Esperanza Martínez
«Ocuparse de este problema es un compromiso ético», dijo la ministra de Salud, Esperanza Martínez, al anunciar que una Comisión especial integrada por el MSP y otros órganos del estado controlarán los impactos de las fumigaciones con agroquímicos en las más de 2,6 millones de hectáreas de soja que se siembran en el país. La ministra dijo que es necesario tener normas para regular el tema. «Podría ser en principio un decreto y después sancionar una ley, tenemos que ocuparnos y dejar de preocuparnos», expuso.
Solo 307 intoxicados con agroquímicos registró el sistema de salud durante el año 2007 aunque los técnicos de Vigilancia de Salud calculan que la cifra debería multiplicarse por cinco. Esto es debido a desconocimiento de los médicos, amedrentamientos y otros elementos que fueron expuestos en el foro de discusión sobre «La problemática de los plaguicidas y la salud» que se desarrolló el miércoles 3 en el teatro García Lorca de la Manzana de la Rivera, organizado por Base de Investigaciones Sociales, la red de ONGs Pojoaju, Altervida, Red Rural y la Red de Acción en Plaguicidas (Rap-Al).
Allí se presentó en extenso el estudio médico «Malformaciones Congénitas Asociadas a Agrotóxicos» [descargar el informee] de Elena Benítez, María Luisa Macchi y Marta Acosta. Las médicas detectaron 52 casos de malformaciones en un año en el hospital de Encarnación, fotos escalofriantes acompañaron la presentación.
«No creímos que fueran a reaccionar así», dijo Benítez al comentar la serie de amenazas y acciones que los grupos de presión de los sojeros hicieron contra las médicas. «Fueron a reclamar a la universidad un dictamen de la validez científica de nuestro estudio, por ejemplo», comentó.
En el estudio se expone que «del análisis de los datos de las entrevistas de la comparación entre los recién nacidos sanos con los que tenían malformación congénita se encontraron las siguientes asociaciones que fueron significativas:
Contundente y silenciado por los medios masivos de comunicación.
Después fue el turno de los campesinos de distintas organizaciones y departamentos que dieron ejemplos directos de lo que está pasando en este momento en los campos ya que entre octubre y marzo, los tiempos de siembra y cosecha, se fumigan constantemente los sojales. «Nosotros tenemos 260 hectáreas en un mar de soja», describe Genaro López de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), señalando que después de muchas luchas consiguieron que la fumigación no se hiciera con aviones y que al menos ahora los sojeros usan tractores. «El MSP nunca controló lo que pasa en nuestra comunidad», explicó. Alto Paraná, Itapúa, Caníndeyu, San pedro y Caazapá son las zonas críticas según los registros, indicó Graciela Gamarra, de Vigilancia Epidemiológica del MSP que aseguró que «existe un compromiso de fortalecer el Registro nacional de casos por intoxicación por plaguicidas».
Entre febrero del 2006 y marzo del 2007 se registraron al menos 52 casos de nacimientos con malformaciones congénitas en el Hospital Regional de Encarnación todas ligadas al uso indiscriminado de agrotóxicos
Unas 736 mil toneladas de fertilizantes, 8 millones de litros de herbicidas, 1.700.000 litros de fungicidas y 2.450.000 litros de insecticidas se usaron en el
2007.
El Servicio Nacional de Sanidad Vegetal (Senave) no pudo precisar qué porcentaje de ellos está en la franja roja de alta toxicidad.
Más de 300 casos de personas intoxicadas por año se registran en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los técnicos aseguran que habrían que multiplicarlos al menos por cinco debido al subregistro.
Fuentes: Servicio Nacional de Sanidad Vegetal (Senave).
Informe «Malformaciones Congénitas Asociadas a Agrotóxicos» de Elena Benítez con el apoyo de la Universidad Nacional de Asunción, las doctoras María Luisa Macchi, del Hospital Materno Infantil, y Marta Acosta, jefa del área de neonatología del Hospital Regional de Encarnación.
ESTE ARTICULO TIENE DEMASIADO IMPRESICIONES, DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DEL MISMO. POR LO TANTO CARECE DE SERIEDAD. POR OTRO LADO, CON RESPECTO A LO QUE DECIA LA MINISTRA, SI, SE DEBE TRABAJAR EN FORMA CONJUNTA ENTRE TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS PARA LLEGAR A UNA SOLUCION QUE CONVENGA A TODAS LAS PARTES. EL DE TRABAJAR EN FORMA UNILATERAL, UTILIZANDO CRITERIOS QUE SOLO AGRADAN A UN SECTOR, ES UNA PRACTICA MUY ARRAIGADA EN NUESTRO PAIS. EL AMBIENTALISTA CREE QUE SU PUNTO DE VISTA ES EL CORRECTO Y EL PRODUCTOR QUE USA AGROQUIMICOS TAMBIEN. ES OBVIO QUE LA SOLUCION NO SERA 100 X CIENTO DEL AGRADO DE CUALQUIERA DE LAS PARTES. POR OTRO LADO DEFINITIVAMENTE HAY QUE DEJAR DE LADO A LAS ONGS QUE HASTA RECURREN A METODOS CUASI MAFIOSOS PARA TRATAR DE IMPONER SU POSTURA. EL CASO ÑEMBY CON LA TIA HANELORE KRELLER AL FRENTE ES UN EJEMPLO.
Excelente decision. Estoy casi seguro que la patria sojera utilizara nuevamente el “chantaje” del tractorazo para evitar cumplir con los decretos y leyes ambientales…