Neoestronismo, constitución y derechos humanos [1]

«La creación de un nuevo tipo de estado de excepción por el Congreso, una especie de estado excepcional permanente, pretendiendo modificar las reglas constitucionales vigentes, marca el inicio de la formalización de un régimen autoritario».

Los expresidentes Juan Carlos Wasmosy y Andrés Rodríguez. Foto: narraciones.tripod.com.

La ley en los libros es la manera como el derecho habla al poder. La ley en la práctica es la manera como el poder habla al derecho.

 (Boaventura de Souza Santos)

Introducción

El exdictador Alfredo Stroessner. Foto: laguia2000.com.

Desde junio de 2012, se han puesto de manifiesto los límites de la democracia formal en el contexto de un orden oligárquico que no experimentó transformaciones redistributivas de poder económico y político desde 1989, sino que, en general, se vio fortalecido. La restauración revigorizada del orden tradicional se sintió también en una embestida mucho más directa contra el movimiento y la propia concepción ética, política y teórica de derechos humanos. Mientras a partir de la experiencia concreta y el vacío educativo se habría logrado instalar la idea generalizada de que los derechos humanos “no sirven para mucho o para nada”; la apuesta actual desde el poder parecería ser la de ubicarlos como “una causa de los peores males”. En otras palabras, de no desarrollar garantías ni cumplir las existentes –a tal punto de tornarlos poco relevantes en el imaginario de la mayoría de la población– se ha pasado a la deslegitimación directa de los derechos humanos.

En agosto de 2013, en un momento de particular fuerza demagógica de dichos ataques discursivos, fue publicado un escrito recuperando “conceptos mínimos” de la teoría y la normativa de derechos humanos[2]. En gran medida el artículo clarificaba qué son los derechos humanos, aunque también ayudaba a comprender qué de lo que se estaba sosteniendo desde ciertos medios empresariales de comunicación y algunas autoridades públicas era una distorsión o manipulación de dicha concepción. Se considera significativo dicho escrito por dos motivos: porque estas nociones mínimas tuvieron que ser escritas habiendo transcurrido más de veinte años desde la promulgación de la Constitución de 1992 que consagraba jurídicamente a la dignidad humana como nuevo valor fundante del pacto sociopolítico en Paraguay, y establecía que el respeto a esa dignidad, a través de la garantía efectiva de los derechos humanos, constituía la nueva finalidad del Estado. Y, porque las palabras de dicho  artículo emergieron como una voz en medio del ensordecedor silencio de los organismos estatales creados exclusivamente para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos.

De este modo, los tiempos que corren parecen demandar el volver a repensar lo mínimo, lo básico, los puntos de partida. En este sentido, es importante tener presente la diferencia entre el establecimiento de un derecho humano o fundamental en la norma jurídica, el establecimiento de garantías para su protección y realización, y el modo en el que funcionan en la práctica dichas garantías establecidas. Por ello, en este artículo se propone retomar una mirada amplia respecto de la protección institucional de los derechos humanos en el Estado paraguayo, desde la perspectiva de las garantías desarrolladas para dicha protección; situando dentro de ese esquema al sistema nacional de protección de derechos humanos especializado en la materia[3].

Desde una visión integral, se considerarían garantías no solo a las llamadas “garantías constitucionales” (amparo, hábeas corpus, hábeas data, inconstitucionalidad), sino también a los demás procedimientos previstos en la ley para proteger los derechos fundamentales de personas o colectivos ante amenazas o vulneraciones, y cuya aplicación corresponde en general al Poder Judicial. Asimismo, son garantías relevantes de derechos humanos aquellas que imponen obligaciones para hacerlos efectivos –ya sea en la Constitución o en la ley–, por ejemplo, la reglamentación de derechos y la atribución de competencias, la creación y fortalecimiento de instituciones, la asignación presupuestaria obligatoria. El cumplimiento y el desarrollo de estas últimas dependen en tiempos ordinarios del Congreso Nacional, el Presidente de la República, los Ministerios del Poder Ejecutivo y los demás entes públicos existentes. A su vez, las instituciones creadas exclusivamente para la defensa, promoción, y protección de derechos humanos brindarían garantías complementarias a las exigidas a los poderes del Estado, debiendo además procurar incidir en la mejora de la actuación de aquellos.

La des-igualdad ante la ley

Efectuada esta precisión sobre el abordaje del tema, cabe hacer referencia a la evidente disonancia que existe hoy entre lo que la Constitución vigente manda o prohíbe en garantía de los derechos humanos de las personas, y lo que los titulares de los poderes del Estado hacen e incluso dicen. Existiría también una tendencia a pensar el derecho desde la legalidad, desde el deber ser escrito. El riesgo de esta mirada sería la formalización y abstracción que operan como límites a la comprensión de la realidad y sus causas. Buscando superar este enfoque, una sugerente lectura crítica acerca del derecho reflexiona sobre el funcionamiento del mismo en el marco de relaciones de poder[4]. La misma plantea que en nuestras sociedades actuales no existe una legalidad y una ilegalidad, sino que existen dos legalidades y dos ilegalidades: la legalidad e ilegalidad de los poderosos, y la legalidad e ilegalidad de los “sin poder”, de los des-poseídos.

