Observadores sobre Curuguaty: «No se puede privar de su libertad a personas por acusaciones genéricas»

La misión de observación de SOA Watch de EEUU considera un grave atentado a los derechos humanos mantener en prisión a personas sin tener pruebas. Aseguran que poderes fácticos promovieron la masacre al obtener un desalojo ilegal, mediante influencias políticas, ya que la propiedad no tenía titulo. Descalifican al fiscal Rachid por no tener condiciones de neutralidad en la investigación.

La misión de la SOA Watch llegando a la Penitenciaria de Coronel Oviedo, donde se encuentran tres personas en situación carcelaria por el caso de la masacre. Foto: Miguel Armoa.

Desde el 17 al 22 de abril, la Misión de Observación de  derechos humanos de la SOA Watch (Observatorio de la Escuela de las Américas) realizó una visita al Paraguay reuniéndose con organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales para conocer in situ la situación de los derechos humanos y que preocupan a la organización, por las denuncias que han tenido eco a nivel internacional, referentes al caso Curuguaty.

Curuguaty

La Misión de SOA Watch visitó a los campesinos judicializados por el caso de la masacre de Curuguaty, quienes se encuentran en situación carcelaria en Coronel Oviedo.

La delegación fue acompañada por el premio Nobel alternativo de la Paz, Martín Almada.

También realizó una visita a la ciudad de Curuguaty, para conocer el sitio de la Masacre de junio de 2012 en Marina Cué, y poblaciones afectadas como Brítez Cue e Yvy Pyta, así como a las personas que se encuentran con prisión domiciliaria, y familiares afectados.

A nivel internacional, a organismos de derechos humanos han llegado denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, torturas y la parcialidad de la  investigación desarrollada por la Fiscalía de Paraguay en el caso.

La Misión presentó hoy su informe, basado en las visitas realizadas.

Asistencia a víctimas

Theresa Cameranesi, con el recién nacido de Dolores López, quien junto a Fanny Olmedo obtuvo prisión domiciliaria mediante una huelga de hambre realizada por Néstor Castro y Rubén Villalba. Así también gracias a la presión de las denuncias realizadas en organismos internacionales por organizaciones de derechos humanos de Paraguay. Foto. Miguel Armoa.

A la misión le preocupa la falta de asistencia por parte del Estado a los familiares y víctimas de la masacre de Curuguaty.

Un caso concreto es el de Juana Evangelista Martínez viuda de Ruíz, quien perdió a su marido, quedando con 6 hijos, y prácticamente sin posibilidades de ingresos económicos para sostenerlos.

Otros casos resaltantes son los de Luis Olmedo, su esposa Dolores López, y Fanny Olmedo (hermana de Luis). Ellos viven junto a la madre de los Olmedo, dos niñas menores y el recién nacido hijo de Dolores y Luis. Se encuentran con prisión domiciliaria de manera “preventiva” (aguardan juicio), y por lo tanto no pueden trabajar para generar ingresos.

La SOA Watch, resalta que el Estado tiene la obligación de brindarles asistencia y piden «la reparación gubernamental para las familias, a fin de que puedan proteger sus necesidades básicas».

Presos

La misión expresó su preocupación también por la situación de los presos del caso Curuguaty. «No se puede privar de su libertad a personas por acusaciones genéricas, sin elementos concluyentes ni certeza de individualización de los presuntos ejecutores», aseguraron. Consideramos un grave atentado a los derechos humanos mantener en prisión a personas sin tener pruebas, y en varios casos de manera arbitraria.

A modo de ejemplo citamos el caso de Felipe Benítez, quien ni siquiera era ocupante de Marina Cué. El mismo había ido a visitar a 3 sobrinos al campamento, donde se quedó a pescar y pasar la noche, el día antes de la tragedia.

Los observadores llegaron a la comisaría de Britez Cué, para manifestar preocupaciones respecto a la situación de la familia Olmedo, quienes guardan prisión domiciliaria. Foto: Miguel Armoa.

«Hemos constatado a través de las declaraciones públicas de las autoridades que no se respeta la presunción de inocencia de los campesinos. Existe una manifiesta parcialidad», expresaron.

«Llamamos al gobierno, al Poder judicial, a mostrar evidencia concreta, o de manera contraria darles la libertad como corresponde».

Tierras

Aseguran que «la violación de un derecho fundamental, estipulado en el artículo 114 de la Constitución paraguaya, que garantiza la distribución y tenencia de tierras de manera equitativa a través de la Reforma Agraria,  es la principal detonante de la tragedia de Curuguaty».

