Misión internacional pide al Estado que deje de atacar a defensores de DD.HH.

La Misión de Observación Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que estuvo en nuestro país para relevar información sobre la situación de los Derechos Humanos de pobladores de las zonas militarizadas en el marco de la implementación de la Ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, pidió en su informe preliminar presentado ayer que las autoridades del Estado reconozcan la labor de los defensores de derechos humanos y cesen los ataques.

Una aparatosa demostración policial se desplegó frente a la sede de la Codehupy, que los defensores de los derechos humanos denunciaron como una acción de amedrentamiento. Foto: Twitter.

“Que el Presidente de la República y otras autoridades deben reconocer la importancia del trabajo que realizan las organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, ya que las mismas hacen un aporte fundamental para avanzar en una democracia con justicia social; por ello deben abstenerse de emitir discursos y declaraciones que menoscaben y estigmaticen negativamente la labor que dichas organizaciones y personas realizan, de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el Estado paraguayo”, señala una parte del informe que fue presentado ayer en la sede de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Recordemos que altas autoridades nacionales como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Mirta Gusinky, había descalificado en reiteradas ocasiones a las organizaciones de DD.HH. por tener una “visión sectaria” al denunciar los abusos cometidos por el Estado en la supuesta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Asimismo, en agosto pasado, durante la realización de una reunión para analizar la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, la policía montó un aparatoso despliegue policial frente a la sede de la Codehupy, lo cual fue denunciado por los activistas como una acción de amedrentamiento.

Por su parte, el presidente Horacio Cartes había manifestado en un acto en la Comandancia de la Policía que cuando un efectivo cae “no hay derechos humanos”, afirmando que las organizaciones no se pronuncian cuando se registran este tipo de casos.

En tanto, las organizaciones de derechos humanos sostienen que precisamente el Estado es la única instancia a la cual se puede recurrir para exigir la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, pues difícilmente estos reclamos puedan canalizarse o ser atendidos por los grupos irregulares o criminales.

La misión expresa también que “ha constatado que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (EPP),  desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares;  la ampliación territorial de los procedimientos represivos; el creciente uso de la violencia física y simbólica y la aprobación de normas legales que disminuyen las garantías. Observamos que, lejos de llevar la seguridad a los departamentos militarizados, lo que se produce es la desarticulación del tejido social, el debilitamiento de los vínculos comunitarios y de las propias organizaciones sociales, a través del amedrentamiento constante”.

“El Estado paraguayo no tiene el monopolio de la fuerza; por el contrario, la Misión recibió relatos sobre la presencia de grupos paramilitares constituidos para la defensa de los intereses del sector agroexportador, así como otros vinculados al narcotráfico. Estos grupos que serían responsables de asesinatos de campesinos e indígenas, operarían criminalmente en connivencia con miembros de la fuerza pública”, refuerza.

El informe también expresa su preocupación por la poca importancia dada a la Defensoría del Pueblo, cuyo titular tiene mandato vencido desde 2008 al tiempo que su labor es objeto de innumerables cuestionamientos.

“La Misión observa con especial preocupación la precariedad e irregularidad de la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos, de lo cual es un ejemplo la Defensoría del Pueblo. El titular de esta institución permanece en el cargo a pesar de que su mandato venció en 2008, y ha tenido varios cuestionamientos por parte de organizaciones de víctimas de la dictadura y de derechos humanos”, dice el texto.

Entre otros puntos, la misión exige la “derogación de las modificaciones recientemente realizadas a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que consolidan la militarización de la seguridad interna y crean las condiciones para la profundización del patrón represivo desde el Estado; la expropiación de las tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, que obliga al Estado paraguayo a su restitución; elegir un nuevo Defensor del Pueblo, asegurando que el proceso de selección se realice con base a los principios de celeridad, transparencia y participación, en la línea de las observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; asimismo, el Parlamento debe prestar particular atención en que los criterios de selección se funden en la idoneidad y profesionalidad adecuadas para el cargo”.

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