El engañoso negocio de la medicina privada

Medicina privada en Paraguay

Ilustración de Wolfi Krauch

La medicina empresarial explota sin control alguno la necesidad de cobertura médica de la población, a causa de la deficitaria salud pública en Paraguay. Antes que una alternativa, la salud privada es un gran negocio sin reglas: estafas, sobrefacturaciones, contratos extorsivos y endeudamientos son historias cotidianas que vive la gente.

A.B.R. nació en junio de 2008 en Coronel Oviedo. Al mes, sufrió un cuadro agudo de pulmonía. Su madre lo llevó a un centro médico privado para que lo atendieran pero fue rechazado por falta de dinero.
La madre fue al hospital público de Coronel Oviedo, cuya unidad de cuidados intensivos había sido inaugurada 20 días antes, con bombos y platillos, por el entonces presidente de la república, Nicanor Duarte Frutos. Aún no estaba en funcionamiento por falta de rubros. A.B.R. dejó de resistir y falleció en los brazos de su madre, abrumada por el dolor y la impotencia.

La trágica escena vivida por esta madre y su hijo es un reflejo de la cruda realidad paraguaya en materia de acceso a la salud. Derecho garantizado en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución Nacional.

Paraguay sigue siendo uno de los países más carenciados en la materia, según la Organización Mundial de la Salud. Y la de menor inversión por habitantes, según el Centro de Estudios Económicos para América Latina (Cepal).

El sector empresarial de la salud ha encarado esta problemática con una visión comercial, buscando paliar «el público insatisfecho» en materia de servicios de salud. «Hay una demanda insatisfecha por el sector público, entonces nosotros entramos ahí. La medicina privada llena un vacío, una necesidad de la comunidad». Afirma el Lic. Amado Dávalos, de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados del Paraguay.

La Superintendencia de la Salud es la entidad encargada de controlar a las mismas. Fue creada recién en 1998, y obtuvo su ley reguladora en 2006. Antes de ello prácticamente nadie las controlaba.

Según el registro de la Superintendencia, en la capital existen 28 instituciones de salud privada, en el interior 72. No existe regulación alguna en materia de costos, que están dados por la oferta y la demanda.

El caso del niño de coronel Oviedo es una clásica omisión de auxilio. Fulvio Celauro, de la Superitendencia, asegura que «el código sanitario obliga a todos los centros sanitarios a dar los primeros auxilios a los accidentados». Es pasible de juicio esa negación. «Es ilegal que las instituciones te pidan un depósito antes de que te atiendan». Para Carlos Cubas, de la Federación Nacional de Médicos, «ningún médico, por una cuestión ética y por juramento hipocrático, se puede negar a atender a un enfermo».

Funcionarios públicos víctimas de las prepaga

Debido a la insatisfacción de una gran parte del funcionariado público con el IPS, 172.600 funcionarios renunciaron a su seguro de salud en el 2004, motivados por la promesa del gobierno de convertir su subsidio de salud en un sobresueldo, con el compromiso de destinarlo a seguros privados.

Empezaron a surgir así varios seguros médicos privados, creados con la intensión de captar ese público. Nacieron empresas de seguros como Medilife, imste, entre otras. Los funcionarios fueron presa fácil de las flotillas de vendedores de seguros. No tardaron en llegar las denuncias, las estafas, las extorsiones, los engaños.

Gerardo Benítez, funcionario del Ministerio de Salud, lo recuerda muy bien. Muchos de los que se decepcionaron de los servicios del imste, la primera institución del funcionariado, cayeron fácilmente en las redes del negocio de seguros. Se procedió con mucha irregularidad, con «arreglos entre las oficinas de recursos humanos de los ministerios, se hicieron tratos sin comunicar a los funcionarios… muchos ni sabían que tenían seguro», denuncia Benítez. Muchos, engañados, o ignorando los extorsivos contratos que firmaban, acumularon dos y tres seguros, creyendo la promesa de los vendedores que los librarían de los contratos anteriores.

Pro-Med: Seguro te aseguro

Rosana Benítez C. es funcionaria pública. Desde junio del 2007 pasó a engrosar la lista de asegurados en los sanatorios de medicina prepaga. Al entrevistarse con el vendedor –nos cuenta–, éste le dijo que cuando quisiese podría renunciar al seguro. Pero no le había advertido que el contrato se extendía por un año. Y dadas las pequeñas letras del mismo no se percató de ello.

Al atrasarse en una de sus cuotas le negaron los servicios. Como la cobertura era ya prácticamente inexistente, decidió renunciar. Pero la «empresa de salud», desde su asesoría jurídica, le advirtió que debía seguir pagando hasta que se cumpliera el contrato. Es más, le «aseguraron» que si no seguía pagando (aún sin haber utilizado el servicio) podrían denunciarla, meterla en el temido Inforconf.

