Más deuda, pero menor capacidad de recaudación

El presidente Horacio Cartes promulgó el pasado viernes 11 de diciembre la llamada ley de “Garantías para las inversiones y fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico y social”.

Entre otros puntos, la normativa otorga beneficios impositivos para la inversión nacional y extranjera brindando “facilidades” para la remesa de ganancias al exterior, exoneración al flujo de capitales e importación de maquinarias así como el congelamiento del impuesto a la renta por plazos de 10 hasta 20 años, de acuerdo al monto de las inversiones pactadas en los contratos.

“Cuando se trate de inversiones de un monto igual o superior a US$ 100.000.000 (Dólares Americanos cien millones) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, en los términos del artículo 2° de la presente ley, y que las mismas tengan por objeto el desarrollo de proyectos industriales, podrán otorgarse a las empresas respecto de dichos proyectos de manera excepcional una invariabilidad tributaria por el plazo máximo de hasta veinte años”, expresa un párrafo del artículo 12 de la ley.

Si bien menciona a los tribunales nacionales, al igual que la Ley de Alianza Público-Privada (APP) la nueva norma renuncia a la soberanía jurídica al habilitar a las empresas a demandar al Estado en caso de desacuerdos ante tribunales internacionales. Cabe advertir que en la mayoría de los litigios estos arbitrajes fallan contra los Estados incluso en casos de entrada en vigencia de normas más protectoras de la salud de los ciudadanos y el medioambiente. Uno de los ejemplos más gráficos es la denuncia entablada por la Philip Morris contra el Estado uruguayo por limitar la publicidad del tabaco y obligar a que una parte considerable de las cajetillas de cigarrillos estén ocupadas por advertencias sobre el daño a la salud que provocan.

En poco más de dos años, la administración Cartes ha endeudado al país por más de 2.000 millones de dólares entre “bonos soberanos”, títulos emitidos en el mercado local y préstamos contraídos de organismos financieros internacionales. Gran parte de esta deuda se destina a refinanciar deudas anteriores.

Los bonos colocados son a plazos de hasta 30 años, por lo que además de cargar con la deuda a los próximos 6 gobiernos también se limita la capacidad de recaudación con leyes de este tipo que impedirán a los próximos gobiernos realizar reformas fiscales a fin de aumentar los ingresos. La mayor parte de la recaudación de Hacienda (el 60%) proviene de tributos impuestos al consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mientras los sectores de mayor renta gozan de amplios beneficios impositivos.

 

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