Martens afirma que Cartes ha institucionalizado el paramilitarismo

Juan Martens, abogado especialista en derechos humanos, señaló que es preocupante que el propio presidente Horacio Cartes defienda y promueva que civiles cumplan funciones que corresponden en exclusividad a las fuerzas públicas.

Horacio Cartes es responsable de la actuación de sus asesores que toman parte de incursiones armadas, señaló Juan Martens. Foto: Fan page de HC.

Martens apuntó que la participación de empleados particulares de Horacio Cartes en incursiones armadas de las fuerzas públicas ha institucionalizado el paramilitarismo. Esto a raíz de que, al defender y asignar a sus “asesores externos” funciones dentro del Estado, ha formalizado una situación que ya es común en nuestro país: que matones o civiles armados cumplan funciones que corresponden exclusivamente a las fuerzas públicas e incluso sobrepasando las atribuciones de estas.

“Hay una práctica paramilitar en Paraguay principalmente en los departamentos de mayor presencia agroganadera, como Concepción y San Pedro. Por una mezcla de intereses de sojeros, de terratenientes y de mariguaneros, hay una práctica paramilitar desde hace bastante tiempo”, apuntó el abogado.

En este sentido se remitió a los informes realizados por la Relatoría especial contra las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas de las Naciones Unidas en 2005, que daba cuenta de esta práctica sistemática del Estado paraguayo de permitir o hacer la vista gorda ante la actuación de grupos paramilitares.

“Lo que ahora preocupa es que el mismo Ejecutivo promueve esa práctica, que no es otra cosa que una institucionalización y formalización del paramilitarismo”, aseveró. De hecho, además del presidente del Banco Amambay, Hugo Portillo, existirían otros civiles que tomaron parte de incursiones armadas de las fuerzas públicas.

También apuntó que el principal peligro radica en que, a medida que el Ejecutivo avanza y concentra atribuciones, Cartes ordena y dice que esta práctica es buena. Asimismo, otro problema que plantea esta situación es que al no ser funcionarios del Estado se dificulta la determinación de responsabilidades en caso de violaciones de derechos humanos, por lo que responsabilizó directamente al Ejecutivo de cualquier tipo de abusos y atropellos.

“Técnicamente al estar amparados por el presidente, están actuando a su nombre”, señaló.

Martens subrayó que si el propio Estado fomenta estas prácticas, los ganaderos, al observar la tolerancia de las autoridades públicas, seguirán fortaleciendo el aparato conformado por civiles armados que cumplen funciones policiales incluso yendo más allá de las atribuciones de las fuerzas públicas, ya que –además de detener–, torturan, matan y hacen desaparecer personas, tal como denunciaron el sistema de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CIDH) en las recomendaciones al Paraguay sobre estas actuaciones lesivas de los derechos humanos.

Sobre el tipo de delito que se está cometiendo al incurrir en estas prácticas, precisó que se trata de un claro hecho de usurpación de funciones públicas y que, cuando menos, merece una investigación fiscal para determinar las responsabilidades penales que correspondan, ya que la participación de un civil en el campo de operaciones contraviene normas legales y la propia Constitución Nacional, que establece claramente que la fuerza pública está conformada exclusivamente por las fuerzas militares y policiales.

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