Ministra de la SEAM desea que la ARP sea “lanza de punta” para “proteger” el Chaco

Sus directivos, entre ellos el ex presidente Tito Núñez, habían sido imputados por la catástrofe ambiental de 2012, por las represas ilegales que habrían construido en estancias. El actual presidente, Germán Ruíz, los había defendido calificando los efectos de “catástrofe natural”. La ganadería arrasa con casi 1000 hectáreas de bosque por día en el Chaco.

Una de las estancias inspeccionadas por la SEAM, que habría generado la catástrofe de 2012.

La ministra del Ambiente y miembros de la mesa Directiva de la Asociación Rural del Paraguay se reunieron a fin de dialogar y de identificar las iniciativas conjuntas que promuevan el desarrollo socio económico del Chaco Paraguayo, informó la Secretaría del Ambiente.

Cristina Morales Palarea, en reunión mantenida con representantes de la ARP, expresó la necesidad de establecer un diálogo sincero y transparente que tenga por objetivo, iniciar el proceso de desarrollo de una visión conjunta del uso ambientalmente sostenible del Chaco Paraguayo, atendiendo a los limites naturales de sus ecosistemas y a la protección la biodiversidad.

“Teniendo en cuenta que la ARP forma parte de uno de los gremios de producción del país, deseamos que sea la protagonista principal en la protección de la región occidental y lanza de punta para implementar las herramientas económicas de conservación, como el pago por servicios ambientales y la promoción de mercados verdes para la industria cárnica del chaco”, destacó Morales Palarea, Ministra de la SEAM

Por su parte, el Dr. Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, manifiestó el compromiso para “promover el cumplimiento de las normas ambientales entre sus socios”. Así como el apoyo para la creación de corredores de biodiversidad y la protección de los Parques Nacionales. Otro de los pasos que realizará el gremio será el de realizar un taller general con los presidentes de las oficinas regionales de todo el país, el cual tendrá por objetivo socializar el plan de trabajo ambiental de los cien días de gestión del nuevo gobierno definir acciones entre ambas instituciones a corto y mediano plazo, precisó Ruiz, según la SEAM.

El presidente de la República Horacio Cartes es integrante de este gremio.

Catástrofe

Miembros de la ARP fueron imputados en 2012 por las represas ilegales que habrían causaron las inundaciones en el Chaco este año, según la fiscalía y la administración de la SEAM de entonces. 4 personas fallecieron y más de 13 mil familias fueron afectadas por las mismas. Uno de los responsables señalados fue el anterior presidente de la ARP Néstor “Tito” Núñez.

El actual presidente de la ARP había solicitado el retiro de las imputaciones de sus socios, asegurando que la catástrofe era “natural”. La ARP buscaba salvar a sus socios apelando a la irretroactividad de la ley, pues supuestamente construyeron los diques antes que se prohibieran.

La asistencia a los pobladores de la tragedia le costó al Estado 216 millones de guaraníes por día.

Juan Néstor “Tito” Núñez, anterior titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y propietario de la estancia Isla Alta, así como los ganaderos José Daniel Casamada, de la estancia Quebracho, Francisco Brusquetti, de la estancia Yukeri, y Artur Niedhammer, de la estancia Loma Pytã, todos asociados a la ARP, fueron imputados por el delito de represamiento de cauces hídricos por el fiscal de Medio Ambiente, Carlos Arce.

Por medio de fotos satelitales y la visitas al lugar se comprobó que los imputados habían colocado represas sobre el río Montelindo, acción que colmó el estero Patiño y produjo las trágicas inundaciones en la localidad de General Díaz, Chaco paraguayo.

Poco antes del juicio político realizado por el parlamento a Fernando Lugo, el 15 de junio, representantes de la rural encabezados por su presidente Germán Ruíz y su abogado, exigieron a Francisco Javier Díaz Verón, entonces fiscal general del Estado, que el Ministerio Público rectifique las imputaciones.

“En primer lugar, no existe ninguna represa sobre Montelindo, son caminos que tienen más de 50 años y sobre el canal principal existen puentes de madera que son más anchos que los puentes que tiene el río sobre la Transchaco. Entonces hablar de represa es violar la ley y mentir”, expresó el abogado del gremio, Raúl Antola.

Según las autoridades de la ARP, la inundación que abarcó unas 2 millones de hectáreas, fue una “catástrofe natural”. Además negaron que existan poblaciones en los caminos de las propiedades aludidas.

La ministra de la SEAM con directivos de la ARP. Foto: SEAM.

Según el comunicado emitido por la ARP el 15 de junio, los ganaderos imputados vienen trabajando en estrecho contacto con la Secretaría del Ambiente (SEAM), “que ha aprobado los estudios de impacto y planes de ordenamiento ambiental de todas y cada una de las unidades de producción incluidas en la imputación”. “En los mismos figuran todos los diques, caminos y presas que son mencionados como elementos de imputación los cuales, vale la pena remarcar, han sido construidos entre 1966 y 1980. Por lo tanto, de haber existido irregularidades, ellas debieron ser señaladas al momento de evaluar los planes y expedir las licencias correspondientes. Además, las leyes ambientales vigentes fueron promulgadas posteriores a la construcción de las obras mencionadas, por lo que los productores afectados son inimputables en base al principio de la irretroactividad de la ley”. Es decir, admitían la existencia de los diques, pero apelan a que la ley solo se puede expedir por hechos futuros, ya que fueron construidas antes.

Tiempo antes de que la ARP negara la existencia de represas,  Tito Núñez en declaraciones a la radio Monumental 1080 AM (20 de abril) admitió que varios miembros de la ARP tienen represas en las zonas inundadas del Chaco, que dificultan el paso de las aguas.

Los imputados fueron sobreseídos tras el golpe parlamentario de junio de 2012.

Deforestación

Alrededor de 933 hectáreas por día están siendo deforestadas de forma indiscriminada en la Región Occidental, según la organización Guyra Paraguay.

El Gran Chaco Americano sufrió la deforestación de una superficie de 41.646 hectáreas hasta abril de este año, equivalentes a más de tres veces la superficie de la ciudad de Asunción, o a la superficie equivalente a dos veces al tamaño de Buenos Aires.

La mayor causa de deforestación en estas regiones es el avance de las fincas ganaderas.

 

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