Observaciones de la ONU tocaron “las llagas del gobierno paraguayo”, afirman

Sacó a la luz las irregularidades existentes en el accionar del Ministerio Público, la Judicatura y las fuerzas de seguridad en caso Curuguaty asegura Cristina Coronel del Servicio Paz y Justicia.

Las investigaciones del gobierno de Federico Franco sobre el caso Curuguaty fueron descalificadas por la ONU por imparciales. Franco fue uno de los principales beneficiados con la masacre, lo llevó al poder. Foto: Hoy.

El Servicio Paz y Justicia de Paraguay afirmó que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de ONU sobre el desalojo campesino de Curuguaty y la destitución del presidente Fernando Lugo tocó llagas del gobierno paraguayo.

Una declaración de la filial de esa organización internacional defensora de los derechos humanos se refirió así al documento aprobado por unanimidad en el seno de esa instancia de Naciones Unidas reclamando una investigación independiente de los hechos.

Cristina Coronel, a nombre de Paz y Justicia, destacó la preocupación expresada por las modalidades del proceso que culminó con el expedito juicio político al presidente constitucional del país.

Recalcó que ese organismo de la ONU sacó a la luz las irregularidades existentes en el accionar del Ministerio Público, Judicatura y fuerzas de seguridad en ocasión del sangriento allanamiento de las tierras de Curuguaty en las cuales estaban asentadas familias campesinas, en el pasado mes de junio.

Agregó que, a nivel internacional, todo esto quedó muy difuso y presenta numerosas lagunas, pues en menos de 48 horas se destituyó a un Jefe de Estado elegido democráticamente.

La representante de Paz y Justicia puntualizó que la masacre de Curuguaty, como se le conoce aquí, pese a ser un tema sumamente grave, no fue objeto de todo el rigor de la investigación necesaria para deslindar responsabilidades de las distintas instancias de poder.

Coronel se refirió, especialmente, al Poder Judicial que, manifestó, tiene mucho que ver respecto a las órdenes de desalojo emitidas por el juez de la causa, José Benítez, recusado por la defensa de los campesinos detenidos hace nueve meses sin celebración de juicio.

Por otra parte, cuestionó las actuaciones del fiscal Jalil Rachid en cuanto a la inexistencia del debido proceso, las detenciones de los labriegos y hasta el encarcelamiento de tres personas que ni siquiera estuvieron en el escenario de los hechos.

El Gobierno tiene la responsabilidad de iniciar las investigaciones que le acaba de encomendar la resolución aprobada por el Comité de ONU, subrayó finalmente.

Fuente: Prensa Latina

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