Marcha anual campesina se sumará a la huelga general del 26 de marzo

El Partido Paraguay Pyahurã (PPP) resolvió en el Congreso Popular de Delegados del 12 y 13 de febrero acompañar la huelga general del 26 de marzo con la marcha anual de la Federación Nacional Campesina (FNC).

En el marco de la huelga general del 26 de marzo, la FNC se sumará a la jornada de protesta con su marcha anual. Foto: FNC.

El dirigente campesino Marcial Gómez informó que desde el domingo 23 de marzo la FNC realizará en las distintas regionales asambleas de cara a la jornada de protesta nacional que convocan las centrales sindicales en reclamo de la derogación de la ley de alianza pública-privada (APP), el reajuste salarial del 25%, el rechazo de la suba del pasaje, por la libertad sindical y el cese de la criminalización de la lucha social.

Añadió que desde el 24 de marzo realizarán cortes de ruta y que el día 25 se dirigirán a la capital para el acto central. El 26 de marzo marcharán por el microcentro de Asunción en apoyo a la huelga general, además de realizar distintas acciones en el campo en el marco de la jornada de movilización nacional.

Con respecto a la marcha de la FNC, señaló que la principal consigna es la  discusión en torno a un nuevo modelo de desarrollo alternativo al latifundio y monocultivo, que solo favorece a los grandes capitales y perjudica a la mayor parte de la población.

Aclaró que en el marco de la huelga general confluyen varias reivindicaciones, pero que la derogación de la APP es un punto innegociable.

La Ley de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, más conocida como ley de alianza público-privada (APP), fue una norma aprobada a instancias de Horacio Cartes apenas poco después de dos meses de haber asumido.

Entre otros puntos, la normativa habilita al Poder Ejecutivo, en directa violación de la Constitución Nacional, a concesionar bienes, servicios y recursos públicos por plazos de hasta 40 años sin el acuerdo del Congreso. Para ello establece un fondo de garantía formado en su mayor parte por dinero público para indemnizar a las empresas en caso de que las inversiones no generen la tasa de retorno suficiente esperada por las firmas privadas.

Además de ello, deja los diferendos en manos de un “arbitraje”, sin definir de quién o de qué se trata. Expertos advierten que el país se expone a una casi segura condena de parte de estos tribunales internacionales, que por regla general fallan a favor de las transnacionales y en contra de los Estados, en caso de que las empresas aleguen perjuicios, aunque estos sean resultado de su propia ineficiencia.

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