Operativos militares han implicado grandes costos y no tuvieron resultados

Tras los últimos ataques atribuidos al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se está considerando la posibilidad de militarizar las zonas afectadas, aunque hasta ahora ello solo ha servido para amedrentar a la ciudadanía.

Mapa que ilustra algunos datos de la militarización en Paraguay en el periodo 2009-2010. Imagen: Serpaj Py.

Datos sistematizados por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj Py) revelan que las operaciones de militarización llevadas a cabo hasta ahora con el supuesto fin de combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) han resultado, además de costosas, inútiles.

En un cuadro que contempla solo el periodo 2009-2010, la organización, a través de datos recogidos de publicaciones de prensa, presenta una lista del monto y los conceptos de los gastos en operativos de seguridad.

Así, en 2009 se gastaron G. 4.600.000.000 en 26 patrulleras (automóviles gol), 60 motocicletas, y equipos antidisturbios. En los operativos Triángulo y Sombra llevados a cabo en el mismo año, se destinaron G. 2.000.000.000.

De esta manera la lista sigue con el primer lote de fusiles Galil y municiones comprados de Colombia por G. 2.600.000.000. En un segundo lote de armamento, entre fusiles del mismo tipo, granadas y municiones, se destinaron G. 1.552.500.000.

En cuando al estado de excepción declarado en 2010, los gastos destinados al Ministerio del Interior fueron de G. 1.869.511.520 y para Defensa, G. 7.894.724.180.

En tanto, en concepto de pago de recompensas a informantes se destinaron G. 1.200.000.000.

Asimismo, la organización hace un recuento de los operativos y las fuerzas destinadas a cada uno de ellos.

El Operativo Jerovia empezó el 8 de enero de 2009 y duró dos meses. Afectó a Tacuatí (San Pedro) y Kurusú de Hierro (Concepción). Participaron 500 militares y 250 policías.

 El Operativo Triángulo se inició el 12 de noviembre de 2009. Afectó a las comunidades de Puentesiño, Paso Barreto y Hugua Ñandu (Concepción). La incursión contó en principio con 105 policías, más un refuerzo posterior de 100 efectivos de grupos élite, que relevaron el 50% del primer grupo. Fueron sumados agentes de las comisarías locales (100).

El Operativo Sombra empezó el 14 de diciembre y culminó el 17 de enero de 2010. Fueron afectadas nuevamente las comunidades de Puentesiño, Paso Barreto y Hugua Ñandu; extendiéndose a Horqueta, Arroyito. Estuvo a cargo de 250 policías.

El Operativo Jaguareté empezó el 21 de enero y se prolongó hasta el 24 de abril del 2010. Abarcó Puentesiño, Paso Barreto, Hugua Ñandu, Horqueta, Arroyito. Movilizó a 350 militares y 230 policías, llegando a un total de más de 490 efectivos.

El Operativo Py’a Guapy, que tuvo lugar en el marco del Estado de excepción, desde el 24 de abril al 24 de mayo de 2.010. Comprendió a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Incluyó a 3.300 efectivos, entre policías y militares.

El estado de excepción del año 2010 duró 30 días y afectó a 5 departamentos del país: Alto Paraguay, Presidente Hayes, San Pedro, Boquerón y Amambay.

Por último, el estado de excepción del año 2011, que tuvo una duración de 60 días, tuvo vigencia en los departamentos de Concepción y San Pedro.

Cuadro elaborado por Serpaj Py que muestra los gastos realizados durante los operativos militares.

Como puede observarse, los operativos militares realizados con el fin de dar con el grupo han sido numerosos y han implicado grandes costos, aunque igualmente sus resultados han sido infructuosos más allá del amedrentamiento general a la ciudadanía.

Una misión internacional que se destacó en San Pedro y Concepción a propósito del estado estado de excepción de 2011, había denunciado abusos y atropellos. La misión había nombrado casos específicos de víctimas inocentes en los violentos allanamientos, realizados en horas de la madrugada, como traumas traumas en un niño con discapacidad, una niña que fue obligada a punta de fusil a tirarse cuerpo a tierra, entre otras situaciones.

Aquella misión había estado compuesta por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,  Perú, Uruguay y Paraguay. Por nuestro país estuvieron las organizaciones Base is, Conamuri, CDIA, Codehupy, Cladem py, Comunica, Fundar, Colectivo 25 de Noviembre, Diakonia, Plataforma contra la criminalización, Sindicato de Periodistas del Paraguay, Serpaj-Paraguay y Sobrevivencia. De los demás países estuvieron presentes de Serpaj América Latina, Serpaj Argentina, Serpaj Colombia, Comisede, Red Social de Justicia y Derechos Humanos Brasil, Inredh Ecuador y el  Equipo Latinoamericano del Observatorio de la Escuelas de las Américas.

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