Muere el Mussolini tucumano, mientras otros represores son condenados por asesinato

Los represores de la dictadura militar argentina Videla, Benjamín Menendez y Harguindeguy fueron procesados por asesinar a un obispo.

Antonio Domingo Bussi

Antonio Domingo Bussi

El mismo día del inicio de un nuevo juicio oral en Tucumán, el amo, señor y fusilador número uno de esa provincia durante la última dictadura militar -declarado insano y apartado de la causa- murió, a los 85 años, por una insuficiencia cardíaca. En 1987, el Punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria.

Antonio Domingo Bussi había nacido en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, ootro general insano pero sobre todo impune que pasa sus días en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo de 1976 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, quien al recordar la historia lo calificó de “tirano” y “feroz exterminador de disidentes”.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el exgendarme Omar Torres relató dos fusilamientos de los cuales fue testigo: “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a la persona». Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Los exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

En el 87 lo salvó el Punto final, pero también la justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal provincial, que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas en su contra. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El voto le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, había justificado.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso al Congreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

La Comisión Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas detenidas desaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24 cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507 secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia.

Videla, Menéndez y Harguindeguy procesados por asesinato

El juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menendez y Albano Harguindeguy por «homicidio calificado y asociación ilícita», por el crimen del obispo Enrique Angelelli ocurrido en 1976. El magistrado entendió que el supuesto accidente de tránsito donde murió el monseñor fue «provocado» y atribuyó la responsabilidad a las máximas jerarquías de la ultima dictadura militar. También fueron imputados el excomodoro Luis Fernando Estrella y el expolicía Juan Carlos «La Bruja» Romero.

La causa, investigada como un accidente automovilístico ocurrido en proximidades de la localidad de Punta de los Llanos, en la provincia de La Rioja, el 4 de agosto de 1976, fue archivada ese mismo año por la jusiticia provincial. En 1984 la investigación fue reabierta, y calificada como homicidio. No obstante, con las leyes de punto final y obediencia debida en vigencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dispuso su archivo.

Reabierta la investigación, y luego de que el actual Juez Federal de La Rioja reasumiera la dirección de la investigación en 2010, se se estableció que la muerte de Monseñor Enrique Angel Angelelli fue producto de un “accidente automovilístico provocado”, que ocasionó la muerta de Angeleli y lesiones de consideración a su acompañante, el exsacerdote Arturo Aído Pinto.

En la resolución se señala, entre otros aspectos, la existencia de irregularidades en la investigación policial del hecho, la presencia de personal de “inteligencia” de ejército y la policía en el lugar del supuesto accidente, la existencia de un sumario paralelo, y fundamentalmente la declaración de los diversos testigos, así como las circunstancias previas, signadas por los homicidios de los sacerdotes Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y Wenceslao Pedernera en la localidad de Chamical.

Fuente: Página 12

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