimo, una superficie de veinte hectáreas por familia en la Región Oriental, y de cien en la Región Occidental.

Las tierras podrán ser utilizadas de manera racional, conforme lo decida la comunidad, para garantizar la sustentabilidad de la tenencia de la tierra y un adecuado modo de vida de las comunidades indígenas. Aquellas actividades que requieran de licencias ambientales, debido permiso de la autoridad competente.

La modificación “permitirá dentro del Marco Normativo Ambiental de la República del Paraguay, que las familias y comunidades indígenas efectivamente desarrollen actividades agropecuarias en sus tierras”, explican.

Los otros impulsores de este proyecto son Arnaldo Giuzzio, Enzo Cardozo, Blanca Ovelar, Jorge Oviedo Matto  y Miguel López Perito.

Angel Vera, a la derecha de la foto, en un encuantro de la FAPI. Foto: FAPI.

Angel Vera, a la derecha de la foto, en un encuantro de la FAPI. Foto: FAPI.

Promovería alquiler de tierras

Varias organizaciones indígenas ven en este proyecto otro trasfondo. “Las tierras podrán ser utilizadas de manera racional” es una de las expresiones que generan sospechas, y que señalan busca abrir las mismas para el alquiler o venta a sojeros y ganaderos. Esto, teniendo en cuenta que varias comunidades hoy son sometidas bajo engaños o por presión a acuerdos ilegales de alquiler de tierras, que dejan sin bosques y prácticamente en la miseria a los nativos. “Peango justamente ha’ekuera, ipatronkuera ojeadueña hagua la tierra indígena gui. No es viable. Por eso decimos no a la modificación”, dice Verá.

Este lunes la Federación, Kuña Guaraní Aty, Red Juvenil, ONAI, y otras 30 organizaciones presentarán un pedido de rechazo del proyecto en el Congreso. “Si no conseguimos saldremos a la calle, no va quedar así nomás”, advierte el dirigente.

Sin consulta, otra vez

Verá lamenta que nuevamente se realice una medida como esta, en la que los indígenas son afectados, sin consulta pese a que lo establece la ley. “Toda vez que hay mala intención, así nomas luego se hace. Cada gobierno que viene trata de hacer esto. Cada gobierno debe responder a su patrón. Ahí está su interés, el único interés es el territorio indígena”, lamenta Ángel.

Wiens había estado en el centro de la tormenta en el caso Cerro León. El mismo había promovido la ley de delimitación del parque Defensores del Chaco, en el cual se habilitó el uso de sectores del mismo para actividades de «desarrollo», poniendo en riesgo a grupos indígenas aislados y la biodiversidad. Dicho proyecto, pese a que afecta gravemente a indígenas ayoreo, no pasó por un proceso de consulta también.

Modelo menonita

«Hoy en día, muchos indígenas ya cuentan con una amplia capacitación y experiencia en el ámbito agropecuario. Abundan los casos en los cuales ellos son peones y hasta capataces de estancias, o encargados del funcionamiento completo de tambos”, dijo Wiens al presentar su iniciativa en diciembre pasado.  Aseguró que tienen como objetivo brindarles la posibilidad a las “comunidades indígenas que así decidan organizarse y trabajar para el desarrollo sustentable «. Puso de ejemplo al proyecto de la comunidad Yalve Sanga, en Loma Plata, que trabaja con los menonitas de la zona.

Por su parte, Angel Verá señala que hay muchas experiencias exitosas en comunidades indígenas, que tienen un buen desarrollo respectando sus tradiciones y modelo económico y organizativo. Puso de ejemplo la comunidad Fortuna, en Canindeyú, donde vive. Allí el INDI les otorgó unos 120 millones para fortalecer su producción, y por medio de la mecanización de su chacra, tuvieron un gran incremento de productos, sin ningún tipo de asistencia técnica. “Koaga tuicha ñande kokue”. Y eso fue con un apoyo ínfimo, dice. Resalta en ese sentido la responsabilidad del Estado, para presentar planes, créditos y programas enfocados a desarrollar las comunidades indígenas. Al contrario, ahora “quieren ver como pelar territorios indígenas”.

 

 

 

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