Las dos legalidades no se mirarían una a la otra porque existiría una brecha que crea invisibilidad. El Estado contribuye a la idea de que hay una sola, una única legalidad; pero sociológicamente existirían dos legalidades. Ambas serían bien distintas. La legalidad de los sectores poderosos consistiría en transformar intereses particulares en intereses generales. En las últimas décadas, en un contexto de neoliberalismo, los sectores de poder han ido generando leyes conforme a su conveniencia, porque poseen esa capacidad. También por ello, tienen poca necesidad de actuar ilegalmente, pero a veces deben hacerlo. Esa ilegalidad queda generalmente impune. Tenemos, por tanto, una ilegalidad que es impune.

La legalidad de los sin poder, en cambio, es una legalidad trivializada, es decir, que fácilmente se viola, tanto porque no está suficientemente desarrollada, como porque lo que existe tiende a incumplirse sin mayores problemas. Por eso, los derechos sociales son derechos frágiles, es una legalidad débil. Así, la legalidad de abajo sufre la disyuntiva entre lo que dice la ley en los textos y lo que practica la ley en la práctica. También se puede ver que conductas que deberían ser consideradas legales no lo son, y la disyuntiva entre el derecho que los sectores sin poder entienden que les ampara y que la legalidad del poder considera ilegales, obliga a los primeros a conductas ilegales. Protestas populares, ocupaciones realizadas por familias campesinas trabajadoras rurales sin tierra, serían ejemplos de ello.

Abajo, se sufre todo el peso de la ley: una legalidad distorsionada a la medida de los intereses de los sectores poderosos, más las ilegalidades de los poderosos que quedan impunes, más la punición por las propias ilegalidades. Pero, además de lo legal y lo ilegal, existirían las personas “sin ley”, quienes están más allá de lo legal y lo ilegal. “¿Qué es Guantánamo sino un dominio sin ley?”, se pregunta el jurista crítico. Y, “¿cuántos Guantánamos más existen?” En Paraguay, ¿cómo considerar a Marina Kue si no como un gran campo de realidad sin ley?

Lo que el derecho dice a los poderes públicos en Paraguay

Desde un escalón superior: la Constitución Nacional

Es posible concebir a la Constitución Nacional como el enunciado institucional de las grandes “reglas del juego” político y social que una comunidad adopta, para un cierto tiempo de su devenir histórico, por medio de un determinado reparto de competencias y con proyección u orientación hacia ciertos fines en los que la sociedad visualiza su porvenir[5].

En 1992, la Convención Nacional Constituyente acordó que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho, en la forma que se establecen en la Constitución y las leyes; y que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana (art. 1 de la Constitución Nacional). A su vez, determinó que la soberanía reside en el pueblo y que el ejercicio del poder público también reside en el pueblo, el cual lo ejerce por medio del sufragio. A partir del sufragio popular, el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema que debe ser de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control entre los mismos. Se prohíbe a cualquiera de estos poderes atribuirse u otorgar a otro poder o a persona alguna, facultades extraordinarias a las regladas en la Constitución; y se proscribe del marco jurídico la dictadura (art. 2 y 3).

Además, se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales y se estipulan garantías expresas para su protección. Se reconoce la posibilidad de que otros derechos y garantías no enunciados expresamente e inherentes a la personalidad humana sean establecidos y garantizados (art. 1 al 126, y 131 al 136). A su vez, se instituyen garantías para la defensa de los derechos constitucionales: las de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus y hábeas data. Las mismas se ven fortalecidas con la prohibición de que las y los magistrados judiciales competentes puedan negarse injustificadamente a entenderlas, y la consecuencia del enjuiciamiento y remoción de quienes vulneren la prohibición (art. 136). Además, una protección fuerte para la defensa de los derechos de las personas frente al poder, es la imposibilidad del poder público de invocar válidamente la falta de ley reglamentaria para negar o menoscabar derechos fundamentales, lo cual confiere una gran competencia y responsabilidad al Poder Judicial en la tutela de los mismos (art. 45).

Desde otro escalón superior: los tratados internacionales de derechos humanos ratificados

De acuerdo a la regla constitucional establecida en el art. 137, los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Congreso forman parte del ordenamiento jurídico positivo del país, en un orden de prelación que los ubica solo por debajo de la Constitución y por encima de todos los códigos y leyes que puedan tener origen en el Parlamento. Para asegurar que los poderes públicos constituidos y la sociedad cumplan este mandato, la Constitución establece que quienes intenten modificar dicho orden de prelación de normas, sin modificar la Carta Magna en la forma prevista, incurrirán en delitos que deben ser tipificados.

