Narcotráfico: urgen investigar al Puerto Fénix

Facha del Puerto Fénix, desde donde salió el barco que cayó con la droga en Argentina.

Facha del Puerto Fénix, desde donde salió el barco que cayó con la droga en Argentina.

Miguel Florentín, padre del marinero Juan Florentín, y Antonia Méndez, esposa del jefe de máquinas Guido Llanes, ratifican que los responsables de la carga que llevaba el barco Papu Sur son los propietarios de la empresa y que los trabajadores desconocían que los contenedores que fueron declarados como vacíos transportaban en su interior el cargamento de la droga.

El barco Papu Sur es propiedad de la empresa Mercosur Shuttle Group (MSG), de Julio Martínez Trueba, quien a su vez también es propietario del Puerto Fénix, ubicado en Mariano Roque Alonso y desde donde salió la carga. Los trabajadores que se encuentran presos en las cárceles de Villa Devoto y Marcos Paz cuentan que zarparon del Puerto Fénix con la misión de transportar a la Argentina más de 300 contenedores vacíos. En cambio, según relatan, grande fue la sorpresa cuando el 7 de octubre de 2014, durante un control de las autoridades argentinas, en uno de los contendores fueron hallados unos 1.700 kilos de marihuana.

“Los parientes angustiados solicitamos a nuestro cuerpo diplomático su intervención para parar esta injusticia, no solo por la salud física y mental de estos jóvenes, sino por lo que se está desencadenando en forma paralela en Asunción: la incautación de sus bienes, el embargo de sus modestas posesiones y terrenos y el semiluto de sus parientes confundidos y angustiados”, señala Florentín en un escrito enviado a este medio.

Abandono

Por su parte, Llanes dice que la empresa ha abandonado a los trabajadores y que les ha rescindido el contrato amparándose en el artículo 17 del Código del Trabajo, que habla de que “el contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un empleador, bajo la dirección o dependencia de este y por su cuenta, mediante el pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella”.

Así, la firma dejó de pagar los salarios y los familiares e hijos de los afectados han quedado en estado de desamparo. Refieren que han recibido amenazas, por lo que algunos familiares se niegan a denunciar el caso ante la prensa, y que los responsables de la firma no los reciben más y ni siquiera les atienden el teléfono. Cuentan que incluso los abogados han manifestado temor de ir a realizar las diligencias necesarias ante eventuales represalias.

Los familiares han denunciado que al ser arrestados los marinos fueron torturados para confesar y que son extorsionados en la cárcel para abonar sumas de dinero y que si estas no llegan son golpeados. También señalan que los allegados de los trabajadores, además de haber quedado sin ingresos, deben ir despojándose de lo que les queda para poder enviar alimentos y artículos de higiene que les permita sobrevivir en la cárcel.

“Mi mayor deseo es que se investigue a Puerto Fénix. Los responsables están acá, en el puerto de donde salió la carga”, enfatiza Llanes.

Los familiares urgen a la Cancillería y al Consulado que intervengan para velar que se ejecute un debido proceso a los compatriotas. En cambio, señalan que las autoridades consulares les han mentido y que no han hecho nada al respecto. La petición de los afectados es que se les otorgue la prisión domiciliaria en espera del proceso y que sean investigados los responsables de la firma que realizaron la carga del buque.

El ingeniero Julio Martínez ha comunicado a través de terceros que desea dar su versión a nuestro medio, pero en el número de teléfono facilitado no hemos obtenido respuesta.

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