Mueren 12 indígenas mbya por intoxicación crónica

El 16 de setiembre el intendente de Aba’í, Departamento de Caazapá denunció a través de diversos medios de prensa la muerte de al menos 6 indígenas por intoxicación con agrotóxicos. Su denuncia iba acompañada de una resolución municipal que declaraba zona de emergencia a todos los asentamientos indígenas del Distrito de Aba’í. La resolución afirmaba que “las últimas lluvias caídas en el distrito pudieron haber arrastrado los químicos hasta los numerosos cauces hídricos sin ninguna protección debido a la deforestación masiva que llevan a cabo los colonos brasiguayos para los cultivos intensivos de granos”.1

Las comunidades donde ocurrieron los decesos fueron Tacuaruzú, Cerrito e Ypeti Tajy. La primera no cuenta con tierras propia y está ubicada dentro de la propiedad de la Sociedad Agrícola Golondrina, considerada como una de las fincas modelo de producción en el marco de la Mesa Redonda de Soja Responsable.

El gobierno, después de desplegar un impresionante número de enviados y delegaciones, ha confirmado a través del Ministerio de Salud que en el lapso de los últimos tres meses murieron, en circunstancias llamativas, al menos 12 indígenas Mbya. Según la información proporcionada, las muertes se debieron a “cuadros respiratorios agudos con agravamiento a exposiciones agrotóxicas”.2 Dos de los muertos pertenecían a la comunidad de Cerrito, cinco a la de Ypetí y otros cinco a la de Tacuaruzú. La primera delegación en hacerse presente en la zona fue la de funcionarios del Programa Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas (PRONAPI) con los de la Región Sanitaria y la Dirección de Sectores Vulnerables del Ministerio de Salud. La doctora Celeste Silvero, que acompañó a la misma aseguró que “el problema de la intoxicación es una constante en la zona, porque existen grandes productores brasiguayos de soja que están acogotando a las comunidades nativas de la zona”.3

Según constataron fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente (SEAM) los cultivos de trigo aledaños a las comunidades indígenas no cuentan con las barreras y las franjas de seguridad que deberían tener según la ley vigente. Dos productores, identificados como Pedro Steffler y Arcilio Romane son propietarios de las parcelas que lindan con la escuela de la comunidad de Tacuaruzú y que no cuentan con las medidas de mitigación exigida por ley. De hecho, tampoco contaban con la licencia ambiental que autorice dicha actividad.4

El Ministerio de Salud encomendó a un equipo de especialistas la realización de una investigación que busque explicaciones científicas a la muerte de los indígenas. Para ello extrajeron muestras de sangre de un miembro de cada comunidad y tomaron muestras de agua de donde estas se abastecen. En el caso de Tacuaruzú, la comunidad toma agua de un manantial que se encuentra en medio de un cultivo de trigo, en una propiedad aledaña que pertenece a un extranjero. Los primeros resultados laboratoriales indicaron que no existen sustancias fosforadas en las muestras extraídas. En la práctica es muy difícil probar si una enfermedad se debe o no a la exposición contante a agrotóxicos. Además, por cuestiones culturales, es difícil que los indígenas admitan la realización de una necropcia. El INDI no descartó la culpabilidad de los propietarios de cultivos y presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas. Según Lida Acuña, nueva Presidenta del INDI, 7 de las 12 muertes fueron “a consecuencias de infecciones respiratorias y malnutrición, pero pudieron estar propiciadas por la exposición a agroquímicos utilizados en los cultivos”.5 Como en Paraguay no existen los reactivos necesarios para determinar este tipo de intoxicación se plantea en este momento el envío de nuevas muestras de agua, sangre y tierra a laboratorios del extranjero. La delegación del INDI constató que las comunidades son islas en medio de 24 mil hectáreas de diversos cultivos de soja, trigo y girasol.

Con el avance de la frontera agrícola las comunidades Mbya habían quedado cada vez más arrinconadas y rodeadas por extensos cultivos mecanizados que pertenecen a extranjeros y brasiguayos. La prensa, a través de un periodismo irresponsable y una redacción voluntariamente confusa, no dio la cobertura ni la importancia que un hecho grave como este se merecía. Utilizada como portavoz y defensora de los gremios vinculados a los agronegocios, descartó casi de inmediato la posibilidad de una intoxicación para concluir que era “la pobreza” la verdadera culpable, ya que los indígenas presentaban “cuadros de desnutrición, gripe, neumonía y excesiva precariedad de vida”.6 En ese sentido, la alianza de Ong’s del Paraguay, Pojoaju, expresó en un comunicado que “en el Paraguay la oligarquía del campo se mueve a sus anchas y compra el
silencio y la complicidad de los medios de prensa aliados a la burguesía para atenuar los hechos que están ocurriendo respecto a la fumigación indiscriminada con pesticidas”7