Como es sabido, dentro del sistema universal de protección de derechos humanos, los dos pactos generales de derechos son el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Ley N° 4/92 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Ley N° 5/92. El PIDCP establece que los Estados Partes se comprometen a respetar y a garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén bajo su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, estipula que cada Estado Parte se compromete a dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter (art. 2, incisos 1 y 2). Disposiciones parecidas contiene el PIDESC, con la diferencia de que las medidas a ser adoptadas por los Estados Partes serán especialmente de carácter económico y técnico, deben ser obligatoriamente adoptadas hasta el máximo de los recursos de que se disponga para el logro progresivo de la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Pacto, sin discriminaciones. Esto debe alcanzarse por todos los medios apropiados, inclusive a través de la adopción de medidas legislativas (art. 2, incisos 1 y 2).

En el sistema interamericano de protección de derechos humanos, desarrollado en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, los dos instrumentos jurídicos vinculantes que, en conjunto, establecen un catálogo general de derechos humanos son la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Ley N° 1/89) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales o Protocolo de San Salvador (Ley N° 1040/97). La Convención establece la obligación de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Aclara además que para los efectos de la Convención, persona es todo ser humano. Seguidamente, instituye el deber de los Estados Partes de adoptar disposiciones de derecho interno cuando los derechos y libertades no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, de manera a hacerlos efectivos (art. 1 y 2). Las mismas obligaciones de adoptar medidas y de adoptar disposiciones de derecho interno se encuentran establecidas en el Protocolo de San Salvador para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales instituidos en este, con la salvedad de que las medidas serán especialmente económicas y técnicas, y deben ser adoptadas hasta el máximo de los recursos disponibles a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los DESC (art. 1 y 2).

Situación de la protección institucional de derechos fundamentales en Paraguay

La protección de derechos fundamentales por los poderes públicos

Si se piensa en la actuación del Estado paraguayo como aparato institucional de poder en su conjunto, puede llegar a concluirse que se trata de una estructura no adecuada para la garantía efectiva de todos los derechos fundamentales de las personas de los diversos sectores que integran la población. Además, el mismo constituye una de las mayores amenazas a estos derechos al incumplir grave y extendidamente su deber, no solo de realización, sino incluso de respeto y protección de los mismos[6]. En el propio nivel de reglamentación de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de 1992 existe un amplio número de ellos que no ha sido reglamentado aún, pese a haber existido propuestas de la sociedad civil para hacerlo[7].

Invisibilización de la perspectiva de derechos en las políticas de desarrollo

Los derechos humanos fueron un tema ausente en el programa electoral del candidato que resultó electo en las elecciones presidenciales de abril de 2013. A cuatro meses de haber asumido el gobierno Horacio Cartes, el principal instrumento de política pública para el desarrollo, construido desde la perspectiva de garantía de los derechos humanos de todas las personas, al parecer ha sido archivado en las oficinas del Gabinete Social actual. La Política Pública para el Desarrollo Social 2010/2020 (PPDS)[8], resultado de un proceso de participación social, fue declarada de interés nacional por Decreto N° 4.316/2010 ante la dificultad del Poder Ejecutivo de lograr su sanción como ley en el Parlamento, que suele ser lo deseable para dotar de mayor estabilidad a estos instrumentos. El PPDS significó un avance institucional, no solo por el diseño participativo de un plan nacional de desarrollo de largo plazo con metas estratégicas acordadas y su socialización, sino porque había comenzado a ser utilizado por los Ministerios y Secretarías de Estado en la planificación presupuestaria del Poder Ejecutivo, hasta la interrupción del gobierno constitucional en junio de 2012.

No se ha encontrado una derogación expresa del Decreto N° 4316, ni se conoce el Plan estratégico del actual gobierno, salvo un material denominado “Líneas Estratégicas Periodo de Gobierno 2013-2018”, que ha circulado desde el mes de junio como programa para los primeros cien días de gobierno, el cual no puede ser considerado como Plan.

Declaraciones públicas contrarias a la garantía de derechos humanos de altas autoridades estatales

El presidente Horacio Cartes el día de la asunción en el cargo. Aparecen también el vicepresidente Juan Afara y los ministros Francisco de Vargas y Eladio Loizaga. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores.

La falsa contraposición entre derechos humanos ha sido recurrente en el discurso político del gobierno que asumió el 15 de agosto[9]. La idea propalada por autoridades de anteriores gobiernos sobre la vinculación entre organizaciones de derechos humanos y grupos criminales –sugerida por el hecho de que las primeras han venido denunciando los abusos cometidos por las fuerzas públicas contra comunidades rurales en operativos que dicen tener como fin la lucha contra el terrorismo, así como las violaciones al debido proceso de varias personas detenidas y procesadas en el marco de estos operativos– ha sido el antecedente de la rejuvenecida corriente político-ideológica autoritaria que está debilitando aún más la precaria cultura democrática constitucional en el Paraguay.

