Marina Kue: invasión versus ocupación

El abogado Adolfo Ferreiro explica que «La invasión no es lo mismo que ocupación. Lo primero implica contra una prohibición u oposición expresa, manifiesta de un particular o del Estado. La ocupación puede ser pacífica, involuntaria, de hecho, consuetudinaria».

Foto: Lea Schvartzman

Una cantidad de documentos certifican que las tierras denominadas Marina Kue pertenecen al Estado paraguayo, las que además fueron destinadas oficialmente para la reforma agraria. Aún así el Fiscal Jalil Rachid sigue sosteniendo la acusación fiscal, asumiendo una posición de desmesurada incoherencia, de que familias campesinas sin tierra invadieron una propiedad privada y que por tal razón conformaron una asociación criminal.

Sin embargo, la comisión de sin tierras que ocupó la finca Marina Kue lo hizo en conocimiento de que ésta pertenece al Estado y que por Decreto nro. 3532 del año 2004 la misma fue declarada de interés social y destinada para la Reforma Agraria. La ocupación -a más de digna- fue legitima. La Constitución Nacional en su artículo 115, enciso 11 garantiza «la participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso, y la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses económicos, sociales y culturales». Es decir, la organización campesina es un derecho garantizado.

En cuanto a la ocupación, que el fiscal acusa como invasión de propiedad privada, el abogado Adolfo Ferreiro explica que «La invasión no es lo mismo que ocupación. Lo primero implica contra una prohibición u oposición expresa, manifiesta de un particular o del Estado. La ocupación puede ser pacífica, involuntaria, de hecho, consuetudinaria». Como ya se sabe la titularidad de las tierras Marina Kue están en litigio entre Campos Morombi y el Estado Paraguayo, este último ocupó ininterrumpidamente la finca en cuestión desde el año 1967, cuando acepta la donación de 2000 hectáreas de tierras de parte de la firma La Industrial Paraguaya S.A., decreto presidencial mediante, hasta 1999, año que abandona el predio. El Estado lo que aún no ha hecho es transferir en los registros públicos el título de la finca, es por ello que hasta la fecha la misma está inscripta a nombre de la Industrial Paraguaya SA. Guillermo Ferreiro, abogado defensor de los campesinos en el Caso Curuguaty junto a Vicente Morales, aclaró en un reciente artículo que «Un decreto forma parte de las normas de un país, lo que hace presumir su conocimiento por parte de los ciudadanos». Los abogados defensores de los campesinos indican que «hay una nota del INDERT dirigida a la fiscal Ninfa Aguilar en la que se le solicita que no se realizara aquel allanamiento, ya que esa tierra estaba destinada para la reforma agraria». Entonces, si para considerar un acto de invasión se necesita la manifiesta oposición de un propietario, aquí encontramos que el propietario, es decir el Estado, no ha manifestado tal oposición, todo lo contrario, prácticamente autoriza la ocupación. Por lo tanto la acusación de invasión a la propiedad privada, si es que la justicia realmente actúa como tal, no tiene validez; caso contrario estamos ante impostores de la Justicia.

Foto: Lea Schvartzman

Lo que no es «respectivo proceso» es que una empresa privada y latifundista sea objeto de la reforma agraria, así como que las tierras del Estado sean cedidas por «usucapión», lo que sucede con Campos Morombi. Es decir, ésta no puede reclamar absolutamente ningún derecho en relación a las tierras Marina Kue.

Otro dato. El Ministerio del Interior había autorizado la realización de un allanamiento, no un desalojo. Según el Derecho Procesal Penal el allanamiento es el ingreso a un domicilio con fines de investigación. Sin embargo se llevó a cabo un monstruoso operativo de desalojo y una masacre. Aquí hubo, cuanto menos, prevaricato por parte de una agente fiscal. ¿Qué hubiese pasado si la fiscalía no realizaba un improcedente operativo de desalojo? ¿Por qué no se investiga las acciones inconstitucionales e ilegales de Campos Morombi, de jueces y de agentes fiscales y policiales; como el prevaricato, la corrupción y las ejecuciones arbitrarias? Estas cuestiones son las que se deben investigar. La masacre es el resultado de una larga cadencia de irregularidades, la mayoría del poder judicial.

Hace un año hubo una masacre. Hoy familias campesinas sin tierra transitan el duelo desgarrador de la muerte, la desolación ante la mentira despiadada. También transitan la esperanza de que la justicia sea verdadera, y que esas tierras donde murieron sus hijos y compañeros, esas tierras que fueron donadas al Estado paraguayo, esas tierras que el Estado paraguayo destinó para la reforma agraria, sean finalmente asiento de una comunidad campesina, donde cultivar el alimento y cosechar la vida.

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