Advierten sobre gran daño provocado a las posibilidades de atención a los indígenas

Caso que involucra a Rubén Quesnel, ex titular del Indi, quien hizo desaparecer unos 2.900 millones de guaraníes que debían ser destinados a la atención a los pueblos indígenas.

Captura del video en que se observa a los funcionarios mientras aguardan en una ventanilla del BNF para retirar el dinero.

El extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y miembro de la organización Tierra Viva,  abogado Óscar Ayala, dijo que el caso de vaciamiento de los fondos de desarrollo que debían ser destinados a las comunidades indígenas de Sawhoyamaxa y Yakye Axa es no solo una daño al patrimonio público, sino a las posibilidades mismas de atención a los pueblos indígenas.

Rubén Quesnel, extitular de la institución durante el gobierno de Federico Franco, está imputado y se ordenó su detención por el faltante de 2.900 millones de guaraníes. Hay claros indicios que involucran a Quesnel con el caso, como una grabación de enero de este año en que se observa al imputado en compañía de otros dos funcionarios –la exdirectora de Finanzas Marlene Mendoza Ferreira y el contador Ever Otazo Martínez– mientras retiran el dinero del Banco Nacional de Fomento (BNF).

“La administración que estuvo presidida por el señor Quesnel ha producido una de las mayores lesiones no solamente al patrimonio público, sino a las posibilidades de atención a las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país. Y en este caso concreto, que ya cobró estado público y respecto al cual el Ministerio Público está también iniciando sus investigaciones, creo que podemos decir que es un caso que deja de manera nítida la corrupción generalizada que se vivió durante la administración de este señor”, declaró Ayala a radio Cardinal AM.

“En un tema particularmente grave porque, como ya se dijo, estos fondos estaban destinados a ser parte de un fondo mayor que debería estar destinado al desarrollo de estas comunidades que obtuvieron fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2005 y 2006 que obligaba al Paraguay, además de restituir las tierras, a integrar estos fondos de desarrollo comunitario (…). Ahora fue malversado o directamente robado según todas las evidencias que están surgiendo”, añadió.

También refirió que a la comunidad Yakye Axa ya les fueron transferidas las tierras y que ahora deben culminarse los caminos a fin de poder acceder a ellas. Una vez que el asentamiento de la comunidad esté concluido, el Estado debía proporcionar estos recursos que ahora están siendo denunciados como robados.

Al ser consultado sobre la facilidad con que se concretó el retiro sorteando los organismos de control, explicó que “es importante tener en cuenta que el señor Quesnel así como esta señora Marlene Mendoza, el otro funcionario que fue imputado (Ever Otazo Martínez), todos son funcionarios de la Contraloría General de la República. El señor Quesnel era el síndico de la Contraloría en el Indi. ¿Qué es lo que quiero señalar con eso? Son los funcionarios que tendrían que ser los más atentos y cuidadosos con los recursos públicos en la función de auditor que tienen, son hoy los principales sospechosos de la perpetración de un hecho punible sumamente grave contra el patrimonio público”.

Ayala también hizo referencia a otros casos de corrupción que involucran a Quesnel,  como la venta de tierras de la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo, por el que se encuentra imputado.

“Cuando se producen todos los eventos políticos que culminan con la destitución de Lugo (…) fue una cosa muy fuerte ver cuando este señor Quesnel y un  grupo de gente van y toman literalmente el Indi, los recursos, los vehículos. Ya se hacen cargo incluso antes del nombramiento suyo en la institución. Uno veía venir realmente graves penurias a esa institución tan castigada. Y no tuvieron ningún pudor. El señor Quesnel ya está imputado en otra causa por haber vendido, algo sin precedentes en la historia de la institución, 25.000 hectáreas en el Chaco en una operación que fue claramente resultado también de una maniobra de corrupción. Todavía está por verse cuando termine el juicio los intereses que se movían detrás”, sostuvo el abogado.

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