Los derechos humanos consistirían en última instancia en una construcción discursiva que se ha ido consolidando y traduciendo en disposiciones normativas, como una conquista de los pueblos frente a los poderes que los gobiernan. Por ello, si los derechos humanos son menospreciados y considerados desde los más altos cargos públicos de representación popular como algo accesorio, reclamado desde organizaciones de la sociedad civil “solo en beneficio de los malos”, y “siempre en perjuicio de los buenos”, con el único efecto de “entorpecer y dificultar el combate al enemigo”, nos encontramos ante un escenario alarmante. Ha sido esta la línea discursiva de los gobiernos autoritarios recientes en América Latina, con lo cual se estarían viviendo en el país retrocesos en el único campo que parecía haber significado un real cambio con relación al régimen político de la dictadura estronista.

Relativización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura estronista

Dentro de la misma concepción autoritaria se inscribiría la respuesta presidencial a los cuestionamientos ciudadanos ante el posible nombramiento del exsenador por el Partido Colorado Alfredo Stroessner[10] como embajador del Estado paraguayo ante la Organización de Naciones Unidas. “¿Qué tenés con Alfredo Stroessner?, ¿te sacó la novia? Te quitó la noviaaa pareceee, te habrá sacado alguna noviaaa”[11], fue lo que dijo el presidente de la República, Horacio Cartes, acentuando con ello diversas expresiones de indignación ciudadana, las cuales al parecer obligaron al Poder Ejecutivo a detener por el momento la definición de dicho embajador [12].

Vale señalar –en estos tiempos que demandan recordar lo se creía asumido– que el Estado paraguayo ha reconocido la existencia de un gobierno dictatorial entre 1954 y 1989, y la responsabilidad institucional del Estado y sus poderes por el funcionamiento durante el mismo de un sistema represivo que ocasionó múltiples y graves violaciones de derechos humanos. Además de las leyes indemnizatorias dictadas por el Congreso[13], en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia[14] (CVJ) se establece expresamente la responsabilidad personal, política y moral de quienes ejercían funciones públicas de acuerdo a su jerarquía –comenzando por el Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FF.AA. Alfredo Stroessneren el funcionamiento del sistema de represión y lesión de derechos.

Las irresponsables palabras del Presidente de la República afectan el derecho a la satisfacción por los crímenes sufridos durante la dictadura estronista de las 20.090 personas víctimas directas y de las 107.987 personas que fueron víctimas indirectas de violaciones de derechos humanos. A su vez, retroceden en el cumplimiento de las garantías de no repetición, afectando a dichas personas y a la sociedad paraguaya en su conjunto.

Modificación inconstitucional de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna

Concomitante con los discursos contrarios a los derechos humanos y a las organizaciones que buscan defenderlos, a iniciativa del actual Poder Ejecutivo y con el voto favorable de la mayoría de quienes integran el Congreso, se ha sancionado en el mes de agosto de 2013 la Ley N° 5036 Que modifica y amplía los artículos 2°, 3° y 56 de la Ley N° 1337/99 De Defensa Nacional y Seguridad Interna[15].

 La normativa autoriza al Presidente de la República a decidir y disponer de las Fuerzas Armadas de la Nación en tareas de seguridad interna, en los siguientes casos: durante el estado de excepción, “frente a situaciones de extrema gravedad” en que el sistema legal de seguridad interna resulte manifiestamente insuficiente, “cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las autoridades legítimamente constituidas que impidan el libre ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”, y en los casos “calificados como terrorismo de conformidad a la Ley Nº 4024/10 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”. Para proceder a ello, el Presidente solo debe dar cuenta al Congreso de su decisión dentro de las cuarenta y ocho horas de adoptada. La referida ley dispone además que las fuerzas militares que sean empleadas no deben modificar su doctrina, disciplina, cadena de mandos, organización, equipamiento y capacitación.

La postulación de un estado de grave conmoción interna permanente que legitimaría el uso discrecional de las fuerzas militares en cualquier momento, lugar y por tiempo indeterminado, con el consiguiente debilitamiento general de las garantías en materia de derechos humanos de la población afectada, marca un cambio en la intensidad del accionar represivo del Estado sobre la población, en particular, sobre la población campesina que es el objeto central de estos operativos. La Constitución Nacional regla con mucho detalle las condiciones, los alcances y el modo de declaración del estado de excepción como única respuesta extraordinaria posible desde los poderes constituidos en casos graves expresamente determinados[16]; así como las medidas excepcionales que podrán declararse durante su vigencia.

El art. 288 enumera taxativamente las medidas que el Poder Ejecutivo puede ordenar durante el estado de excepción: la detención de las personas indiciadas de participar en algunos de los hechos, su traslado de un punto a otro de la República, así como la prohibición o la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones. Estipula que el Poder Ejecutivo “solo” podrá ordenar, “por decreto y en cada caso”, las citadas medidas. Otorga además a las personas indiciadas la opción de salir del país; a las personas detenidas garantías en la forma de reclusión, debiendo el Poder Ejecutivo informar de inmediato a la Corte Suprema de Justicia sobre las personas detenidas, sobre el lugar de su detención o traslado, a fin de hacer posible una inspección judicial. Asimismo, el Congreso o el Poder Ejecutivo pueden declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional, por un término de sesenta días como máximo; si la declaración fuera efectuada por el Poder Ejecutivo, la medida deberá ser aprobada o rechazada por el Congreso dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Dicho término de sesenta días solo puede ser prorrogado por períodos de hasta treinta días sucesivos, para lo cual se requerirá mayoría absoluta de ambas Cámaras del Congreso. A su vez, la Constitución dispone que una vez que finalice el Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo debe informar al Congreso, en un plazo no mayor de cinco días, sobre lo actuado durante la vigencia de aquél.

