Organizaciones sociales rechazan “alianza público-privada” y anuncian grandes movilizaciones

Un rechazo total expresaron líderes de centrales obreras, movimientos sociales y campesinos al proyecto de ley
–con media sanción del Senado– de Alianza Público-Privada (APP) que sería analizado el próximo 28 de octubre por la Cámara de Diputados. Durante la audiencia pública realizada este miércoles en el Salón Comuneros de la Cámara Baja afirmaron que de aprobarse la ley, el presidente de la República, Horacio Cartes, tendría un dominio discrecional sobre las empresas y recursos del Estado que terminarían en manos de capital privado. 

Aspecto de la audiencia pública realizada ayer en que las organizaciones sociales denunciaron que se pretende llevar a cabo una privatización encubierta. Foto: radioviva. com.py.

Una masiva concurrencia tomó parte de la audiencia pública en la que los líderes de diversos sectores de la sociedad civil manifestaron su posición sobre la polémica ley que está en estudio en el Congreso Nacional y que viene siendo impulsada desde el Poder Ejecutivo, al que consideraron como una privatización encubierta, pues al tiempo que  sus impulsores señalan que los bienes no serán enajenados, las concesiones contemplan periodos de hasta 40 años.

Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP – Auténtica), recordó que en todos los países donde se implementó el mismo sistema de alianza público-privada el resultado fue de riqueza para solo unos pocos, pobreza para la mayoría. “¿Por qué se quiere experimentar un nuevo fracaso?; solo quien compró o alquiló para ser presidente de la República hoy quiere vender lo que ha comprado. No es cierto lo que expresan algunos parlamentarios que si el contrato (con una empresa privada) está mal se pueda cambiar, sí, se puede cambiar pero dentro de 40 años porque los litigios serán ante una corte internacional”, resaltó.

Por su parte, José Pineda, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), expresó en tono irónico que con esta ley lo único que aún no se pretende privatizar son los raudales que se forman en la capital con cada lluvia, porque después los ríos, las rutas, los servicios de salud y educación pasarían a manos privadas.

Recordó que las mayores obras de infraestructura como las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá fueron construidas con capital público y que si el problema es la falta de recursos económicos apuntó a la aprobación del impuesto a la exportación de granos en estado natural, que hubiera significado el ingreso de unos USD 300 millones de dólares, pero que Cartes decidió vetar al tomarlo como un “castigo” al sector agropecuario.

En tanto, Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, señaló que existe experiencia de sobra en el Paraguay que confirma que la alianza con el sector privado ha significado el “saqueo de los recursos del Estado”. Puso como ejemplo el caso de la empresa Aceros del Paraguay (ACEPAR) y la experiencia del Transporte Público en el Área Metropolitana, que está en manos de empresas privadas, que prestan un pésimo servicio a los ciudadanos y que incluso son beneficiadas con subsidios pagados por el Estado.

“Por qué tenemos que entregar el futuro de nuestros hijos y nietos. Exigimos al Congreso Nacional el rechazo a esta ley. Nosotros les garantizamos que el pueblo no se va quedar callado y saldrá a las calles para evitar la privatización de los recursos del Estado, vamos a parar el país con una huelga general”, advirtió.

Entre varias intervenciones también participó Julio López, de la Confederación de la Clase Trabajadora, quien cuestionó que la normativa se haya impulsado a espaldas del pueblo. «Se plantea rifar el patrimonio y poner en peligro la soberanía del país», aseveró.

“No es privatización”

El diputado colorado Dany Durand negó que la ley busque privatizar las instituciones del Estado, aunque reconoció que las modificaciones introducidas por los Senadores al proyecto inicial no solo son incorrectas, sino que atentan contra la Constitución Nacional. Por tal motivo se mostró a favor de que sus colegas aprueben la versión diputados.

“Esta no es una ley de privatización, es una ley de concesión. De hecho, hoy en el Paraguay las aguateras de San Lorenzo, Fernando de la Mora y muchos de los pueblos del interior están operando bajo la figura entrecomillas de la Alianza Público-Privada porque están prestando un servicio que el Estado no puede o no tiene los fondos para hacerlo, eso no es privatización es concesión”, destacó el parlamentario.

Dijo no estar de acuerdo con que el presidente Cartes tenga la libertad de realizar acuerdos con empresas privadas sobre los recursos del país sin pasar por la revisión del Congreso Nacional. No obstante, resaltó la urgencia de una ley que facilite la inversión en infraestructura.

“Nosotros no podemos esperar en Asunción a tener USD 800 millones de dólares para solucionar el problema gravísimo de contaminación en la bahía. Vayan por la costanera pero no por el lado lindo, sino por el otro lado y verán la cantidad de cloacas que desembocan en el río (Paraguay); o seguimos esperando por años que el Estado a través de préstamos tenga los recursos o hacemos hoy esas inversiones con capital privado”, sentenció.

Fuentes: Radio Viva y Radio 1000

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