Masacre de Curuguaty: la infame comedia del montaje judicial

La audiencia se inició con una hora y media de retraso porque se «olvidaron» de los presos.


Vista del primer día de la audiencia del caso Curuguaty.

 

Si algún margen de duda queda con respecto a las inconsistencias del montaje judicial en el caso de la masacre de Curuguaty, estas quedaron más patentes aún por un “inconveniente” inédito que sería motivo de mofa si no se tratara de la más grave matanza ocurrida en nuestro país en los últimos tiempos: el inicio de la audiencia se demoró más de hora y media porque se “olvidaron” de traer a los presos.

Fuentes de la defensa revelaron que tal “olvido” se debió a un problema logístico de la policía, ya que la orden dictada omitió el nombre de cinco procesados. Cuando finalmente se arrancó, luego del transcurso de la entrecortada exposición del fiscal Jalil Rachid, la jueza Janine Ríos hizo una pausa para retirarse de la sala porque debía tomar un medicamento.

Antes de iniciarse la parodia, las fuerzas de seguridad recurrieron a distintas formas de hostigamiento contra los activistas que se reunieron frente al Palacio de Justicia para apoyar a los familiares de las víctimas y seguir el transcurso de la audiencia. Primero la prohibición de ocupar los escalones de la entrada al palacio, luego el intento de prohibición del ingreso a quienes no fueran familiares, después la exigencia de elaborar una lista de los ingresantes.

Teniendo en cuenta que la principal prueba en la que se basó la fiscalía para dictar imputaciones masivas fue un cuaderno en que aparecían los nombres de supuestos solicitantes de tierras, se entiende la negativa de algunos de los activistas de que sus nombres sean consignados en un listado que no se sabe dónde podría ir a parar.

Pero la cuestión no terminó allí. Cuando parecía que todo estaba resuelto, una vez en la puerta de la sala de juicios orales, el jefe de seguridad pretendió impedir la entrada a una abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) por una supuesta orden de la jueza de no dejar entrar a quienes no fueran familiares. Luego de un lapso de intercambios, finalmente los últimos que quedaban en la fila pudieron ingresar.

En declaraciones realizadas antes de la prosecución de la audiencia, el abogado defensor Vicente Morales se ratificó en que el proceso no puede seguir mientras no se resuelva el incidente sobre la titularidad de las tierras. Por su parte, Rachid, con su reluciente corbata colorada, dijo que el hecho de que las tierras pertenezcan o no al Estado no invalida los cargos contra los acusados y agregó que, según su criterio, las tierras son de legítima propiedad de Campos Morombí.

Ahora bien, al inicio de su alegato, siguiendo con el famoso listado que sirvió como prueba para las imputaciones, la fiscalía reiteró el pedido de sobreseimiento definitivo de Juan Alfredo Caballero, quien figuraba en la “lista negra”, pero se comprobó que en el momento de la masacre no se encontraba en el lugar, sino que estaba desarrollando sus labores de docente.

El pedido de sobreseimiento también incluyó a Marcelo Trinidad Paredes y Miguel Ángel Correa Franco, quienes fueron detenidos en las afueras del hospital distrital de Curuguaty cuando se acercaron a averiguar si algún pariente se encontraba entre los muertos y heridos en el enfrentamiento.

Con respecto a la actuación judicial en estos casos la Defensoría Pública adelantó que presentaría los antecedentes ante la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la detención e imputación arbitraria de los ahora sobreseídos.

El delito del samaritano

En tanto, Rachid se mantuvo en la acusación de obstrucción a la persecución penal contra Felipe Nery Urbina. Este había sido detenido cuando intentó auxiliar a Arnaldo Quintana, quien fue herido en el enfrentamiento. La fiscalía sostuvo que hubo dolo y una intención deliberada de ayudar a escapar a Quintana.

En contrapartida, el defensor público Joaquín Díaz, al solicitar el sobreseimiento, argumentó que la figura empleada por el Ministerio Público no correspondía, puesto que para sostener la acusación se debe probar que existió una deliberada intención de esconder al acusado. Díaz agregó que el propósito de Urbina fue ayudar a un herido cuya vida corría peligro y de ningún pretendía facilitar una fuga. El defensor siguió explicando que cuando Urbina ayudó a Quintana a llegar hasta la ruta para que sea auxiliado, fue rociado con gas y reducido a golpes por la policía recibiendo incluso patadas en la cara.

Ese día Urbina se encontraba participando de una reunión política en el marco de un proyecto que iba a presentarse a la comisión de asuntos municipales y departamentales del Senado para solicitar la constitución de la comunidad de Yby Pytã como municipio autónomo.

Al ratificarse la fiscalía en su pedido de que Urbina sea llevado a juicio oral y público por el cargo de frustración a la persecución penal, la jueza dio por terminada la sesión convocando a la segunda jornada para este martes 16 de julio a las 9:00 horas.

En las afueras del palacio, un centenar de personas seguían manifestándose exigiendo la liberación de los presos, la indemnización a las víctimas y la titulación de las tierras a favor de los campesinos. Perla Álvarez, de la Articulación Curuguaty, informó detalles del desarrollo de la audiencia y denunció un intento de acelerar el proceso para condenar a los acusados como una lección disciplinadora. Asimismo, reiteró la reivindicación de que las tierras de Marina Cue sean destinadas para la formación de un asentamiento campesino.

Manifestación realizada frente al Palacio de Justicia en apoyo a los procesados.

De su lado, Mercedes Carreras, de la organización Hijos de Mártires del Paraguay, que aglutina a hijos de paraguayos exiliados en la Argentina, instó a no dejarse vencer ya que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. En este sentido puso como ejemplo a las Madres de Plaza de Mayo, quienes hasta ahora se reúnen cada jueves para decir “nunca más” y reclamar por sus hijos desaparecidos.

Poco después de la una de la tarde se fue levantando la movilización y los manifestantes empezaron a retirarse coreando, entre otras consignas, la ya emblemática sentencia de “Marina Cue, pueblo mba’e”.

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