La creación de un nuevo tipo de estado de excepción por el Congreso, una especie de estado excepcional permanente, pretendiendo modificar las reglas constitucionales vigentes, marca el inicio de la formalización de un régimen autoritario, ya que se alteran las propias reglas de distribución de poderes de la Constitución democrático-liberal de 1992, afectando además el marco de principios de derechos humanos establecido en la Parte Primera de la misma. El Parlamento no puede válidamente ampliar el margen de atribuciones que la Constitución confiere al Poder Ejecutivo; tampoco puede cambiar las competencias que la Carta Magna atribuye a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales respectivamente y en exclusividad; menos aún puede establecer por ley nuevas medidas a ser aplicadas durante el estado de excepción, ni anular los requisitos procedimentales previstos para que el Poder Ejecutivo pueda contar con atribuciones excepcionales, ni debilitar o extinguir las garantías previstas constitucionalmente para las personas indiciadas y detenidas durante la vigencia de estados de excepción[17].

Proceso judicial violatorio de garantías constitucionales y legales contra personas campesinas de Marina Kue

En artículos específicos del Informe anual 2013 de la Codehupy se describen en profundidad las vulneraciones de derechos fundamentales de las mujeres y hombres imputados y acusados por varios delitos en el caso de la Masacre de Marina Kue, así como los incumplimientos de la obligación estatal de búsqueda objetiva de la verdad sobre lo ocurrido y de identificación de responsables[18].

Con relación al sistema nacional de protección de derechos humanos, debe mencionarse el impacto que tiene en las garantías de acceso a la justicia y del derecho al debido proceso de toda la población la convalidación institucional de las actuaciones de Fiscales y Jueces penales en esta causa, en flagrante violación de las disposiciones constitucionales y legales, dados los precedentes que puede generar el caso. A más de ello, el procedimiento judicial-fiscal sitúa en un profundo dilema a las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran bajo jurisdicción de este Estado, pues como titulares últimos del poder público estarían convalidando el procesamiento y condena de personas de modo alevosamente arbitrario, ilegal e inconstitucional, porque los órganos a quienes se ha delegado el ejercicio de dicho poder y que están obligados a la tutela de la Constitución y las leyes así lo convalidan.

La protección complementaria del sistema especializado de derechos humanos

Se exponen a continuación actuaciones de dos de las más importantes instancias especializadas en la protección, defensa y promoción de derechos humanos existentes en el Estado paraguayo.

La Defensoría del Pueblo es en sí misma una garantía orgánica de los derechos humanos creada constitucionalmente. Por su parte, el Poder Ejecutivo continúa sin contar con una institución especializada altamente jerarquizada en la materia. Cabe recordar que en sus recomendaciones finales, la Comisión de Verdad y Justicia había sugerido la creación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos adscrita a la Presidencia de la República. También en el Anteproyecto de Ley de Innovación Estructural del Poder Ejecutivo, construido en el ámbito del Gabinete Social en el año 2011, se contemplaba la creación de un Ministerio de Derechos Humanos e Inclusión Social.

Declaraciones públicas contrarias a los derechos humanos de la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores

En el Informe de derechos humanos del año 2009 de la Codehupy se señalaba la ausencia de transversalización de la perspectiva de derechos humanos en el Estado.  Se exponía además la necesidad de generar mecanismos e instalar capacidades internas para la garantía de los derechos en el Congreso Nacional, la Defensoría del Pueblo y en la unidad especializada del Ministerio Público, ya que eran entes cuestionados permanentemente debido a la falta de incorporación de una perspectiva de derechos humanos en sus actuaciones[19]. La debilidad del sistema especializado de protección de derechos humanos continúa quedando evidenciada tanto en la falta de acciones relevantes para el cumplimiento de sus funciones –en el caso de las más importantes instituciones–, como en las actuaciones contrarias a los derechos humanos que los mismos titulares protagonizan. Es el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

La titular de esta Comisión, senadora Mirta Gusinky, del Partido Colorado, realizó declaraciones públicas en el mes de octubre de este año, en un momento en el cual existían varias denuncias publicadas sobre atropellos que sufría la población rural, especialmente campesina, en lugares de actuación militar-policial bajo el operativo de excepción contemplado en la Ley N° 5036/13. Ante las situaciones de abuso, la senadora pidió comprensión a las personas afectadas porque el objetivo era restablecer la seguridad en la zona, estigmatizando a su vez a las personas campesinas al señalar que “Ese mismo campesino que está labrando la tierra, ese puede ser uno del EPP”. Asimismo, cuestionó que las organizaciones de derechos humanos cumplan con su rol, evidenciando un total desconocimiento de la normativa y teoría de derechos humanos: “Y me dicen que ellos se ocupan de las violaciones de derechos humanos únicamente cuando estos son colisionados por el Estado. Entonces las víctimas per saecula saeculorum no tenemos nadie que nos defienda”[20].

