Masacre de Curuguaty: la caída del montaje judicial

La fiscalía se ratifica en la acusación, en tanto que la defensa solicita la nulidad del proceso y el sobreseimiento definitivo de los acusados.

 

Vista de la audiencia preliminar por el caso Curuguaty.

La mañana empezó con el ritual de siempre: intento de restricción al ingreso a la audiencia en cumplimiento de las órdenes de la jueza Janine Ríos. Tampoco podía faltar el habitual retraso, aunque esta vez no se olvidaron de los presos.

Luego del relato del fiscal Jalil Rachid sobre la supuesta emboscada contra  policías desarmados y la ratificación del pedido de elevar a juicio oral a los acusados bajo los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa, la defensa solicitó la declaración de nulidad de todo el proceso por vicios insalvables y el consecuente sobreseimiento definitivo de todos los acusados.

El Ministerio Público reafirmó los tres cargos contra Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Néstor Castro. En tanto, por invasión de inmueble, asociación criminal y cómplice de homicidio doloso se encuentran procesadas Fani Olmedo y Dolores López. Por último, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua están acusados de invasión de inmueble y asociación criminal.

El primer cuestionamiento presentado por  la defensa fue que la audiencia no debió llevarse a cabo al encontrarse pendiente aún de resolución la controversia sobre la titularidad de las tierras. De esto depende, aunque para la fiscalía no afecte el fondo del proceso, los cargos de invasión de inmueble y el de asociación criminal, ya que la acusación se basa para fundamentar este último cargo que existió una organización planificada para permanecer en un inmueble a sabiendas de que se trataba de una propiedad privada.

En el alegato fiscal también se evidenció un fervor casi militante a favor de Campos Morombí, ya que el Ministerio Público más bien actuó como abogado de la empresa al apoyar su acusación por invasión de inmueble en las resoluciones judiciales a favor de la firma del fallecido Blas N. Riquelme, aunque sin hacer mención en ningún momento a las impugnaciones contra la resolución del juez Carlos Goiburú, que además fue dictada con el número de otra finca.

Asimismo, si se llegara a definir que las tierras son del Estado, las propias autoridades judiciales deberían responder por las muertes derivadas del viciado operativo. En este sentido, la situación del juez José Dolores Benítez aparece muy comprometida en el caso, ya que además de haber dictado la orden de allanamiento con la que se practicó el fatal desalojo,  fue el responsable de haber hecho la “rectificación” del número de finca en la usucapión concedida a Campos Morombí. La defensa argumentó que esta figura de la rectificación no existe en el derecho positivo paraguayo y que lo que correspondía era iniciar un nuevo proceso.

Por tanto, al no estar definida la titularidad de las tierras, los abogados defensores sostuvieron que los cargos de invasión de inmueble ajeno están fuera de lugar. A parte de esto la defensa enumeró las distintas pruebas que acreditan que las tierras en disputa pertenecen al Estado. El abogado Vicente Morales fue tajante al afirmar que “la aventura de una empresa que pretende despojar al Estado de su propiedad terminó en una tragedia”.

Violación de garantías constitucionales y procesales

La presentación de la segunda impugnación estuvo a cargo del abogado Guillermo Ferreiro, quien aseveró que se han violentado garantías constitucionales y procesales al haber forzado el desarrollo de la audiencia estando pendiente un recurso de apelación que solicitaba su suspensión hasta tanto se resuelva el incidente de prejudicialidad. A criterio de la defensa se violaron las disposiciones que establecen que una causa no puede retrotraerse a etapas anteriores. Esto último basado en que esta audiencia es continuación de la que fue iniciada el 3 de junio y posteriormente suspendida por la falta de sentencia sobre la titularidad de las tierras. En la jornada del 15 de julio se volvieron a tratar los pedidos de sobreseimiento y también el pedido de derivación a juicio oral de Felipe Nery Urbina por frustración de la persecución penal, por lo que esto podría implicar “la nulidad insalvable de todo el proceso”. “No se puede abrir la audiencia para volver atrás”, remarcó Ferreiro.

El tercer incidente hace referencia a la violación del principio de la independencia de los poderes al haberse registrado conductas de clara injerencia de fuerzas externas en el proceso. “Hay poderes fácticos intentando influir en esta causa”, aseguró Ferreiro. Para ejemplificar su postura el abogado mencionó que la sola intromisión del presidente Federico Franco amerita la nulidad por injerencia en el proceso.

El abogado se refería específicamente a las declaraciones de Franco en las que calificó de asesino a Rubén Villalba cuando ni siquiera existía una acusación, atentando de este modo contra el principio de la presunción de inocencia. Sobre las sospechas de que hay injerencia de otros poderes añadió que la Fiscalía General del Estado no tomó medidas e incluso el fiscal general Francisco Javier Díaz Verón reconoció que es objeto de intensas presiones por esta causa.

“Los demás poderes del Estado están declarando culpable a mi defendido (…) Otros poderes están usurpando funciones emitiendo condenas públicas. Esta causa no puede seguir”, enfatizó Ferreiro.

El cuarto cuestionamiento hace alusión a los excesos cometidos por la fiscalía en la investigación de la causa. Sobre este punto Ferreiro apuntó que Rachid, incluso antes de terminar la etapa investigativa, emitió prejuicios y conclusiones declarando culpables a los acusados.

Específicamente mencionó que el fiscal tildó de “invasores” y “tiradores” a los detenidos. En declaraciones de prensa –prosiguió Ferreiro– al ser consultado sobre la posibilidad de que hayan existido francotiradores en el lugar, el fiscal dijo que “de por sí el campesino paraguayo es tirador” demostrando de esta forma una visión prejuiciosa del caso. Asimismo, sobre la versión de los hechos de los campesinos, le restó importancia expresando que es “solo teoría”. De esta manera se violó el principio de escuchar a todas las partes, agregó el abogado.

“La fiscalía puede descartar la versión de los acusados, pero a posteriori. La fiscalía debe escuchar a todas las partes y no descartar líneas de investigación sacando conclusiones a priori. No existen garantías de que la etapa investigativa se haya realizado respetando derechos. De lo que se deriva de esta investigación no se puede dictar ni sentencia absolutoria”, alegó Ferreiro, por lo que ratificó el pedido de que se declare nulo todo el proceso y se dicte el sobreseimiento definitivo de todos los acusados.

Llegado a este punto la jueza consultó cuántos incidentes más plantearía la defensa. Al ser informada de que en total suman 11 puntos, decidió dar por terminada la jornada fijando la reanudación de la audiencia para este miércoles 17 de julio a las 09:00 horas.

Así las cosas, y sopesando la consistencia de los alegatos, lo lógico sería que se haga lugar al pedido de la defensa de anular el proceso y desvincular a los acusados de todos los cargos. Sin embargo, son muchas las presiones para llevar la causa a juicio oral y dictar una condena a como dé lugar. Por tanto, es previsible que el Poder Judicial se juegue a matar para direccionar el desenlace de esta causa a una “lección disciplinadora” que disuada cualquier futuro intento de enfrentar al poder terrateniente.

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