Títulos

La misión considera que la tragedia de Curuguaty, desde las gestiones jurídicas que la posibilitaron, tienen graves irregularidades que demuestran la instrumentalización del Estado por poderes fácticos y mafiosos.

«Según han declarado Ministros de la Corte Suprema de Justicia, las tierras de Marina Cué no son propiedad de la Familia Riquelme. Fueron donados por la Industrial Paraguaya al Estado Paraguayo, quien nunca tituló a su nombre las tierras. Es decir, ni el Estado ni los Riquelme tenían los títulos de la propiedad. De esta manera, la incursión policial (disfrazada de allanamiento) para desalojar a los ocupantes es a todas luces ilegal».

Esta condición deja sin argumentos, indican, a uno de los principales puntos de imputación de los campesinos y campesinas, la “invasión de inmueble”.

Evangelista Martínez perdió a su marido en los campos de Marina Cué. Quedó con 6 hijos menores. No recibe ningún tipo de asistencia estatal. Foto: Miguel Armoa.

«Una investigación imparcial debería apuntar a los sectores de poder que manipularon la justicia para sus intereses particulares. Entre ellos: los propietarios que ordenaron el desalojo y el juez que dio la orden», expresaron.

Golpe

«Es sumamente sospechoso que el principal instigador del desalojo ilegal, el fallecido Blas. N. Riquelme, sea del mismo partido político que posteriormente utilizó la tragedia para impulsar el juicio político a Fernando Lugo. Deben ser objeto de investigación también los sectores políticos beneficiados por la tragedia, cuyos referentes se conoce que realizaron gestiones a través del Congreso paraguayo para desalojar a los campesinos y campesinas de Marina Cué, y beneficiar a Riquelme», indicaron en el informe.

Fiscal Rachid

Según el informe, la vinculación con el sector político de la familia Riquelme, desautoriza al fiscal del caso Jalil Rachid, amigo de la familia e hijo del también político colorado Bader Rachid (a su vez amigo del fallecido Blas N. Riquelme). «Lo desautoriza como figura neutral para investigar un caso con intereses tan complejos».

Marina Cué, lugar de la masacre. Al costado del camino, las carpas siguen aguardando su hora. Foto: Miguel Armoa.

Justicia

Los observadores lamentan que por intereses mezquinos se haya producido la pérdida de 17 vidas humanas.

«Los sucesos del 15 de junio de 2012 demuestran la existencia de una conducta política y jurídica preeminentemente abocada a la defensa de sectores poderosos, y en contrapartida, dedicada a reprimir y judicializar a sectores vulnerables que reclaman sus derechos, y que son mayoría», aseguraron.

Estimaron que la movilización de 300 efectivos policiales, acompañados de un despliegue bélico, con helicóptero, armas de guerra, montada y ambulancias, para desalojar de manera ilegal a unos 45 campesinos pobres demuestran el poderío de los sectores que manejan la justicia para sus intereses particulares.

Emboscada

Finalmente señalaron que encuentran insostenible la tesis de la fiscalía respecto a la presunta emboscada organizada por los campesinos. «La situación de precariedad y la presencia de mujeres embarazadas y niños en el campamento hacen poco creíble la versión de que se haya premeditado un campo de batalla».

Sobre SOA Watch

Pese a que no poseen títulos, los Riquelme siguen usurpando las tierras de Marina Cué. El terreno fue recientemente preparado para cultivos mecanizados según comentan los campesinos apostados en los límites. Foto: Miguel Armoa.

SOA Watch, con oficina en Washington DC, Venezuela y Chile, fue fundado en 1990 por el sacerdote Maryknoll Roy Bourgeois. Es una organización de activistas no violentos preocupados por los derechos humanos y que monitorean el comportamiento de soldados latinoamericanos, egresados e instructores, que son entrenados por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, denominada también «Escuela de asesinos» o “Escuela de los golpes”, fue el centro de formación de los más grandes represores y torturadores de las dictaduras latinoamericanas, y sigue en funciones.

Observadores

La Misión SOA Watch en Paraguay estuvo integrada por Theresa Cameranesi, Susan Lagos, Emily Creigh, Cristian Sánchez, Frank Schneider, Gary Hagermann, y William Karr. Por Paraguay, acompañaron Martín Almada (Fundación Celestina Pérez de Almada) y Vidal Acevedo (Serpaj-Paraguay).

 

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