Es así que Rosana siguió pagando sus 129.500 mensuales, eso hasta febrero de este año. En ese mes le llegó una notificación que le decía que las cuotas subirían a 143.500, lo cual es ilegal según Celauro, pues incumple el contrato. En este punto, Rosana recurrrió a otra funcionaria del mismo ente público que tenía problemas con la misma empresa.

Mirta Ferreira también firmó un contrato con Promed. El vendedor tampoco le explicó los términos claramente. Este también decidió obviar la parte del contrato en que contaba un pagaré en blanco.

Mirta nos cuenta que el seguro no era de su satisfacción y por ello, a los cinco meses intentó renunciar. Lo hizo por teléfono ya que en el contrato que firmó no especificaba cómo se debía realizar este paso, según nos cuenta. Luego canceló en el banco su cuenta de débito con «Protección Médica» y tomó por hecho la renuncia.

Decidió quitar un préstamo. Ahí se enteró que está en Inforconf por deudas con su seguro. Y lo que estaba antes en blanco ahora contenía la siguiente suma: 800.000. Mirta recibió llamadas de amenazas por parte de la asesoría jurídica de esta empresa.

Actualmente el contrato de Pro-Med en su Cláusula Décimo Cuarta de Disposiciones Generales dice: «Para todos los casos, el asociado no podrá rescindir su contrato con Pro-Med sin antes haber abonado 12 (doce) cuotas consecutivas como mínimo.»

Sin embargo Fulvio Celauro comenta que «nadie está obligado a permanecer dentro de una institución en contra de su voluntad. Si yo no usé el servicio y después veo que mi capacidad económica está disminuida y no puedo continuar pagando la cuota, tengo el derecho de renunciar, si no utilicé el servicio.» Además la ley 1.334 de defensa al consumidor estipula, en su artículo 14 del capítulo, 2 la prohibición al proveedor de «aprovechar la ligereza o ignorancia del consumidor para lograr el consumo de sus productos o servicios»

Medilife, no se puede confiar…

Doña Nélida González de Barbosa tenía 5 años en el seguro del Sanatorio Samaritano cuando le convencieron cambiarse a uno «más completo y barato»: Medilife. Allí le reconocieron su antigüedad, con cobertura inmediata.

Pasados 6 meses le diagnosticaron unos miomas. Debía operarse, pero le dijeron que el seguro no le cubría. «Decretaron que era una enfermedad preexistente». Según ella, una ecografía intravaginal hecha anteriormente los desmiente.

Pagó sus últimas cuentas y presentó su renuncia, 30 días antes del fin del contrato. Estuvo de febrero de 2007 a febrero del 2008. Por curiosidad Nélida volvió a llamar para conocer su situación tiempo después, topándose con la sorpresa de que la cuenta seguía corriendo, pues el contrato se renovó automáticamente. Debía pagar por daños y perjuicios y esperar a que concluyera el nuevo contrato en el 2009.

Su hermana y su madre tuvieron el mismo problema debiendo abonar la suma de 5.800.000 guaraníes. El contrato les obligaba a abonar 12 meses, y presentar la renuncia personalmente, de lo contrario se renovaba.

Asesorada por la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (ASUCOP), Nélida está hoy dispuesta a plantarse y hacer respetar su derecho. «Por qué voy a estar obligada a pagar algo que no usé».

«Es impresionante la cantidad de gente haciendo fila para hablar con la abogada (en Medilife). La gente se va a llorar, y ahí le hacen firmar pagarés. La gente cae», cuenta Nélida.

Según Juan Vera, de la ASUCOP, la disposición de pagarés en blanco que realiza este tipo de seguros, escondida en cláusulas diminutas, es totalmente ilegítimo, pues un pagaré no puede estar metido en un contrato, debe ser un documento totalmente independiente.

Hemos podido corroborar que la denunciada empresa ha modificado en parte las cláusulas de contrato, reduciendo la obligatoriedad de pagos, establecida anteriormente de 12 meses, al 75% actualmente, no pudiendo salir el cliente antes de los cuatro meses, «indemnizando» a la empresa con el porcentaje mencionado, luego de comunicar con 30 días de anticipación. Esta disposición sigue contradiciendo los derechos del consumidor. Una empresa de medicina no puede obligar al usuario a asimilir los riesgos como argumentan, pues entre los requisitos de habilitación se encuentran la capacidad económica y la infraestructura. Tampoco respeta las disposiciones de la ley que exige contratos con letras legibles y claras.

