“No voy a negociar sobre la muerte de mi hermano”

Por Paulo López

A cuatro años de la muerte de Rubén Portillo, acaecida el 6 de enero de 2011 tras padecer un cuadro de intoxicación por causas que apuntan a los “defensivos  químicos” utilizados en la soja, las fumigaciones se siguen realizando en abierta violación de las medidas de seguridad requeridas por la ley, con el consecuente daño a la salud de los habitantes de la colonia Yerutí, departamento de Canindeyú.

A parte de la soja, ningún otro vegetal se interpone entre las parcelas fumigadas y el camino vecinal que conduce a la colonia Yerutí. Apenas al cruzarse con el tractor que pulveriza el matatodo, dolores de cabeza y aguda picazón en la garganta son los primeros síntomas que afectan al visitante. Bastan unos segundos para caer presa de la náusea. La realidad diaria de los pobladores es tener que cruzar, ya sea a pie o en moto, varios kilómetros para salir a la Ruta 10, muchas veces mientras se pulverizan los sojales.

Norma Portillo, hermana del fallecido Rubén.

Norma Portillo, hermana del fallecido Rubén.

Tras más de 10 kilómetros de un camino de “aventura”, llegamos a la casa de Norma Portillo, hermana de Rubén, quien antes de perder la vida padeció un cuadro de fiebre, vómitos y diarrea. Él contaba por entonces con 26 años y vivía en la última casa de la Colonia Yerutí Segunda Línea. Semanas antes de su muerte le habían aparecido en la boca y rostro erupciones que supuraban.

La mayoría de los pobladores carecían de agua potable y se abastecían de un pozo. Entre el 8 y el 13 de enero de dicho año, veintidós personas requirieron atención médica por presentar síntomas similares, entre ellas la compañera de Rubén, su hijo de dos años y su madre. La familia Portillo presentó una denuncia penal por homicidio, puesto que el fiscal Miguel Ángel Rojas solo abrió una causa por “supuesto hecho punible de transgresión de las normas ambientales-intoxicación”, sin investigar la relación entre la muerte y la exposición crónica a las fumigaciones realizadas sin las barreras vivas reglamentarias, además del acceso a agua, alimentos y suelos contaminados.

Operadores del oparei

En lugar de investigar la responsabilidad penal de los sojeros, la fiscalía actúa de intermediaria para la impunidad y el oparei, patrocinando “negociaciones amistosas” entre los denunciantes y denunciados. “La fiscalía me preguntó si no quiero negociar una solución con los sojeros. No voy a negociar sobre la muerte de mi hermano”, se indigna Norma, sin por ello perder su imperturbable serenidad.

Su firme resolución de no llegar a “acuerdos” con los sojeros que fumigan impunemente a la comunidad y siguen deforestando para ampliar el área de siembra de soja le han valido hasta amenazas de muerte.

“Los sojeros me acusan de que yo les persigo. Me mandaron decir que me quieren conocer. Ellos dicen que van a plantar hasta donde quieren. Si ellos dicen que van a hacer, seguro que van a hacer porque nadie les dice nada”, remarca.

Yerutí colinda con tres grandes estancias: Cóndor, Hermanos Galhera y Campos Morombí. “Campos Morombí tiene su reserva gua’u, pero ellos quitan rollos y hacen postes. Si es reserva para mí que eso no se puede hacer. También tienen maíz y soja, que quieren tapar mostrando la parte linda en la tele”, añade.

Norma recuerda que la hija de Blas N. Riquelme había prometido que compraría la producción campesina para su supermercado, lo cual nunca ocurrió. Pero eso sí. No faltaron las protocolares fotografías para ilustrar la propaganda de “responsabilidad social empresarial” y la supuesta asistencia a los labriegos de la que se jacta la firma en cuanto espacio tenga para justificar la usurpación de las tierras públicas de Marina Cue, escenario de la masacre de Curuguaty.

Despoblamiento 

Deforestación para el cultivo intensivo de granos en Yeruti.

Deforestación para el cultivo intensivo de granos en Yeruti.

Por el estado de los caminos, la falta de mercado y los bajos precios pagados por los intermediarios a la producción campesina, la comunidad se va despoblando ante el avance de la soja. Asimismo, en rápido retroceso se encuentran los pocos bosquecillos que aún protegen a las familias que se reafirman en vivir y cultivar la tierra en su comunidad.

De hecho, dejarse asimilar por el modelo tampoco es fácil. Norma nos relata que algunos probaron cultivar soja en sus parcelas de dos a tres hectáreas, teniendo que fumigar con mochilas ante la falta de máquinas. Los costos de las semillas y los venenos hacen que solo la producción a gran escala sea rentable, quedando los agricultores endeudados y sin sus cultivos de autoconsumo, teniendo que entregar sus terrenos para saldar las deudas contraídas.

Otro gran escollo es el de la escolaridad. En la Segunda Línea de la colonia la escuela solo tiene hasta sexto grado y para terminar el ciclo básico los niños deben hacer un recorrido de 10 km hasta la escuela de la Primera Línea. Este trayecto supone graves riesgos para los niños, entre ellos los problemas derivados de la exposición a los agrotóxicos.

Finalmente, en este contexto de desprotección y represión al campesinado que reclama su derecho a vivir en un ambiente saludable, es preciso tener en cuenta que, tal como lo advierte el jurista Raúl Zaffaroni, cuando se deja de tener fe en el derecho y las soluciones jurídicas solo queda la violencia.

Conozca el caso Yerutí y otros similares en el documental «Comunidades en lucha», de Base Investigaciones Sociales:

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