La comunidad indígena de Tacuaruzú, así como la de Ka’atymi, se encuentran dentro de la propiedad privada de una empresa portuguesa, la Sociedad Agrícola Golondrina, que pertenece al Grupo Espíritu Santo. Según los actuales dueños cuando esta empresa compró las tierras, en el año 1976 no se tenía conocimiento de la existencia de grupos asentados en las tierras, solo con el avance de la deforestación habrían encontrado a las dos comunidades. En un principio, “la Sociedad Agrícola Golondrina S.A., antendiendo a criterios sociales de la empresa, consideró la venta al Estado paraguayo de una parcela”8 pero las negociaciones no prosperaron por el alto precio pedido por la empresa (Us$4.000/ha). Hoy las comunidades siguen luchando para asegurar las tierras donde siempre vivieron sus ancestros. Los propietarios no temen a una posible expropiación, ya que el segmento reclamado por las comunidades se encuentra protegido y es inexpropiable gracias al decreto que la declaró como Reserva Natural Privada Ypetï en el año 2003. Esta reserva privada
recibe apoyo del programa Canje de Deuda por Naturaleza a través del convenio firmado entre el gobierno paraguayo y el de los Estados Unidos.9 No está demás recordar que esta declaración fue impulsada por la Fundación Moisés Bertoni, organización conservacionista vinculada con el programa de responsabilidad social de la trasnacional MONSANTO llamado “Semillero del Futuro”.10

La llamativa denuncia de la muerte de 12 indígenas en esa zona, no fue la primera en realizarse, de hecho, existen varios antecedentes de denuncias sobre el impacto que el uso indiscriminado de agrotóxicos causaba en estas mismas comunidades. En el “Informe de la Sociedad Civil sobre el Cumplimiento del PIDESC en el Paraguay 2000-2006”, elaborado en el año 2007, se recogieron las denuncias de los líderes de ambas comunidades. Máximo Vera, aseguró que los tractoristas aplicaban Gramoxonee y Azodrín, un producto fosforado, cada semana en los algodonales mecanizados, bañando a los indígenas que eran contratados para la carpida en las plantaciones. En el testimonio se mencionaba que “el envenenamiento se da de diversas maneras, por el viento, por el rociado o pulverización que realizan en las plantacionanes el cual es actorizado, por los arroyos, nacientes y pozos de agua de los que se abastece la población…”11 Celso Carvallo, de la comunidad de Tacuaruzú, afirmo que el problema empezó en el 2003 cuando llegaron los cultivos de soja a la zona, y empeoró cuando instalaron un cultivo de algodón a solo 20 metros de la población. La contaminación, decía el informe, deja a la población prácticamente sin medios de sobrevivencia, ya que no pueden comer de sus cultivos, no pueden cazar y los arroyos ya no cuentan con peces.

Durante el 2008, un equipo de investigadores visitó las comunidades en cuestión con la intención de analizar el impacto generado por las fincas que fueron presentadas como “casos exitosos” en la segunda reunión de la Mesa Redonda de la Soja Responsable. En su informe también se advertía sobre la constante exposición a agroquímicos a la que estaban expuestas las comunidades. Constataron que los indígenas tienen prohibido ingresar a cazar o pescar a la Reserva, y como no tienen tierra suficiente para producir sus alimentos, su seguridad alimentaria se encontraba seriamente amenazada. Miembros de la comunidad dijeron que ya nadie trabajaba para la empresa y que las fumigaciones eran semanales entre los meses de octubre y febrero, sin importar las condiciones climáticas o los vientos. El cultivo más cercano se encontraba a solo 20 metros de las casas, por lo que en reiteradas ocasiones la gente se vio obligada a huir a refugiarse a los montes para escapar de la nuble de tóxicos.12

Posiblemente estas muertes salieron a la luz por conveniencia política. Existe un proyecto de ley, impulsado por productores sojeros, que busca la creación de un nuevo distrito llamado Tuparendá, que se quedaría con el 70% del territorio y el 76% de los recursos del distrito de Abaí, lo que pudo haber impulsado al intendente de Abaí a hacer las denuncias mencionadas. Esto refleja que podrían existir casos como este a lo largo y ancho del país que nunca salen a la luz. Una nueva temporada de soja está por empezar y ya genera muchas expectativas entre los actores vinculados al agronegocio debido a que las estimaciones preliminares indican posibles ganancias netas de Us$350 por tonelada de soja producida. Las lluvias pronosticadas para esta temporada indican una posible producción de hasta 6.0 millones de toneladas, solo un poco por debajo del nivel alcanzado en la temporada récord del 2007-2008.13 Coincidiendo con todos estos sucesos, el Presidente Fernando Lugo se encuentra nuevamente ante las máximas autoridades de las Naciones Unidades, donde el año pasado había dicho: “El terrorismo debe ser erradicado de la faz de la tierra (…), el
terrorismo que mata a los niños de mi país a causa de los agrotóxicos”.

Asunción, 25 de setiembre del 2009.

1 Resolución N 865/2009 de la Municpalidad de Abai del 17 de setiembre del 2009.
2 La Nación, miércoles 23 de setiembre del 2009, pg. 38
3 La Nación, viernes 18 de setiembre del 2009, pg. 37
4 ABC, jueves 24 de setiembre del 2009, pg. 40
5 Ultima Hora, viernes 25 de setiembre del 2009, pg. 48
6 ABC, domingo 20 de setiembre del 2009, pg. 34
7 http://paraparaguay.org/?tag=pojoaju
8 Plan de Manejo de la Reserva Natural Ypeti, pg. 40
9 La Ley 3003/06 está disponible en: http://www.senado.gov.py/leyes/?pagina=ley_resultado&id=3980
10 ABC, domingo 20 de setiembre de 2009, pg. 34
11 Mesa de Concertación para el Desarrollo Rural Sostenible, “Informe de la Sociedad Civil sobre el Cumplimiento del PIDESC en el Paraguay 2000-2006”, Asunción, Paraguay, 2007.
12 Rulli, Javiera, “The Reality of Responsible Soy in Paraguay” in The Round Table on Ir-responsible Soy, Abril 2008.

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