Manifestación en oposición a la presencia de Río Tinto en Paraguay

En una manifestación realizada frente del Ministerio de Industria y Comercio, alrededor de medio centenar de personas protestaron contra la instalación de la empresa trasnacional Río Tinto Alcán en Paraguay y acusaron al gobierno de facto de Federico Franco de entregar la soberanía nacional.

 

En una colorida manifestación los asistentes gritaron en todo momento consignas contra la instalación de la empresa Río Tinto Alcán, contra el gobierno de facto y exigieron “la renuncia del ministro de Industria y Comercio Francisco Rivas y de su secretario Diego Zavala”, viceministro de Comercio y a la vez representante (o exrepresentante), de la empresa trasnacional en Paraguay.

Un grupo de organizaciones sociales y políticas impulsan un espacio desde donde desarrollan una campaña de información sobre las consecuencias económicas, ambientales, laborales y sanitarias negativas que provocará en el país la instalación de esta fábrica de aluminio.

Río Tinto es una industria electrointensiva de aluminio que quiere instalarse en Paraguay y las consecuencias en el campo económico, energético van a ser muy grandes y negativas por la enorme cantidad de energía que consume y también desde el punto de vista ambiental, por la toxicidad de los gases que emitirá. La fábrica generará anhídrido carbónico y bióxido de azufre, ambos gases de efecto invernadero y el último, causante de lluvias ácidas.

“La necesidad de que la población participe y opine es porque se habla de negociaciones que podrían instalar a la empresa trasnacional por al menos 30 años, prorrogables por 20 años más”, dijo una de las organizadoras de la protesta, la ex viceministra de Minas y Energía Mercedes Canese, quien comparó en este aspecto al gobierno de Franco con la dictadura de Stroessner y el Partido Colorado.

“Lo más lamentable es que el gobierno quiere negociar de la misma forma en que se negoció el tratado de Itaipú durante la dictadura de Stroessner y el Partido Colorado, sin que la ciudadanía pueda participar ni opinar”, afirmó.

Finalmente, recordó que “el grupo Río Tinto tiene muchas demandas en términos de violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales, en otros países en los que ya están instalados”.

Otro de los oradores en el acto, Domingo Laíno, también repudió la presencia de Río Tinto Alcán en nuestro país y advirtió que las fábricas de aluminio son conocidas como industrias sucias porque dañan el medioambiente y la salud”.

“En países como Rusia y Canadá se comprobó que el proceso de industrialización del aluminio tiene efectos cancerígenos en los seres humanos”, insistió Laíno y explicó que los países industrializados “exportan sus industrias sucias a países pobres, como es el caso de Canadá con Río Tinto Alcán, que  es de capital principalmente canadiense, con implantación en los 5 continentes.

En América Latina están en Brasil, en donde en Pará tienen la explotación de mina y en Maranhao, una planta de alúmina y oficinas en San Pablo y Caracas, Venezuela.

Los organizadores se excusaron por haber elegido el horario (las 10 de la mañana) de un día laboral, “pero pretendemos que las autoridades puedan escuchar y recibir nuestros reclamos”.

Uno de los cuestionamientos principales es que siendo un tema tan importante, pues se decidirán aspectos económicos, laborales, medioambientales y de salud trascendentales para la población, se efectúen las negociaciones con una llamativa celeridad y sin información alguna a la ciudadanía y desconociendo las opiniones que se han vertido en dos audiencias públicas con relación al tema.

En cuanto a los beneficios que se derivan del tratado original de Itaipú y del previsible contrato con Río Tinto Alcán, la diferencia es abismal. En el caso de Itaipú nos dan migajas. Antes de la triplicación de la compensación por la cesión de energía, eran por ésta US$ 120 millones/año, más US$ 200 millones por royalties, utilidades y resarcimiento, aproximadamente; o bien US$ 320 millones/año globalmente. Luego de la triplicación de la compensación, son (360 + 200 =) US$ 560 millones/año. En comparación al valor real de nuestra energía, son verdaderas migajas, más aún en el caso de los valores originales. Lo que nadie puede negar es que se trata de un pequeño beneficio neto –beneficio al fin– que ingresa en el presupuesto público y que bien utilizado puede dar provecho a toda la Nación.

En el caso de Río Tinto Alcán, sus defensores, que son funcionarios públicos pagados con recursos del Estado, dicen que la transnacional no recibirá subsidios, pero en la práctica ocurrirá todo lo contrario y será un verdadero regalo o subsidio, y ello es fácil de entender apenas si uno tiene conocimientos elementales de energía. La tarifa fija que pretende Río Tinto por al menos 20 años, extensible a 40 ó 50 años, implica un subsidio real de por lo menos US$ 14.000 millones en el plazo de 20 años y de mucho más para los 40 ó 50 años, que es el plazo mínimo del contrato que se suscribiría. Vale decir, en lugar de recibir migajas, el Estado paraguayo deberá entregar un promedio de (14.000 : 20 =) US$ 700 millones/año –más de todo lo que recibimos gracias a Itaipú. Se trata, indudablemente, de una enorme diferencia: mientras Itaipú nos da un beneficio pequeño, Río Tinto Alcán nos traerá un perjuicio enorme, de US$ 700 millones/año, sin generar prácticamente ningún empleo (menos del 0,1% del empleo que genera una industria tradicional).

La peor diferencia entre el tratado de Itaipú y el contrato que suscribiría Federico Franco con Río Tinto, sin embargo, es con relación a la soberanía hidroeléctrica.

En el caso de Itaipú, el Paraguay comenzó utilizando una cantidad mínima de energía, en el orden de 200 MW, hacia el año 1985, en sus inicios. Cada vez fue demandando más –hoy el retiro de energía paraguaya de Itaipú está ya en el orden de 1.600 MW en horario de punta– y SIEMPRE el Paraguay pudo recuperar la soberanía sobre su energía de Itaipú cedida al Brasil cuando necesitó más, porque el mismo tratado de Itaipú, aún con sus serias imperfecciones, garantiza que el Paraguay puede utilizar su propia energía toda vez que la necesite. Nunca se impidió que el Paraguay recupere más y más energía que anteriormente cedía al Brasil.

En el caso de Río Tinto Alcán, en cambio, NUNCA JAMÁS el Paraguay podrá recuperar los 1.600 MW que entregará a Río Tinto Alcán para su funcionamiento continuo, pues rigen los tratados de protección a las inversiones extranjeras y, si se llegara a firmar un contrato con la empresa productora de lingotes de aluminio, ésta exigirá que el Paraguay, sea cual sea el gobierno, le entregue sí o sí tal energía, a la subsidiada (regalada) tarifa que se comprometa a entregarle Federico Franco. Esta es una condición mucho peor que la del tratado de Itaipú, pues mientras éste nos permite recuperar toda la energía que se le cede hoy al Brasil y así se ha cumplido sin ningún inconveniente en los últimos 27 años, en el caso del contrato con Río Tinto, el Paraguay JAMÁS podrá recuperar las más de 2 (dos) unidades generadoras de Itaipú (1.600 MW), en caso de que se firme el más que leonino contrato con tal multinacional.

Como pueblo paraguayo –donde radica la soberanía nacional– debemos crear conciencia y movilizarnos para impedir que se perpetre el contrato con Río Tinto Alcán, mucho peor que lo que fue el Tratado de Itaipú firmado en 1973 por el dictador Alfredo Stroessner.

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