Nélida, su hermana y su mamá se quedaron sin seguro. Hace unas semanas falleció la madre luego de 40 días de terapia e internacion en un sanatario privado. Los tres primeros días de terapia salieron casi 20 millones. En total los gastos alcanzaron casi unos 100 millones de guaraníes.

Falsas promociones

Entre la amplia gama de promesas y ventajas que ofrecen los seguros médicos privados, las promociones son numerosas: «descuentos especiales», «arancel preferencial», muchas de éstas son una farsa. Según Celauro, esto es denunciable como estafa. «Pasa con ciertas empresas que te dicen arancel preferencial para ciertos servicios que no cubren las prepagas. Cuando yo contrato una prepaga y me dicen consultá con el sicólogo, arancel preferencial, ellos me tienen que dar la lista de arancel para poder corroborar si ese arancel es realmente preferencial», explica el funcionario del Ministerio de Salud.

Celauro también relata una denuncia que se presentó hace poco en la Superintendencia: «A la denunciante le salía 280.000 guaraníes una radiografía de arancel preferencial (pagando anticipadamente en el seguro). La persona se fue al lugar para hacerse la radiografía, y le dicen 150 mil. “Este es el arancel normal, ¿vos tenés seguro? Ah, entonces te sale 70 mil, 80 mil”. La empresa había triplicado, o cuadruplicado el valor de ese estudio, y le llaman “arancel preferencial”. Lo mismo que con los medicamentos, yo alzo para bajarte y encima me embolso el descuento del laboratorio».

La batalla de las pastillas

Dentro del gran negocio de la salud, uno de los elementos vitales son los medicamentos, donde los silenciosos intereses de los laboratorios pujan entre sí.

El quirófano: Una denuncia constante de parte de los usuarios de hospitales privados es la sobrefacturación en medicamentos o la imposición de cantidades de materiales descartables no utilizados por el paciente. Los descartables son más difíciles de corroborar debido a que es difícil comprobar su real utilización. Sin embargo, en cuanto a medicamentos es posible corroborar si hubo o no sobrefacturación comparando con la lista de precios que puede adquirirse en la cámara de farmacias.

Otra manera de subsanar los sobrecostos, o abaratar en todo caso, es adquiriendo uno mismo los medicamentos a utilizarse. Este pedido pude ser rechazado por el hospital tratante alegando que no pasó por su control de calidad; sin embargo, la ley del derecho al consumidor también avala este pedido, debido a que ningún servicio puede imponer la utilización de otro. En último caso, los medicamentos pueden ser repuestos después de la operación.

El consultorio: Después de las farmacias, los médicos son una de las principales fuente potencial de promoción para los laboratorios. La ley de medicamentos genéricos, que fue sancionada hace algunos años, no tiene mayor fuerza debido a dichas empresas. La ley solo tiene vigencia en hospitales públicos, donde prácticamente no se le tiene en cuenta. La carrera de los laboratorios por ganarse la confianza de los médicos llega desde la universidad, donde los mismos compiten con ofrecimientos de congresos y viajes. Otros hablan de comisiones y arreglos bajo la mesa para recetar ciertos productos.
La ley de medicamentos genéricos establece la obligatoriedad de recetar los medicamentos con el nombre de la droga, a fin de que el paciente pueda elegir entre las distintas ofertas del mercado.

La farmacia: Una de las ventajas ofrecidas generalmente en los paquetes de seguro, son los ventajosos descuentos que el asegurado obtendrá en las cadenas de farmacia adheridas al seguro. En un breve sondeo hemos podido constatar que en la mayoría de las farmacias adheridas a dichos seguros, los supuestos descuentos son para todos sus clientes, y no necesariamente para los asegurados de ciertas aseguradoras, dos de las cuales mencionamos en este trabajo.

Fundaciones con fines de lucro

Entre los prestadores de servicio de salud privados, están los hospitales fundaciones. Los mismos reciben fondos públicos y privados para actividades de beneficencia. Algunos trabajan como empresas de medicina prepaga al mismo tiempo. Esto está prohibido por ley, pues se convierte en competencia desleal al no pagar impuestos como entidad sin fines de lucro.

En Asunción hay dos entidades médicas sin fines de lucro: la Fundación Hospital Universitario Nuestra Señora de la Asunción, en situación irregular según la Superintendencia, y el IMSTE, el cual actualmente ya se transformó en S.A.

En Lambaré está el Hospital del Corazón, el cual al tiempo de ser fundación tiene su prepaga. Está avalado, sin embargo, por una aclaratoria presidencial que lo habilita, siempre y cuando no exista competencia en la misma ciudad. Este hospital recibe por año unos 2500 millones de guaraníes del Ministerio de Hacienda.

Enlace

Ley de Defensa del consumidor
Para consultar online

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