La Defensoría del Pueblo, una garantía inutilizada

Con relación a la Defensoría del Pueblo no se han encontrado iniciativas relevantes orientadas al cumplimiento de sus funciones durante el periodo analizado. La actuación del defensor se ha limitado a la representación del país en espacios internacionales especializados en derechos humanos y, a nivel interno, a la firma de convenios, la emisión de comunicados a la opinión y pública y de recomendaciones de variado tipo a instituciones; sin que ninguno de estos medios de expresión sirviera para intervenir en las cuestiones más graves de violaciones de derechos humanos que se sucedieron en el periodo.

A diferencia de ello, sin ningún tipo de mecanismo de participación ciudadana previa, el Sr. Manuel Páez Monges emitió un comunicado el 22 de junio de 2012 en el que “insta a la ciudadanía a mantener la calma y respetar la decisión del Congreso Nacional”[21], en el momento en el cual se estaba desarrollando un juicio político al Presidente de la República, bajo un procedimiento lesivo del derecho a la defensa en un debido proceso. Aunque se trate de un hecho correspondiente al periodo anterior, se estima pertinente hacer mención del mismo, sobre todo en atención de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció al respecto, señalando que “le preocupan las modalidades del proceso de destitución del expresidente Fernando Lugo en junio de 2012 en aplicación del artículo 225 de la Constitución, en particular los plazos en los cuales se tuvo que preparar y presentar la defensa. Todo ello representa una seria amenaza a los principios del artículo 25 del Pacto (art. 25)”[22].

Corresponde también hacer referencia al documento sobre “Proyección de los Derechos Humanos en las Políticas Públicas”, emitido por el defensor en el  inicio del mandato presidencial 2013-2018. No se conoce la presentación del mismo al Poder Ejecutivo, ni su socialización con la ciudadanía. En el escrito, el Sr. Páez Monges busca exponer “un listado de retos que enfrentarán los organismos del Estado” y formula “las recomendaciones para los problemas que existen en el Paraguay”. Se trata de un conjunto de afirmaciones generales, en las que no se observa la perspectiva de derechos humanos propiamente. Las palabras introductorias del funcionario concluyen apelando a la divinidad para lograr el objetivo de la vigencia de los derechos humanos: “Dios y su Santísima Madre den fuerzas a los paraguayos y a las paraguayas para que logremos el objetivo de la vigencia de los derechos humanos en Paraguay[23].

Pleno de la Corte. Foto: Paraguay.com.

La des-constitucionalización del orden: o el retorno a la plena supremacía de la ley del más fuerte

Es improbable la mejora del sistema nacional de protección de derechos humanos, tanto general como especializado, sin cambios en los poderes responsables de garantizar la vigencia de la Constitución y la efectivización de los derechos fundamentales establecidos en la misma.

En las Observaciones finales al Estado paraguayo, el Comité Derechos Políticos señaló en marzo de este año que:

El Estado parte debe salvaguardar en la ley y la práctica la independencia del Poder Judicial, y garantizar la competencia, independencia e inamovilidad de los jueces. El Estado parte debe erradicar todas las formas de injerencia de los otros poderes en el Poder Judicial. En este sentido, debe garantizar la investigación pronta, minuciosa, independiente e imparcial de todas las denuncias de injerencia, incluso de corrupción, y enjuiciar y castigar a los culpables, incluidos los jueces que puedan ser cómplices[1].

Hasta hace sesenta años, la idea de una ley por sobre las leyes, de un derecho sobre el derecho, no existía en el imaginario de los juristas. Era inconcebible que una ley pudiese limitar  “la voluntad del soberano”, expresada en la mayoría parlamentaria a favor de una ley. Este poder político prácticamente omnipotente del Congreso cambia con el reconocimiento de la Constitución como norma suprema, a la cual todas las demás normas jurídicas están rígidamente subordinadas. No solo las reglas contenidas en la Constitución ya no pueden ser modificadas por los poderes constituidos, sino que se suma un nuevo criterio de validez para el derecho, derivado de los principios constitucionales consagrados.

Así, en las democracias constitucionales no solo está determinado quién y cómo deben tomar las decisiones públicas, sino también qué no debe ser decidido por aquellos (la lesión de derechos fundamentales) y qué debe ser decidido (la realización efectiva de los derechos fundamentales). En esta forma de Estado y de régimen político existe una convención democrática positivizada en la Constitución de lo que quedará indecidible para cualquier mayoría, dicho en otras palabras, el fundamento de por qué ciertas cosas no pueden ser decididas y por qué ciertas cosas no pueden no ser decididas[2].

