“Nos llaman del EPP para quitarnos la tierra”

Lajtman, de Río de Janeiro, estudiante del post grado en Estudios Latinoamericanos, estuvo varios meses en el país en la preparación de su tesis. Ella ha realizado una profunda investigación sobre el modelo extractivista en la economía agrícola paraguaya, encontrándose con que, entre otras cosas, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es utilizado por el poder económico para crear miedo y zozobra en poblaciones campesinas que resisten en asentamientos dentro de la agricultura familiar.

Ella toma tres momentos de inflexión como punto de partida para pensar la construcción discursiva y los “resultados” concretos de la figura del EPP como enemigo interno. “Partimos del supuesto de que las prácticas articuladas por los sujetos en resistencia –que en nuestro caso específico se refiere principalmente a la resistencia campesina frente al avance del agronegocio,  se vuelven un estorbo a la reproducción del modelo extractivista/agroexportador, a los intereses hegemónicos locales e imperiales. La construcción del EPP como enemigo interno aparece como funcional a estos intereses que, en última instancia, buscan eliminar cualquier obstáculo a la acumulación de capital”, sostiene en la introducción de la tesis.

Tamara nos cuenta que  “luego del asesinato de uno de los “reyes” del ganado en Paraguay –el 31 de mayo de 2013 en la estancia Paso Itá, ubicada a pocos quilómetros del asentamiento Tacuati Poty, departamento de San Pedro– se procesan una serie de violentos allanamientos en la localidad con el fin declarado de encontrar a los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Horacio Cartes asume la presidencia el 15 de agosto de 2013. El 17 del mismo mes se produce el asesinato de cuatro guardias de seguridad privada y un policía en la estancia Lagunita (Tacuati, San Pedro). En los principales medios de prensa nacional ambos hechos son atribuidos al EPP, sin pruebas concretas”.

Recuerda que a  continuación del “primer ataque en la era Horacio Cartes”, ocurrido dos días después de su asunción al Ejecutivo, una estrategia más ofensiva contra el “grupo criminal y terrorista de izquierda” empieza a aparecer en la prensa. Se presenta como la única solución posible para resolver aquello que el nuevo ministro del Interior, Francisco De Vargas, llama una cuestión de interés nacional que afecta a la soberanía nacional y a la seguridad de todo el pueblo paraguayo (Ministerio del Interior, 20 agosto 2013) y que, de forma más o menos directa trata de vincular con la población campesina, especialmente la organizada. Uno de los procesos clave que identificamos es el de la progresiva consolidación de algunas tendencias discursivas que “desembocan” en la sanción por el Congreso Nacional de la Ley Nº 5036/13 “Que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 56 de la ley Nº 1337/99 De Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, atribuyendo facultades extraordinarias al Ejecutivo para militarizar determinadas zonas del país con el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas.

 

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