No existe ningún control del Congreso sobre la militarización en el Norte

Defensores de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna habían alegado que el Ejecutivo debía enviar informes sobre su actuación, pero hasta ahora el presidente no rindió cuentas a nadie.

El Senado informa en su página que el único informe recibido fue que los militares serían enviados a Concepción, San Pedro y Amambay, lo cual ya es de público conocimiento.

El presidente Horacio Cartes, a más de dos semanas de la militarización de los departamentos de Concepción y San Pedro, que se extendió luego a Amambay, no remitió informe alguno al Congreso sobre el empleo de los militares en la supuesta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), confirmando los temores iniciales de que se estaba otorgando poderes discrecionales al Ejecutivo sin ningún tipo de control.

Los impulsores de la iniciativa habían esgrimido que en un plazo de 48 horas el Presidente debía comunicar al Congreso su decisión de hacer uso de las facultades otorgadas con la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Pero la propia normativa solo establece que “Dentro de las cuarenta y ocho horas el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Nacional de su decisión de emplear transitoriamente elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de copia autenticada del decreto respectivo, pudiendo el Congreso decidir la cesación de ésa intervención operativa de las Fuerzas Armadas».

Efectivamente el Congreso lo único que recibió hasta ahora es  el decreto Nº 103 de fecha 24 de agosto de 2013 «Por el que se dispone el empleo de elementos de Combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en Operaciones de Defensa Interna, en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay», tal como consta en el registro de la sesión ordinaria del pasado jueves 29 de agosto.

Los senadores del Frente Guasu Hugo Richer y Esperanza Martínez refirieron que el único documento recibido hasta hora es una comunicación de que se enviarían a las fuerzas militares a los tres departamentos, pero no se da detalle alguno sobre el actuar de las fuerzas castrenses en los operativos.

Fuentes de la Secretaría General del Senado y el departamento de prensa de la Cámara Alta confirmaron que el único documento recibido fue el decreto por el cual se dispone el envío de las FFAA a los tres departamentos.

El exfiscal José Fernando Casañas Levi ya había advertido sobre este vacío legal, al observar que no se estipulan mecanismos en caso de que el Ejecutivo no cumpla con el requisito de envío de informes. “Otra cuestión que yo veo riesgosa es que dice que el presidente de la República va a presentar un informe luego de 48 horas, pero no dice qué va a pasar si no presenta su informe. ¿Cuál es la consecuencia de que no presente su informe dentro de las 48 horas? Y tampoco se establece, porque en una parte dice que el Congreso podrá revocar esa medida, (…) cómo va a revocar la medida puesto que es un decreto. La única posibilidad que tendría es mediante una ley, pero la ley, por el procedimiento constitucional, requiere también de un tiempo y puede tardar muchos días o semanas o meses en dictarse esa ley para revocar esa decisión del Poder Ejecutivo”, había declarado a radio Ñandutí el pasado 22 de agosto.

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