La Constitución de 1992 habría estado llamada a jugar este rol en el Paraguay, como acuerdo político e instrumento jurídico de carácter supremo que  ordenaría el modo de tránsito desde un orden autoritario a uno democrático. Si bien, esta Carta Magna no fue mayormente una expresión de los movimientos sociales ni de los sectores políticos más comprometidos con la democracia y el humanismo, incluyó  reglas y principios básicos de un Estado liberal democrático y constitucional.

Sin embargo, la  Constitución fue definida por los sectores de mayor poder, fortalecidos como tales tras décadas de dictaduras, sin haberse dado una alternancia de fuerzas políticas en el gobierno y sin que se hayan efectuado reformas previas sustanciales orientadas a modificar las bases de poder del régimen político estronista. A los mismos sectores cupo, además, su posterior aplicación. En la práctica, ello se tradujo en la profundización de las desigualdades económicas y sociopolíticas durante las dos décadas siguientes a la promulgación constitucional. Este aumento de las desigualdades se sustentó en el incumplimiento de la mayoría de las directivas constitucionales en materia de derechos fundamentales, sobre todo con relación a aquellos que demandan más políticas activas del Estado y cuya realización se vincula con la democratización de la estructura económico-productiva del país.

Hace siete años, el 29 de marzo de 2006, más de cuarenta mil personas salieron a las calles a manifestar su rechazo a la violación de la Constitución Nacional, exigiendo la renuncia de cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia que posibilitaron, con una medida cautelar, que el presidente de la República asumiera –aun por minutos– la presidencia del Partido Colorado. El hecho marcó un punto de inflexión, pues la CSJ autorizó la violación de la regla constitucional de incompatibilidades de la Presidencia, claramente establecida en el art. 237. Pese a una alternancia en el gobierno en el año 2008, la CSJ no fue renovada con criterios de méritos e independencia partidaria.

El ministro de la Corte Víctor Núñez tomó parte de actos políticos. Foto: Gentileza.

Desde el 22 de junio de 2012,  el rol de la CSJ en la convalidación no ya de omisiones, sino de actos inconstitucionales ha sido protagónico. Por ello, en la actualidad la población  sufre una legalidad distorsionada a la medida de los intereses de los sectores poderosos, las ilegalidades de arriba que quedan impunes, la punición por las propias ilegalidades y, ahora también, el peso de ilegalidades que no son punidas, sino transformadas en legalidad inconstitucional, respaldadas por la fuerza coactiva estatal.

En el Paraguay, este estado de fraude constitucional se sostendría tanto en la sistémica falta de cumplimiento y desarrollo de las garantías para efectivizar los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente, como en la inexistencia actual de garantías de la Constitución, de garantías de cumplimiento del derecho de la Constitución, esto es, en la inexistencia de una real división de poderes y de representación plural de intereses sociales en el Parlamento, por citar las más importantes.

 


[1] Versión resumida del artículo “Dónde está el sistema nacional de protección de derechos humanos”, publicado en el Informe de Derechos Humanos 2013 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). El Informe completo se encuentra disponible en: http://www.codehupy.org/

[2] Clyde Soto, “Dónde están los derechos humanos?”, Periódico de Interpretación y Análisis E’a, 25 de agosto de 2013, disponible en: http://ea.com.py/donde-estan-los-derechos-humanos/

[3] En doctrina jurídica se considera garantías a todos los mecanismos de tutela de los derechos fundamentales destinados a asegurar su efectividad. Desde el enfoque garantista pueden distinguirse las garantías primarias, que son aquellas que establecen o delimitan el contenido de los derechos e imponen una serie de obligaciones dirigidas a los poderes públicos y a los particulares para su respeto, protección y realización efectiva; y las garantías secundarias que son aquellas técnicas de tutela o protección consistentes en la previsión de controles y de vías de reparación en caso de ausencia o insuficiencia de las garantías primarias. Cfr. Andrés Gil Domínguez, Constitución socioeconómica y derechos económicos, sociales y culturales, Buenos Aires, Ad Hoc, 2009, p. 229.

[4] Cfr. Boaventura de Souza Santos, Conferencia magistral: “Para una teoría socio-jurídica de la indignación”, Universidad Autónoma Metropolitana, México, febrero de 2012, disponible en:  http://www.uam.mx/video/vd_rec_sousa.html. Consultada en fecha 10 de octubre de 2013.

[5] Jorge Vanossi, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, 3ª ed., Buenos Aires, Eudeba, 2000, p. 93.

[6] Es decir, el deber de evitar lesionar derechos fundamentales con su propia actuación (respecto) y el deber de proteger a las personas de las amenazas o vulneraciones de derechos por parte de terceros (protección).

[7] En el documento de “Acusación Cívica contra el Parlamento” de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, puede encontrarse un listado de derechos fundamentales  no reglamentados por el Congreso Nacional hasta la fecha. Véase: “Acusación Cívica al Congreso de la Nación (2008-2012)” en: Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, Juicio Ético al Parlamento, Asunción, 2012, pp. 128-137.

[8] Gobierno de la República del Paraguay, Paraguay para todos y todas. Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social, 2010-2020. Asunción, Gabinete Social de la Presidencia de la República, 2009.

