Ministro dice que sí contaron con orden y juez dice que no la emitió

El ministro del Interior Francisco José de Vargas dice que la represión policial en la que perdió un ojo un campesino contaba con el respaldo de una orden del juzgado de Santa Rosa del Aguaray. El juez de Santa Rosa Edgardo Martínez niega haberla emitido.

Ayer, el juez Edgardo Mauricio Martínez Moreno negaba a nuestro medio haber otorgado orden de reprimir a campesinos que protestaban contra la fumigación de un sojal perteneciente al terrateniente brasilero Evaldo Araújo. Ver http://ea.com.py/juez-niega-haber-ordenado-represion-contra-campesinos-de-general-resquin/

Aníbal Alegre perdió un ojo. Foto: Radiotv Latinoamericana.

Hoy, en conversación con Radio Ñanduti, el ministro de Interior Francisco José De Vargas  dice que, según sus reportes, la Policía “actuó en virtud a una orden judicial emanada por el Juzgado de Santa Rosa del Aguaray, en el marco de una acción de amparo en la que el juez Edgardo Martínez autoriza a la Agroganadera Aguaray SA a realizar trabajos de agricultura en ese establecimiento y dispone la custodia policial para la realización de esos trabajos”.

En la misma nota con este periódico, el juez Martínez señalaba que la represión fue llevada a cabo por la policía de Canindeyu, que se encuentra fuera de su jurisdicción. En su justificación de la represión que cegara un ojo a don Aníbal Alegre, 68 años, el comisario de Canindeyu, Odilio González, dijo -según reporte de la agencia española Efe-, que los campesinos eran de  izquierda y que estaban ideologizados. El ministro del Interior sostiene que en el operativo participaban entre 60 a 100 efectivos policiales. Al enterarse de la magnitud de la represión, deslizó que en el lugar habían encontrado bombas molotov.

Las comunidades de base de la Federación Nacional Campesina han decidido que se opondrán a toda fumigación de soja u otras semillas transgénicas que les afecten. “No romanomoaveima envenanado”, asegura Arnaldo Ayala, de la FNC. La ley sostiene que deben existir barreras de protección de por lo menos cien metros entre estos productos transgénicos y las comunidades, iglesias, escuelas.

 

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