Modificación de estatuto indígena pretende despojo territorial, denuncian

Organizaciones que aglutinan a distintas etnias del país rechazan la modificación del artículo 18 del de la Ley 904/ 81 del “Estatuto de comunidades indígenas”, que buscaría legalizar la explotación ilegal de sus territorios de parte de empresarios bajo la figura de “proyectos de desarrollo”. El texto fue presentado por los senadores Arnoldo Wiens, Arnaldo Giuzzio, Enzo Cardozo, Blanca Ovelar, Jorge Oviedo Matto  y Miguel López Perito.

En una nota presentada el pasado lunes y dirigida al presidente del Congreso, Blas Llano, los nativos señalan que la iniciativa lesiona gravemente los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Nacional y convenios internacionales.

“Nosotros los pueblos indígenas no necesitamos leyes que atenten contra nuestros principios y normas consuetudinarias de vida, más bien exigimos que en el marco del desarrollo comunitario se implementen políticas públicas tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas”, dice parte de la nota.

Añaden que esta ley es contraria a los derechos adquiridos, pues pretende establecer “matemáticamente” las carencias territoriales de las comunidades, determinando las cantidades mínimas y máximas de tierra para cada familia. En este sentido el proyecto apunta a la supuesta búsqueda de la sustentabilidad de las tierras indígenas habilitando la inversión para proyectos agropecuarios al interior de las comunidades y para el “uso racional” de las tierras. Estipula también que la superficie de tierras destinadas a las comunidades sea proporcional a la cantidad de familias, unas 20 hectáreas en la Región Oriental y unas 100 hectáreas en la Región Occidental por familia.

Critican también que la iniciativa legislativa se haya realizado de manera inconsulta, en violación de lo que manda la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a que los indígenas sean consultados para cualquier proyecto que los afecte.

Esta modificación “de manera encubierta pretende legitimar la explotación de los territorios indígenas, destruyendo el hábitat comunitario, poniendo en riesgo la vida misma de las generaciones futuras”, agrega la nota. Acusa, asimismo, que la modificación de la normativa busca el beneficio de terceras personas y el despojo de las tierras ancestrales.

Ante esto se ratifican en la postura de que impedirán la modificación de la ley y que defenderán incansablemente sus derechos. Por último, solicitan al presidente del Congreso que arbitre los mecanismos necesarios para impedir el menoscabo del derecho consuetudinario y las leyes que protegen la integridad territorial de los pueblos indígenas.

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