[9] Portal de noticias Paraguay. com, “Según Cartes, cuando muere un policía no hay derechos humanos”, 5 de noviembre de 2013, http://www.paraguay.com/nacionales/segun-cartes-cuando-muere-un-policia-no-hay-derechos-humanos-98515

Portal de noticias Hoy.com,  “Exigen que Codehupy se expida sobre ataque a policías”, 2 de octubre de 2013, http://www.hoy.com.py/nacionales/exigen-que-codehupy-se-expida-sobre-ataque-a-policias//

[10] Alfredo Domínguez Stroessner es nieto del dictador Alfredo Stroessner. Siendo mayor edad, optó por cambiar el orden de sus apellidos para ser homónimo de aquel. El movimiento del exsenador por el Partido Colorado para las elecciones del 2008 se llamó «Paz y Progreso», lema del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, a quien el descendiente reivindica como estadista. Véase por ejemplo: Diario Última Hora, “‘Goli’ Stroessner y su relación con la dictadura”, 15 de octubre de 2013, disponible en: http://www.ultimahora.com/goli-stroessner-y-su-relacion-la-dictadura-n731631.html

[11] Periódico de Interpretación y Análisis E´a, “Cartes: ‘Qué tenés con Alfredo Stroessner? ¿Te sacó la novia? ’”, 15 de octubre de 2013, disponible en: http://ea.com.py/cartes-que-tenes-con-alfredo-stroessner-te-saco-la-novia/

[12] Ver artículo sobre Derecho a a la verdad, memoria, justicia y reparación.

[13] Ley N° 838/96 Que indemniza a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura de 1954 a 1989 y sus modificaciones en los años 2002, 2004, 2006, 2008, 2011.

[14] La Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay fue creada por Ley N° 2225/03. Inició sus trabajos en octubre de 2004 y los concluyó en agosto de 2008. Estuvo integrada por representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de personas luchadoras víctimas de la dictadura. Comisión de Verdad y Justicia, Anive oiko haguã. Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, Asunción, CVJ, 2008.

[15]La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentó el 22 de agosto de 2013 en la Cámara de Senadores una nota dirigida a los líderes de bancada, detallando los argumentos jurídicos y políticos que motivaban su solicitud de rechazo al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. La misma está disponible en: http://www.codehupy.org/attachments/223_Nota%20presentada%20por%20la%20Codehupy%20a%20la%20C%C3%A1mara%20de%20senadores.pdf

A su vez, varios especialistas jurídicos –constitucionalistas, penalistas y expertos en temas de seguridad ciudadana– se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad de las disposiciones contenidas en la Ley N° 5.036. Véanse, a modo de ejemplo, las opiniones del Dr. Daniel Mendonca y de los abogados José Casañas Levi y Orlando Castillo, disponibles en: http://ea.com.py/advierten-sobre-vacio-legal-de-la-ley-de-defensa-nacional-y-seguridad-interna/

http://ea.com.py/militarizacion-nacional-y-ley-antiterrorista-peligroso-coctel-contra-el-movimiento-social-paraguayo/

[16] Conflicto armado internacional o grave conmoción interna que ponga en inminente peligro el imperio de la Constitución o el funcionamiento regular de los órganos constitucionales.

[17] Artículos 3, 172, 173, 175, 202, 222, 224, 238 y 288 de la Constitución Nacional de 1992.

[18] Un detallado análisis de la acusación fiscal puede encontrarse en Leguizamón y Valiente, “Por qué la acusación en el caso Marina Kue no puede garantizar un juicio justo”,  Periódico de Interpretación y Análisis E´a, 18 de Julio de 2013, disponible en: http://ea.com.py/por-que-la-acusacion-en-el-caso-marina-kue-no-puede-garantizar-un-juicio-justo/

[19] Julia Cabello Alonso, “A la espera de resultados de los nuevos mecanismos de protección” en: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Yvypóra Derécho Paraguaipe. Derechos humanos en Paraguay 2009, Asunción, Codehupy, 2009, p. 535.

[20] Periódico de Interpretación y Análisis E´a, “Gusinky dice que ‘el campesino que está labrando la tierra puede ser del EPP’”, 3 de octubre de 2013, disponible en: http://ea.com.py/gusinky-dice-que-el-campesino-que-esta-labrando-la-tierra-puede-ser-del-epp/

[22] Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Paraguay aprobadas por el Comité en su 107º período de sesiones, párr. 24,  marzo de 2013.

[23] Defensoría del Pueblo, disponible en: http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/ultimas_noticias/comunicado/proyecciondelosddhhenlaspoliticas.pdf

[24] Naciones Unidas, Observaciones finales el tercer informe periódico de Paraguay aprobadas por el Comité en su 107° período de sesiones, Ginebra, Comité de Derechos Humanos, marzo de 2013, párr. 22.

[25] Cfr. Luigi Ferrajoli “La democracia constitucional”, en: Courtis, C. (comp.) Desde otra mirada: Textos de Teoría Crítica del Derecho, 2ª ed., Buenos Aires, Eudeba, 2009, pp. 436-437.

 

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